Personal de Empleo admitió haber destruido documentos en domingo
Manuel Recio, consejero de Empleo - ep

Personal de Empleo admitió haber destruido documentos en domingo

La Guardia Civil investiga si se crearon nuevos papeles ex profeso sobre los ERE

c. morcillo/m. benítez
madrid/sevilla Actualizado:

La Guardia Civil investiga desde hace meses la supuesta destrucción de documentos que evidenciarían el fraude de los ERE falsos en la Junta de Andalucía y la creación de nuevos papeles para justificar determinadas actuaciones, según ha podido saber ABC. Los investigadores tienen constancia antes de la confesión de Guerrero, de que varios altos cargos del Gobierno andaluz, vinculados a la Consejería de Empleo, ordenaron a «funcionarios de confianza» que trituraran pruebas. No fue un día cualquiera, sino que esa maniobra se habría realizado un fin de semana de principios del año pasado, en concreto un domingo, para evitar que todo el personal habitual estuviera en sus despachos y en dependencias oficiales de la Junta.

El día «D», el marcado para llevar a cabo esa maniobra de obstrucción a la Justicia, tuvo lugar poco después de que la juez instructora, Mercedes Alaya, solicitara documentación al Gobierno, a primeros de 2011. Ante esa «contrariedad» algunos de los supuestos implicados habrían decidido eliminar pruebas.

Testimonios incipientes

Los investigadores han recabado información en los últimos meses sobre lo ocurrido ese día y han aportado a la juez los indicios de que se produjo la maniobra: petición de ayudas que no fueron cursadas en tiempo, documentación creada para sustentar determinadas actuaciones y un largo etcétera. La Junta de Andalucía entregó un dossier completo de información, pero se «colaron» algunas irregularidades entre los papeles, que han sido detectadas.

Existía la sospecha, avalada por algunos testimonios que aún no constan en la instrucción, pero no la confirmación porque los agentes preferían mantener en secreto esa parte de sus pesquisas, conscientes de la dificultad probatoria. El pasado jueves fue uno de los imputados, el propio ex director de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, quien les aportó más luz cuando le tomaron declaración en la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, tal y como avanzó ayer ABC.

Guerrero declaró que tenía «conocimiento (por funcionarios que no quiere identificar) de que se han destruido documentos a partir de que surge el escándalo de los ERE fraudulentos en Mercasevilla». Por supuesto, el ex alto cargó situó esta eliminación de pruebas después de su salida del Gobierno andaluz y negó tener cualquier relación con la «trituradora». Dado el grado de implicación que se le presupone a Guerrero, el testimonio en lo que se refiere a esa destrucción de pruebas hay que tomarlo con cautela, según las fuentes consultadas, porque podría ser una maniobra de defensa para autoexculparse. Como se informó, Guerrero situó en la trama a varios exconsejeros de la Junta de Andalucía.

De momento solo existe el foco de la sospecha, pero no la certeza

La supuesta eliminación de documentos comprometedores se produjo no sólo porque la juez había pedido numerosa información, sino porque los responsables de velar por que las ayudas fueran limpias sabían, al menos desde mayo de 2009, lo que estaba ocurriendo. Así consta en un documento intervenido en uno de los registros, que también está en poder judicial, y que coloca en una difícil tesitura a algunos de los imputados y a otras personas sobre las que de momento solo existe el foco de la sospecha, pero no la certeza.

Los responsables del caso, con la juez Alaya al frente, confían en que habrá más testimonios que corroboren la denuncia de Francisco Javier Guerrero sobre la destrucción de pruebas y las informaciones propias que ya existían, dada la dificultad de lograr a estas alturas nuevos elementos probatorios.

Rivera recurrirá

Ayer se pronunciaba por primera vez después de ser imputado fue el actual director de Trabajo, Daniel Rivera, quien anunció su intención de recurrir el auto en el que la juez le imputa y mostró su agradecimiento al apoyo que le ha dado el Gobierno, tanto el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, como el consejero de Empleo, Manuel Recio.

El imputado se defendió asegurando que no tiene nada que ocultar y acusando al Partido Popular de intentar sacar rédito electoral del caso y diciendo que no sólo no tiene nada que ocultar sino que ha colaborado «de manera diligente con la Justicia».

Según Rivera, desde que llegó en abril de 2011 se ha centrado en aclarar cualquier irregularidad administrativa en el seno de la Consejería e insistió en que desde que abrió la investigación se han detectado los intrusos e irregularidades en la ayudas a trabajadores.

También dijo que desde que él se hizo cargo de la Dirección General se ha revisado el procedimiento de concesión de ayudas y mejorado la tramitación administrativa y el control de la aplicación de los recursos públicos. «Somos los primeros interesados en que se aclare todo», decía Rivera en su defensa. Además Alberto Rivera destacó que se ha iniciado el proceso de reintegro de cantidades cobradas indebidamente con cargo al erario público. Sin embargo, de esas cantidades so licitadas por la Junta de Andalucía, no se ha recobrado ni un euro, según admitía el propio consejero el pasado sábado.