Pedro Sánchez desoye las reclamaciones de Andalucía mientras da preferencia a Cataluña

El presidente andaluz, Juanma Moreno , iba a plantear todas estas reclamaciones en la conferencia de presidentes autonómicos que debía de haberse celebrado este viernes en La Palma. La invasión rusa de Ucrania ha obligado al jefe de Gabinete de Pedro Sánchez a cancelar la reunión.

Se trata, en su mayoría, de contenciosos que llevan años coleando como la falta de recursos del Estado para financiar sanidad, educación y políticas sociales de la comunidad autónoma. Otras son demandas sobrevenidas por los estragos sanitarios, económicos y sociales que ha dejado la peor pandemia sufrida en el último siglo. La Junta de Andalucía reclama al Estado un fondo Covid de 1.000 millones de euros para 2022 . Sin este sostén, ha tenido que asumir a pulmón con sus propios recursos las contrataciones de cientos de docentes y profesionales sanitarios de refuerzo.

Pero el principal caballo de batalla es la revisión del actual sistema de financiación autonómica, que expiró a principios de 2014, cuando gobernaba Mariano Rajoy . Desde entonces han sucedido muchas cosas: una moción de censura que derrocó al presidente, cuatro elecciones generales, dos autonómicas y la llegada del PP y Ciudadanos a la Junta de Andalucía de la mano de Vox , merced a una inesperada carambola que puso fin a 37 años de poder ininterrumpido del PSOE.

En materia de financiación, las miradas están puestas en los próximos pasos que dé la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero . Siendo consejera de las finanzas andaluzas reclamó 4.000 millones de euros adicionales al Estado cada año para corregir la falta de recursos. Su demanda concitó un consenso político casi total en el Parlamento andaluz. Con la salvedad de Ciudadanos y la incorporación del PP a última hora, 101 diputados de la Cámara unieron sus votos para exigirle a Rajoy más dinero para los 8,4 millones de andaluces.

Contra todo pronóstico, una moción de censura colocó a Sánchez en el lugar de Rajoy, pero la financiación sigue atascada. La ministra que había reclamado con tanto ahínco que se abordara la reforma aún no se ha sentado a negociarla con las autonomías. Hasta diciembre no remitió a los barones regionales un borrador que revisa el criterio de población ajustada y eleva el peso del gasto sanitario y educativo . La propuesta no satisface a las regiones más perjudicadas: Andalucía, la Comunidad Valenciana y Murcia. Consideran que deja un margen al reparto discrecional de fondos al introducir algunas variables correctoras.

En paralelo, la ministra de Hacienda prepara una reforma fiscal que apuesta por una armonización de los tributos autonómicos. La idea es que las comunidades no puedan bajarlos más allá de un mínimo, ni elevarlos por encima de un tope, a riesgo de ser penalizados. Bajo el foco están los impuestos de sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y patrimonio , que el actual Gobierno andaluz ha bajado. Para regularlo, Montero ha encargado un informe a un comité de expertos. Está por ver cómo se plasma la citada armonización sobre el papel, aunque en la Junta temen que persiga revertir las sucesivas rebajas fiscales aprobadas por el equipo de Juanma Moreno desde 2019.

El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos también ha hecho oídos sordos a su petición para que se establezca un fondo transitorio para compensar a las autonomías peor financiadas hasta que el nuevo modelo entre en vigor. Durante el Pleno del Parlamento celebrado el pasado miércoles, Moreno lamentaba que el modelo actual hace perder 4 millones de euros de euros diarios a la comunidad y le reprochaba al PSOE andaluz su «silencio cómplice» sobre el fondo de compensación, que desde su propio partido defiende el mandatario valenciano, Ximo Puig .

El Gobierno replica que Andalucía ha recibido 2.357,5 millones de euros del fondo extraordinario destinado a amortiguar los efectos de la crisis del Covid en las autonomías. Además, según el delegado del Ejecutivo central en Andalucía, Pedro Fernández , «se ha cumplido el Estatuto de Autonomía de Andalucía, lo que no sucedía con los gobiernos del PP y en 2022 la inversión prevista asciende a 2.267 millones», el 17,4% de la tarta nacional . Se acerca al 17,8% que marca el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

A principios de septiembre, el presidente andaluz solicitó por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la celebración de una mesa bilateral para abordar distintas demandas de la comunidad. «Si hay una mesa bilateral con Cataluña , Andalucía quiere una mesa bilateral», se justificó. Mientras el Ejecutivo catalán, gobernado por ERC (socio de investidura de Sánchez), se reunió el 18 de febrero con los miembros del Gobierno para avanzar en el traspaso de competencias estatales, el Gabinete de Sánchez todavía no ha hecho un hueco en su agenda para activar la comisión bilateral Junta de Andalucía-Estado, prevista en el Estatuto autonómico. Estos desaires espolean el discurso del agravio con Andalucía, que tampoco es un descubrimiento de la actual Junta. Los próceres autonómicos de PSOE elevaban el nivel de exigencias al Gobierno cuando los que mandaban en Madrid no militaban en su mismo partido.

El reparto del dinero ha sido una china en el zapato en las relaciones Junta-Gobierno. Con los fondos europeos Next Generation se han encendido de nuevo las luces rojas por la supuesta opacidad y arbitrariedad en los criterios de distribución. El Estado ha transferido a la Junta 1.916 millones de euros, de los 2.117 millones asignados a Andalucía de fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación. Las ayudas van encaminadas a empujar la ola de la transformación ecológica y digital de las empresas tras la pandemia. El Ejecutivo regional rechaza el papel de «meros gestores administrativos» que ha asignado el Estado a las regiones y ayuntamientos. «No tenemos capacidad para hacer nada, las convocatorias vienen marcadas por el Estado», se ha quejado amargamente el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayus o (PP), ha llevado a los tribunales la concesión directa de 9 millones de euros de los fondos europeos al País Vasco, Navarra, Extremadura y Comunidad Valenciana . Andalucía, aunque se ha mostrado disconforme con esta medida, no ha presentado recurso.

La riada de miles de millones de Bruselas contrasta con la carencia de agua caída del cielo. En el conjunto del país ha llovido solo una cuarta parte de lo normal. Si la situación no cambia, habrá restricciones desde primavera. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende del Estado, ha declarado la situación excepcional por sequía en esta cuenca, mientras la Junta aprobó un decreto en junio que contemplaba obras hidráulicas excepcionales en las demarcaciones de su competencia. Algunas medidas no están en su mano, como la bonificación fiscal del uso de las aguas desaladas para los regantes, que la Consejería de Agricultura ha solicitado al Gobierno.

Moreno iba a requerir a Sánchez la convocatoria de la Mesa Nacional de la Sequía. « ¿A qué están esperando? », se preguntaba este miércoles en el Parlamento. Esta vez no tendrá que esperar mucho tiempo. El ministro de Agricultura, Luis Planas, anunció ayer que la reunión se celebrará el próximo 4 de marzo.