Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el juicio del caso ERE. En segunda fila, Guerrero
Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el juicio del caso ERE. En segunda fila, Guerrero - EFE
CASO ERE ANDALUCÍA

¿Pacto de no agresión entre los acusados en el juicio del caso ERE de Andalucía?

Guerrero desactiva sus ataques a la cúpula de la Junta y otros acusados evitan cargar las tintas contra el exdirector

SEVILLAActualizado:

Desde aquella fría jornada del 21 de diciembre de 2010 en la que Francisco Javier Guerrero puso a funcionar a toda velocidad el ventilador del fraude de los ERE, muchas cosas han cambiado. Y no sólo su situación procesal, que ha empeorado de la misma forma que lo ha hecho la de los 21 ex altos cargos que le acompañan en el banquillo de los acusados en el primer juicio del caso, entre ellos los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Guerrero ha cambiado las lanzas por las cañas. El acusado sobre el que giraron los goznes de la causa de los ERE cuando Mercedes Alaya comenzó a investigar las prejubilaciones trucadas ha dejado de disparar contra todos. Ahora afirma que «los gobiernos de la Junta han sido honestos en su trabajo y conscientes de la realidad andaluza».

El principal procesado evita cualquier mención que pueda incriminar a sus antiguos jefes en la Junta. De confesar a la Policía, con natural desahogo, que sus superiores jerárquicos pusieron en sus manos «un fondo de reptiles para crisis», ha pasado a renegar de casi todo lo dicho antes. Del fondo de reptiles y hasta de los intrusos, que son «personas privadas del derecho al trabajo». Como oyen.

Con el ventilador del exdirector general de Trabajo en la Junta de Andalucía (1999/2008) guardado en el cuarto trastero, el proceso avanza con la calma de una balsa de aceite, como si el guion estuviera escrito de antemano y nadie se sale de él. No es ningún secreto que las defensas se han reunido varias veces, antes y durante el juicio, para aunar estrategias, por ejemplo, a la hora de plantear sus cuestiones previas.

Los mensajes de los tres primeros acusados que han declarado en el juicio también están unidos por el mismo hilo argumental. Han girado sobre dos ideas: que el sistema de ayudas no tenía ninguna tacha de ilegalidad aparente, aunque distintos jueces hayan aseverado lo contrario. Además, han coindicido en que era un instrumento «ágil» para acolchar el «drama» de los despidos en una «época convulsa» marcada por el cierre de empresas. Hoy declarará la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez.

Dentro y fuera de la sala de vista, hay complicidades mutuas y el juicio avanza como una balsa de aceite

La pregunta que todo el mundo se hace es por qué Guerrero, que se enfrenta a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación, ha dado un brusco giro a su estrategia. Y, sobre todo, qué gana él con apagar el ventilador que ha tenido funcionando durante toda la instrucción, a través de seis declaraciones distintas.

Para responder a esta pregunta hay que fijarse en la intervención de quien había sido su jefe durante los cuatro años que estuvo al frente de la Consejería de Empleo (2000/2004). José Antonio Viera exculpó a Guerrero de muchos de los desmanes que se le imputan asegurando que no se le «pasaba por la cabeza» que ningún dirigente tratase de vulnerar a conciencia la legalidad y que su subordinado cuando adoptaba una decisión lo hacía «con el apoyo de sus técnicos».

Atentos al matiz: si algo estaba mal hecho en el ERE de Santana, donde la Junta enterró 68 millones de euros del llamado «fondo de reptiles», no fue culpa de su subordinado sino, en todo caso, de los empleados que tenía a su cargo, que preparaban los convenios que éste firmaba para pagar las ayudas a través de un órgano externo a la Consejería de Empleo, la agencia IDEA.

Este sistema se instauró el 17 de julio de 2001 mediante un convenio marco que rubricaron Viera y su entonces viceconsejero Antonio Fernández. La agilidad con la que se daban las ayudas se consiguió a costa de eliminar controles administrativos. El deterioro en los expedientes fuera inmediato. Los beneficiarios de subvenciones comenzaron a elegirse de forma caprichosa, ya fuera por un interés electoral o por lazos de amistad o familiar. Guerrero financió la póliza irregular de su suegra.

Complicidades mutuas

Dentro y fuera de la sala de vistas de la Audiencia de Sevilla donde se celebra el macrojuicio de los ERE, flota en el ambiente una red de complicidades mutuas, visible en las palabras y en los gestos. Durante el receso que hizo el tribunal antes de que Guerrero empezara a contestar a su abogado, las primeras personas con las que éste intercambió impresiones nada más levantarse de la silla fueron Chaves y Griñan.

De ser catalogado como «un golfo» o «un caradura» cuando altos cargos del Gobierno andaluz apuntaron sus «cañones» hacia él para exculparse, Guerrero ha pasado a ser considerado casi como «uno de los nuestros». A los gestos de aprobación de algunas defensas tras escucharlo ante el tribunal, se unen los afectuosos saludos en la antesala del juicio que le dedican otros antiguos ex miembros honorables del Ejecutivo socialista que hasta hace pocos meses habrían puesto los pies en polvorosa nada más verlo para no cruzarse con él.

En una Administración tan compleja como la Junta nadie puede manejar tanto dinero (647 millones) durante tanto tiempo a espaldas de todo el mundo. La prueba es que poco después de que Chaves recibiera en 2004 una carta de trabajadores de la factoría cordobesa de Bilore en la que le pedían que intercediera para evitar sus despidos, Guerrero recibió un fax de la Consejería de Presidencia en el que se le instaba a «encauzar la problemática» ante la visita que en «fecha próxima» tenía previsto realizar Chaves a Lucena, donde se ubicaba la fábrica.

Después de haber recibido esta «directriz por escrito», Guerrero entregó 1,16 millones de euros a seis antiguos empleados de la desaparecida empresa de detergente. El sistema no sólo se lo permitía sino que sacó provecho de ello.