Bendodo, Marín y Moreno en un pleno del Parlamento andaluz
Bendodo, Marín y Moreno en un pleno del Parlamento andaluz - EFE
Primeras medidas

El «plan de choque» de la nueva Junta, la solución del Gobierno andaluz

El Ejecutivo ha anunciado hasta ocho propuestas para resolver los problemas en sanidad, dependencia, de agua y urbanísticos

SevillaActualizado:

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, suele decir que su quehacer diario se centra en resolver problemas que, generalmente, son graves y se van multiplicando a lo largo del día. Un mensaje que repiten de manera similar en todos los departamentos de la Junta porque, aseguran, los consejeros buscan desbrozar la maleza que se han encontrado para poder centrarse en la gestión y mirar al futuro. Y parece el Gobierno andaluz ha encontrado la fórmula para cerrar la etapa anterior: los planes de choque. Hasta ocho han anunciado en los más diversos ámbitos, desde el sanitario hasta que el va a invertir los fondos europeos o a gestionar las ayudas al alquiler. Este Jueves Santo sin ir más lejos se dio a conocer el del PGOU que se da en una pieza aparte de internet. Lo cierto es que de estos ocho planes de choque tan sólo dos tienen consignación presupuestaria por el momento. El destinado a descongestionar las listas de espera sanitarias, que tiene 25,5 millones de euros disponibles; y el de la Dependencia que cuenta con 77 millones de euros.

Espera sanitaria: Atención a 30.348 pacientes

El primer plan de choque que se ha anunciado es el que pretende descongestionar las listas de espera sanitarias. Hay 843.538 andaluces que están en las listas de espera bien para una consulta con un especialista, bien para una operación quirúrgica. Concretamente, hay 158.015 pacientes esperando para operarse, mientras que el anterior Ejecutivo reconocía 71.868 personas en esta situación.

A estos pacientes hay que sumar otras 685.523 personas que están pendientes de la atención de un médico especialista. Esto supone que hay 500.000 andaluces más esperando y que no se habían contabilizado hasta la fecha.

El Gobierno andaluz anunció un plan de choque para atender antes de que finalice este año a 30.348 pacientes que llevan más de un año esperando para ser operados (exactamente 18.592 personas) o que tienen patologías que estaban incluidas en el decreto de garantías (operaciones con una espera máxima de 90 o de 180 días) y sus plazos no se han cumplido.

Para agilizar las listas de espera, la Junta ha consignado 25,5 millones de euros que se gastarán en abrir los quirófanos por las tardes y los sábados, además de abonar las horas extraordinarias a los profesionales. En este capítulo están, precisamente, las principales novedades. Porque el SAS pagará a los equipos por acto médico y no por horas extraordinarias como sucedía hasta la fecha. Estos incentivos varían dependiendo de la complejidad de la operación. Así, un acto quirúrgico complejo (como una operación cardíaca o de rodilla) costará al SAS 1.500 euros que recibirán los miembros del equipo sanitario que puede estar compuesto por tres, cuatro o cinco profesionales. En el otro extremo de la tabla se sitúan las intervenciones más pequeñas, como la eliminación de verrugas, que se pagará a 40 euros. En general, el SAS calcula que la media de estas operaciones estará en torno a 700 euros. La Consejería de Salud considera que esto supondrá un importante incentivo económico para los profesionales ya que hasta ahora los médicos cobraban unos 250 euros por cuatro horas de trabajo extra.

La Dependencia: Casi 80 millones extraordinarios

A la polémica por la lista de espera sanitaria se unió la ocultación de 34.500 andaluces que habían iniciado los trámites ante la administración regional pero todavía ni siquiera han sido valorados por los técnicos para determinar qué grado de dependencia tienen y las ayudas que les corresponden. De los que sí están oficialmente en las listas de espera para recibir una prestación —y que son 109.470 personas— hay 8.196 grandes dependientes que no están siendo atendidos.

Para reducir esta lista, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha consignado 77 millones que servirán para unificar los trámites administrativos (antes había dos y se van a quedar sólo en uno).

Cuidados paliativos: Una promesa

El presidente de la Junta ha anunciado que está trabajando en un plan para mejorar y extender los programas de cuidados paliativos para que lleguen a todos los rincones de Andalucía y sean operativos tanto en la edad adulta como en la pediátrica, «que es fundamental» para el presidente. Por el momento, no es más que un anuncio y no hay ninguna concreción que se hizo, además, a vueltas con la polémica por el suicidio asistido de María José Carrasco a manos de su marido y la apertura del debate sobre la eutanasia.

Sentencias judiciales: Pago de 762 millones de euros

El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, ha afirmado públicamente que la Junta de Andalucía va a «tener que poner en marcha un plan de choque» para hacer frente a los pagos de las condenas por sentencias judiciales a la administración, ya que no hay fondos disponibles para hacer frente a las responsabilidades que reclaman desde los juzgados y que ascienden a 762 millones de euros. Una cantidad que, además, podría aumentar ya que el Gobierno está a la espera de conocer nuevas condenas.

Fondos Europeos: Gasto inminente

El Gobierno andaluz tiene que gastar 6.000 millones de euros en un plazo máximo de cinco años si la Unión Europea le concede la prórroga que han pedido para ello. Los distintos fondos europeos habían concedido hasta 8.015 millones de euros en el programa operativo 2014-2020 y quedan pendientes de invertir seis mil millones.

La Consejería de Economía ha puesto en marcha un plan de choque para redistribuir estos fondos en programas en los que sea más fácil gastarlos cumpliendo con los requisitos de Europa. Además, está elaborando una guía para que todas las consejerías agilicen estos trámites.

Canon del agua: 400 millones en tres años

El Gobierno andaluz recaudó 730 millones de euros entre los años 2011 y 2018 por el llamado canon del agua, un impuesto que todos los usuarios pagan en su factura y que sólo puede destinarse a depuración. Hay pendientes de ejecutar 511 millones de euros y se ha diseñado un plan para gastar 400 millones en obras hidráulicas hasta el año 2022 priorizando las más urgentes.