Los proyectos con fondos de la UE que la Junta de Andalucía mandó a Moncloa están en el limbo

El papel de las administraciones regionales será esencial en la gestión del dinero y en la fiscalización de las ayudas , pero el Ejecutivo de PSOE y Podemos ha creado un sistema de decisión muy centralizado que margina a las autonomías en la definición de qué proyectos y empresas serán las receptoras de las mismas. Por ello, el documento que elaboró la Junta a fines de 2020 se puede considerar —por el momento— como un catálogo de sugerencias formuladas por Andalucía a la Moncloa, que es donde reside la capacidad casi exclusiva de seleccionar las prioridades. Técnicamente están en el limbo, dado que no existe ninguna fórmula que permita la comunicación directa de proyectos entre las regiones y el Estado, ni que obligue a éste a subordinar una parte del dinero a lo que se decida en ayuntamientos y autonomías.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno de España ya ha remitido a Bruselas contempla la movilización de una inversión pública de 140.000 millones de euros (de los cuáles 70.000 son ayudas a fondo perdido) que deben activar, a su vez, una inversión privada de 500.000 millones. Para gestionar estas ayudas se han contemplado diversos instrumentos, desde la inversión directa del Estado, hasta la firma de convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos, subvenciones directas a empresas o la creación de consorcios público-privados.

La «joya de la corona» del sistema es lo que se denominan Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTEs) , que unen al Gobierno con empresas privadas para acelerar inversiones con gran capacidad para transformar la economía española. El primero de ellos se constituyó en marzo, con Grupo Volkswagen e Iberdrola, para levantar una de las primeras plantas de baterías en Europa. La identificación de los PERTEs depende solo del Gobierno de España. De hecho, el presidente del Gobierno anunció personalmente el primero de ellos en una tribuna de opinión en el diario El País. Habrá nuevos consorcios en sectores como el hidrógeno verde, la industria aerospacial, la agricultura sostenible o el desarrollo de un sistema nacional de salud puntero, y todos ellos serán elegidos y conformados de manera centralizada.

«El papel de las comunidades en los mecanismos de decisión es marginal», indican fuentes del Ejecutivo andaluz. «Si bien se reconoce la importancia de las autonomías en la ejecución y el control de los fondos, la administración regional está completamente ausente de los centros que diseñan y escogen los proyectos», remarcan. El destino de los 70.000 millones se decide en solitario por la Administración General del Estado y «esto se advierte en los mecanismos de gobernanza con los que se articula este plan, donde hay una permanente presencia estatal en las funciones decisorias, quedando relegadas las Comunidades Autónomas a participar en las conferencias sectoriales de cada uno de los ministerios, que han sido convocadas en el mejor de los casos una sola vez durante todo el periodo de elaboración y negociación del plan».

La llegada de los fondos es inminente. En el Presupuesto del Estado se prevé que en el segundo semestre de 2021 haya transferencias por valor de 27.000 millones de euros y a partir de 2022 habrá un calendario semestral hasta completar los 70.000 millones (que tendrán un último pago en 2023). «En líneas generales, no se ha concretado ni sobre qué cauces ni qué importes llegarán a las Comunidades Autónomas».

¿Cómo se dirige el Plan? El principal órgano es la Comisión para la Recuperación y Resiliencia, formado exclusivamente por miembros del Gobierno, y luego hay por debajo un comité técnico y una unidad de seguimiento. En tercera línea, se ha creado una Conferencia Sectorial para coordinar y escuchar a las comunidades autónomas que coordina Hacienda. «Se ha reunido solo dos veces y no ha servido para nada», indican las fuentes consultadas.

¿Cómo pueden entonces las comunidades autónomas hacer llegar sus propuestas al Gobierno? Los ministerios convocan periódicamente lo que se denominan conferencias sectoriales, en los que los ministros se reúnen con los consejeros autonómicos para informar y coordinar políticas concretas (como ayudas para el coche eléctrico o rehabilitación de vivienda en el caso de la energía, mejoras en la red de transportes en Fomento o coordinación de políticas hospitalarias en el ámbito de la Salud). Es en estas conferencias sectoriales de cada uno de los ministerios donde las comunidades deben aportar sus proyectos.

El Gobierno vasco ha sido el más crítico, pues considera que al hacer propuestas ministerio a ministerio «se obliga a trocear proyectos estratégicos que son multisectoriales y plurianuales», según declaró el consejero de Economía, Pedro Azpiazu . Por ello, propondrán al Gobierno que exista una especie de PERTEs regionales, dirigidos a «aprovechar las fortalezas de las comunidades como palancas sobre las cuales impulsar la transformación económica». En general, las comunidades denuncian que se está conociendo «a cuenta gotas» las líneas de inversión y las transferencias le corresponderían a cada uno.

El papel de las comunidades está centrado, por el momento, en la gestión y la fiscalización de los fondos europeos que lleguen a las mismas por decisión del Gobierno de España. La Junta ha aprobado un proyecto de decreto-ley para la agilización administrativa y racionalización de los recursos en el manejo de estas partidas . Entre las novedades que recoge este decreto está la creación de la dirección general de Contratación específica «para el seguimiento y control» en la adjudicación de proyectos financiados con cargo a las ayudas europeas, que está ocupada por Al ejandro Torres, letrado de la Junta . También cuenta con una oficina técnica de contratación y con personal especializado en la gestión de fondos europeos, que tendrá un carácter urgente y prioritario.