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Consumo

Ocho pueblos andaluces incumplen las normas de tratamiento de aguas residuales

La justicia europea multa con 12 millones de euros a España por varias ciudades que no se ajustan a la normativa comunitaria

Imagen de archivo de 2008 de un vertido de aguas residuales en una playa de Almería ABC

ABC

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha condenado a España a pagar una suma de 12 millones de euros por incumplir las normas europeas sobre tratamiento de aguas residuales urbanas e impondrá una multa coercitiva de 11 millones de euros por cada semestre que persista el incumplimiento a partir de este miércoles, 25 de julio.

Entre las ciudades o urbanizaciones infractoras señaladas por Bruselas figuran ocho andaluzas : Matalascañas e Isla Cristina en la provincia de Huelva; Alhaurín el Grande, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara y Nerja en la provincia de Málaga; y Tarifa y Barbate en la provincia de Cádiz.

El caso se remonta a 2010, cuando la Comisión Europea llevó al Estado ante la Justicia europea tras haber comprobado que varias aglomeraciones urbanas con más de 15.000 habitantes no disponían ni de sistemas colectores ni de sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas . El TUE confirmó el incumplimiento en una sentencia dictada en abril de 2011.

El Ejecutivo comunitario denunció de nuevo a España el año pasado porque el Estado seguía sin cumplir la sentencia en 17 aglomeraciones y solicitó una multa coercitiva de 171.217 euros por cada día de retraso y una suma a tanto alzado de 19.303 euros por cada día transcurrido entre la fecha de la sentencia de 2011 y su plena ejecución.

En la sentencia de este miércoles, el TUE declara que España no ha cumplido su obligación de acatar la sentencia de 2011 porque al finalizar el plazo fijado por la Comisión Europea para su ejecución (31 de julio de 2013), las 17 aglomeraciones seguían sin disponer de sistemas colectores y de tratamiento de aguas residuales urbanas.

El tribunal de Luxemburgo ha argumentado que la inexistencia de sistemas colectores o de tratamiento de aguas residuales pueden perjudicar el medio ambiente y deben considerarse «incumplimientos graves». Además, ha subrayado que, a pesar de los esfuerzos significativos de España, el carácter especialmente prolongado de la infracción constituye una circunstancia agravante.

Entre estos esfuerzos podría situarse el de la nueva depuradora de Tarifa , uno de los pueblos afectados por la sanción. El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, hizo entrega de la misma al Consistorio tarifeño el pasado 19 de julio.

Fiscal recordó que también se ha finalizado la obra de la depuradora de Bornos y se están ejecutando obras en Villamartín y Arcos de la Frontera, a las que se unen actuaciones en materia de abastecimiento en otras localidades como El Puerto de Santa María y La Línea de la Concepción. Por otro lado, ha apuntado que se encuentran en distintas fases de su tramitación proyectos para depuradoras en Puerto Real, Chiclana, San José del Valle, Grazalema, Setenil, Jerez de la Frontera, Jédula, Trebujena.

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