Agentes de la Guardia Civil en el registro de la sede de UGT Andalucía en Sevilla
Agentes de la Guardia Civil en el registro de la sede de UGT Andalucía en Sevilla - Juan Flores
Corrupción

El perito se ratifica: UGT empleó dinero de la formación para la electricidad o los sueldos

Ante el juez instructor, el perito de la Junta insiste en que la organización sindical usó de forma irregular más de 40 millones en subvenciones

SevillaActualizado:

El perito Luis Ayala Gallo ha comparecido este martes en el Juzgado de Instrucción número nueve de Sevilla para ratificar su informe en el que señala que la federación andaluza de UGT empleó de formairregular más de 40,3 millones de euros en subvenciones concedidas por el Gobierno andaluz entre los años 2009 y 2011 para financiar cursos destinados principalmente a formar a los desempleados andaluces. En concreto, según ha indicado hoy, usó este dinero para gastos estructurales del sindicato como alquileres o el pago de la electricidad.

Ayala Gallo, que es interventor de la Junta de Andalucía, cifra en más de 40 millones de euros la cuantía total imputada a ayudas «no subvencionables», después de analizar 14 expedientes a través de otros tantos informes entregados al juez que investiga un supuesto desvío millonario de subvenciones. En un primer estudio de once ayudas entregado al juez el pasado verano, el perito cuantificó en 5,3 millones el dinero supuestamente endosado a actividades no subvencionables. Pero el análisis de otros catorce expedientes eleva exponencialmente el tamaño del agujero que habría dejado UGT en las arcas autonómicas.

Este martes estaba citado ante el juez instructor para ratificar su informe y así lo ha hecho, según han señalado a ABC fuentes del caso. De otro lado, ha manifestado que la organización sindical empleó dinero de la formación para gastos de estructura como el pago de la electricidad, sueldos, material, autobuses o alquileres.

Aunque ha reconocido el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) de Andalucía llevó a cabo todas los cursos formativos, ha señalado que el sindicato ni vigilaba ni realizó tutorías al respecto.

Una de las herramientas usadas por la organización sindical para que se dieran las irregularidades era el llamado rappel, descuento que aplicaban los proveedores habituales a UGT-A en los servicios que contrataba con dinero de la Junta. Estas rebajas no se reflejaban en las facturas que presentaban ante la Administración.

De otro lado, se encuentra el «bote» instaurado por el sindicato en su contabilidad para ingresar el dinero de las facturas infladas pactadas con sus proveedores de confianza.

Por contra, fuentes consultadas por ABC han indicado que el perito ha indicado que éstos no son mecanismos defraudatorios, apuntando a irregularidades administrativas más que a un fraude.

La Unión General de Trabajadores de Andalucía recibió más de 102 millones de euros a través de 32 subvenciones durante tres años que están bajo sospecha del juez.

La investigación judicial que comenzó en 2013 llevaba más de dos años paralizada, a la espera de estos informes periciales incorporados al sumario de las supuestas facturas falsas de UGT-A. El caso acumula 18 investigados, entre ellos los anteriores secretarios generales del sindicato, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Fresneda. Ahora, el juez, a la espera de las últimas declaraciones, tendrá que dictar auto de procedimiento abreviado, que las partes confían que sea antes de verano.

Desvío de fondos

En sus informes, el perito descubre distintas fórmulas para desviar fondos públicos. UGT-A utilizó una red de empresas y fundaciones, al frente de las cuales figuraban sus dirigentes, a las que facturaba por sistema servicios con los que justificaba las ayudas millonarias que recibía de la Junta para luchar contra el paro, algunas de las cuales derivan de los acuerdos de concertación social.

El experto detecta como gastos no subvencionables facturas emitidas por las empresas Soralpe I+D Asociados S.L. y el IFES de Andalucía en concepto de alquiler de aulas o material para los cursos. IFES tuvo en nómina como auxiliar administrativo a José María Moriche, marido de Susana Díaz cuando ésta era secretaria general del PSOE de Sevilla, a quien la expresidenta de la Junta de Andalucía definió como un «tieso» durante su comparecencia en la comisión de investigación del fraude de la formación en mayo de 2016.

Al expediente 98/2009/M/2111, que corresponde con una ayuda de 2,89 millones para la realización de 88 cursos, se imputaron seis nóminas de Moriche. El perito cifra en 510.163 euros el dinero empleado de forma irregular y detecta el endoso de nóminas «de lo que parece personal de la propia UGT Andalucía». El experto considera que «no se infiere razón o motivo que justifique la inclusión de esos gastos entre los subvencionables».

En sus informes, el perito advierte que «al ser entidades vinculadas entre sí se da la paradoja de que UGT-A paga a IFES en virtud del contrato para la actividad subvencionad por el alquiler de locales o instalaciones que tiene cedidas Soralpe, por lo que se crea una situación artificial que incrementa el coste de la actividad subvencionada». La Guardia Civil detectó facturas emitidas por la prestación de servicios genéricos o ficticios que servían para justificar las ayudas. El perito encuentra costes duplicados de docentes y publicidad.