La oposición estudia triplicar el dinero de la Atención Temprana para niños con trastornos

Dos horas duró la reunión que tuvo la Plataforma de Atención Temprana con todos los grupos de la oposición en el Parlamento esta semana para cambiar el actual decreto por una nueva normativa con rango de ley nacida del consenso y con carácter permanente. En el borrador de ley de 19 páginas que entregó el presidente de la plataforma, Antonio Guerrero, incluía una memoria económica en la que se calculaba un coste de 81 millones de euros al año para los cerca de 30.000 niños que presentan de cero a seis años trastornos en su desarrollo. El decreto actual prevé que se llegue a los 33 a finales de 2019, catorce anuales. Todos los grupos de la oposición –PP, Podemos, Ciudadanos e IU–, han acogido con «mucho interés», según Antonio Guerrero, el borrador de la nueva proposición de ley y se han fijado un nuevo encuentro el próximo 5 de octubre para «ir progresando». Al PSOE también se le mandó la convocatoria a esta reunión y todos los documentos pero ni siquiera contestaron, apuntan desde la plataforma .

A dicha reunión asistieron los representantes designados por los partidos para constituir esta mesa de trabajo, que como adelantó este periódico son: Ana Vanessa García, por el PP; Inmaculada Nieto, por IU; Esperanza Gómez, por Podemos; y Marta Bosquet, por Ciudadanos.

Antonio Guerrero subrayó que en este segundo encuentro «han dejado muy claro» que ni en su propuesta actual ni en la anterior «ha tenido nada que ver Podemos», sino que la misma «es fruto del trabajo de un grupo importante de profesionales muy cualificados de la plataforma». A todos los grupos se les entregó un dossier «muy completo» del borrador de la proposición de ley, que «se ha mejorado» y que todos «han recibido con muy buena disposición para trabajar», en palabras del presidente de la plataforma.

Entre estas mejoras, Guerrero destacó que «el seguimiento de la historia del menor lo va a acompañar durante toda su vida», de forma que el departamento del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que lleva la atención temprana «podrá incorporar en su base de datos la evolución de los menores en los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) y colegios para que se tenga una visión global de cómo se comporta el niño, e inmediatamente los avances médicos que lleguen a estos departamentos se hagan llegar donde haga falta».

Además, Guerrero explicó que la otra novedad respecto a la primera propuesta de ley es que «se ha trabajado mucho para que no se quede fuera ningún niño por falta de control», por lo que hay tres vías de acceso: familia normal que lleva al niño a la escuela y al médico y entraría vía pediatra; familia que no lleva al niño al médico pero si al colegio y si se detecta algo se activa un protocolo de actuación; y familias de barrios marginales que no llevan a los niños ni al colegio ni al médico pero sí tienen contacto con Asuntos Sociales para temas de bolsas de alimentos. Se piensa sobre todo en familias gitanas marginales en este último caso.

En cuanto a la memoria económica, Guerrero precisó que «ningún grupo se ha llevado las manos a la cabeza» y señaló que «si hay que dar un plazo de dos, tres o cuatro años para que poco a poco se vayan dotando presupuestariamente, habrá que hacerlo». «Nuestro presupuesto sale a 3.200 euros año-niño, mientras que comunidades como Cataluña, el País Vasco o Aragón dispone de más de 6.000 euros por niño», concluyó.