Las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y Administraciones Públicas, Merixel Batet
Las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y Administraciones Públicas, Merixel Batet - ABC
POLÍTICA

La primera cumbre económica de Pedro Sánchez ignora las demandas de Andalucía

El Consejo de Política Fiscal y Financiera sólo crea otro grupo de trabajo sobre el nuevo modelo de financiación autonómica

SevillaActualizado:

Hay preocupación, y seria, por la reunión que el próximo lunes va a mantener Susana Díaz con Pedro Sánchez en la Moncloa. Porque son muchos los asuntos que están sobre la mesa y pocas las expectativas de éxito que se vislumbran. Y la prueba de ello es la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano de diálogo entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, que se celebró ayer y que dejó completamente a un lado las demandas y exigencias planteadas por el Gobierno andaluz.

Cuando Susana Díaz acudió a la Moncloa a reunirse con Rajoy, el pasado mes de abril, la presidenta volvió a Andalucía con un triunfo en la mano: el compromiso del entonces presidente de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar el nuevo modelo de financiación antes del final del mes de mayo. El mandato de Rajoy terminó con la moción de censura y el Gobierno andaluz lleva insistiendo desde entonces en la necesidad de abordar este asunto, «Andalucía no puede esperar ni un día más», había sido, hasta entonces, la frase más pronunciada.

Sin resultados

Ahora, con la exconsejera de Hacienda elevada al cargo de ministra del ramo había grandes esperanzas. Y fue un respiro que se convocase este órgano antes, además, del encuentro entre ambos presidentes. Pero los resultados de esta cumbre económica, la primera además de Pedro Sánchez en la Moncloa, no han sido muy beneficiosos para el Gobierno andaluz.

En primer lugar, la financiación autonómica ha quedado aparcada. La ministra María Jesús Montero, que conoce al dedillo las demandas andaluzas, ha optado por la creación de un grupo de trabajo —sería el segundo en esta materia ya que el primero presentó sus conclusiones hace justo un año— para determinar cuál es el coste real de los servicios públicos en los distintos territorios de España.

El Ministerio de Hacienda pretende así terminar con las habituales disputas territoriales en las que Andalucía pide calcular el dinero de la financiación por la población ajustada, y Galicia, Asturias o Cantabria demandan que se tenga en cuenta la dispersión de la población o la orografía del territorio. Así, en este grupo de trabajo, compuesto por los directores generales de Tributos de todas las comunidades autónomas, se pretende averiguar cuánto más caro sale la educación de un menor en Cantabria que en Andalucía, por ejemplo.

También iniciará los trabajos sobre los tributos cedidos a las comunidades, si bien no está claro que el objetivo final de este foro de trabajo sea la armonización fiscal de todas las comunidades autónomas, un principio que sí se defiende desde Andalucía.

Defensa de la igualdad

Claro que, en el fondo, este grupo, no es más que una dilación temporal del problema real porque el nuevo modelo de financiación permanece aparcado sine die. A pesar de esta realidad, el actual consejero de Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, mantiene su discurso e insiste en que defenderá una reforma del modelo de financiación. De hecho, así lo hizo en su intervención en la reunión de ayer por la tarde.

Ramírez de Arellano abogó por una financiación que garantice la igualdad entre todos los ciudadanos del país, un argumento que repite insistentemente Susana Díaz y que será una de las principales líneas argumentales en su encuentro con Pedro Sánchez.

El consejero de Hacienda también dejó claro que Andalucía no está dispuesta a admitir negociaciones bilaterales entre el Gobierno y las comunidades para reformar el modelo de financiación. «Es responsabilidad de todos y los recursos deben garantizar la igualdad en todo el país, de manera que todo el mundo debe estar sentado en la misma mesa para negociar».

Además, el consejero de Hacienda también defendió el acuerdo del Parlamento de Andalucía que reclama una reforma urgente con un amplísimo consenso político.

Más gasto

Lo único tangible por el momento son las dos décimas más de gasto que se han permitido a las comunidades autónomas y que, en el caso de Andalucía, suponen 340 millones de euros más de gasto para el presupuesto 2019, sobre un total de 2.500 millones de euros para todas las autonomías. Así, la comunidad tendrá que cumplir un objetivo de déficit del 0,3 y no del 0,1 que estaba previsto inicialmente.

Una «medida de alivio» en palabras del propio Ramírez de Arellano que sólo sirven para alcanzar «una cantidad que permita elaborar un presupuesto de 2019 en Andalucía interesante», pero que «no es lo que quiere la Junta». Porque por el momento no hay ni rastro de los 4.000 millones de euros adicionales cada año que, según el Gobierno andaluz, necesita Andalucía para la prestación de los servicios públicos.

La propuesta salió adelante gracias a los votos del Gobierno y siete comunidades autónomas entre ellas Andalucía que mostró así su apoyo a María Jesús Montero en su primer envite serio desde el Ministerio de Hacienda. Por cierto que no fue igual de leal la comunidad de Valencia que optó por la abstención.

Los intereses de Andalucía

El Gobierno andaluz tenía también ayer otro frente abierto, si bien en el Parlamento regional. En ausencia de la presidenta —que estaba con los Reyes en Bailén—, el vicepresidente fue el encargado de defender la postura oficial del Ejecutivo. «Seguiremos defendiendo con ahínco los intereses andaluces aunque en la La Moncloa haya un Gobierno amigo», dijo Manuel Jiménez Barrios en la Cámara.

Pero la portavoz del PP no dejó pasar la ocasión de azuzar los fantasmas del PSOE andaluz con respecto al encuentro con Pedro Sánchez. La portavoz parlamentaria, Carmen Crespo, aseguró ayer que Pedro Sánchez «no dará nada a la presidenta Susana Díaz puesto que nada le debe. Hasta ahora, Pedro Sánchez ha tenido encuentros bilaterales de pago y cobro con los presidentes autonómicos».