Rebelión en Andalucía contra el crecimiento sin control de los huertos solares

Son 24 municipios de Málaga y tres de Cádiz los que han hecho piña con la Diputación Provincial y un puñado de asociaciones de vecinos para evitar la creación de un ‘ mar de placas ’. A la propuesta ya se han sumado asociaciones como la Federación Andaluza de Caz a . Todos contra la instalación de placas solares sin control. La Diputación de Málaga pidió en junio una moratoria al Gobierno central para poder estudiar los proyectos planteados y le exigió que desarrolle una normativa que permita parar estos macroparques.

Entre otros motivos por la lesión que haría al turismo rural, que está al alza en la provincia. «En nuestro caso las placas solares serían las vistas del municipio , que ahora recibe cientos de visitantes por su encanto», señala el alcalde de Gaucín, el popular Pedro Godino.

Temen una industrialización de su patrimonio rural. No es algo que incumba sólo a la provincia de Málaga, sino a toda Andalucía, donde se han registrado 650 solicitudes de campos solares inferiores a 50 megavatios . En Málaga, la más beligerante, hay 750 hectáreas comprometidas. Unos 1.125 campos de fútbol extendidos por Álora, Alozaina, Almogía, Cártama, Casarabonela, Coín, Pizarra, Yunquera, Monda, Tolox, Ojén, Valle de Abdalajís, Carratraca, Cañete la Real, Casares, Gaucín, Teba, Almargen, Málaga capital, Antequera, Archidona, Villanueva de las Algaidas y Cuevas de San Marcos.

En Cádiz se suman a la petición de moratoria Castellar, Jimena de laFrontera y Tesorillo. En realidad, la confrontación a estos proyectos arrancó en Archidona el año pasado cuando sus vecinos demandaron al Ayuntamiento que cancelara el proyecto de un campo solar que partía desde las mismas casas de una de sus pedanías.

Según los datos ofrecidos, en Andalucía se pueden llegar a transformar 50.000 hectáreas de cultivo , que atraerían una inversión de 20.000 millones. Un desembolso pensado para generar más de 2.500 megavatios al año y llegar a producir hasta 26.000 megavatios anuales en 2030 . La primera cuenta que hacen los opositores a estos campos eléctricos es que un huerto solar sólo genera cinco puestos de trabajo como máximo, mientras que la agricultura es un pilar fundamental de la economía andaluza. «Aquí sólo gana dinero el que arrienda la tierra, el empresario y un par de trabajadores, cuando esos terrenos emplean a buena parte de los vecinos», señala José Luis Villalón , teniente de alcalde de Casares.

Poco rédito en empleo, pese a los fuertes desembolsos previstos de fondos europeos para estas instalaciones. Miles de millones liberados por Bruselas que están despertando recelos por un posible movimiento especulativo. « Muchos de los que registran proyectos son intermediarios que hacen negocio con los terrenos . Esos se llenarán los bolsillos y, si luego no se hace nada, les da igual», afirma el alcalde de Gaucín, donde hay nueve parques proyectados.

Justo al lado, en Casares , hay otros 22 campos más proyectados, donde las placas están planteadas en zonas de cultivo y migraciones de aves. «Nuestros problemas es que todas las placas de Gaucín, San Martín del Tesorillo, Jimena de la Frontera y Casares tienen las líneas de evacuación a la subestación de nuestro pueblo. Eso nos llena el término municipal de cableados y líneas de alta tensión», explica José Luis Villalón.

Una modificación del suelo que afecta a la biodiversidad de los municipios. « Las plantas proyectadas en Coín necesitan una gran balsa de agua, que se va a sacar del río Grande . Se hacen con todos los lagos, balsas o ríos de la zona, cargándose la biodiversidad», afirma Marisa Casal, portavoz de la plataforma de ciudadanos de este municipio, que fue una de convocantes de la manifestación ante la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga contra el ‘mar de placas’.

A esta concentración también acudió una familia de agricultores de Granada que arrendó parte de su tierra, pero se queja de que le han expropiado otra parte de su finca para tirar líneas de alta tensión para las conexiones con la red eléctrica.

El Ejecutivo andaluz, por su parte, asegura que está aplicando criterios medioambientales en la tramitación de los expedientes que son más exigentes que los establecidos por el Gobierno de España. A la vez que señala que respetan las inversiones, buscando siempre «el mayor de los equilibrios» y define la planificación de estos huertos solares como « sostenible y equilibrada ». Desde Andalucía se pide un pacto entre las diferentes administraciones para la creación de estos parques.

Pese a esto, las instituciones en contra de los macroparques aseguran que las empresas «trocean» sus proyectos para que sea Andalucía la que dé el visto bueno a los huertos solares . La propia Diputación de Málaga explicó que los proyectos se dividen en parques de 50 megavatios «para burlar el filtro estatal» . Así caen en manos de la Comunidad Autónoma, que los evalúa por separado, sin que se pueda saber el impacto real sobre el territorio que tienen todos los proyectos en su conjunto.