Oficina del Servicio Andaluz de Empleo
Oficina del Servicio Andaluz de Empleo - Rafael Alcaide

Renta Mínima de Inserción SocialAluvión de reclamaciones por los impagos de la Junta de Andalucía a las familias sin recursos

El Defensor del Pueblo alerta del bloqueo de hasta ocho meses en la resolución de las solicitudes mientras la Junta admite retrasos y refuerza el servicio

SevillaActualizado:

La Renta Mínima de Inserción Social de la Junta de Andalucía se convirtió a principios de año en el plan estrella del gobierno autonómico para combatir la pobreza dentro del territorio autonómico. Sin embargo, esta medida no está funcionando como los ciudadanos preveían, por lo que se han producido un aluvión de denuncias de familias desesperadas por cubrir sus necesidades más básicas.

La Renta Mínima de Inserción Social pretendía beneficiar este año a 45.000 familias con una paga de entre 450 y 780 euros durante el periodo de un año. Estas ayudas están dirigidas hacia las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social y se debían cobrar siempre de la mano de un plan de inclusión sociolaboral personalizado. Las prisas y los problemas informáticos provocaron que esta medida comenzara desde primera hora con mal pie, de hecho, los requisitos para tener derecho a estas ayudas se modificaron a mitad de año por ser poco prácticos.

Una vez actualizados, el problema recae en el proceso de tramitación y resolución, el cual es excesivamente lento para personas que cuentan con este dinero como su «última bala» debido a su extrema situación.

Tres meses de espera, como mínimo

Según la Consejería de Igualdad y Asuntos Sociales, el plazo para resolver y notificar la resolución es de dos meses a contar desde el primer día del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud. Si la resolución es favorable, la administración procederá al abono de la prestación por la cuantía concedida con efecto desde el día primero del mes siguiente al de la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver.

En definitiva, si todo marchara tal cual la Junta estima de forma oficial las familias en riesgo de exclusión social tendrían que esperar tres meses en cobrar si su petición resulta favorable. No obstante, estos plazos no se están cumpliendo y el Defensor del Pueblo Andaluz ha emitido una queja de oficio a la Consejería de Igualdad y Política Sociales ya que los beneficiarios no han logrado cobrar la Renta entre seis y ocho meses después de su solicitud formal.

«Se está recibiendo en esta Defensoría un número, que comienza a ser importante, de quejas de ciudadanos y ciudadanas tanto en nuestra sede como a través de las redes sociales, manifestando su desesperación debido a que habiendo formulado sus solicitudes en los primeros meses de 2018, aún no saben nada de las mismas, cuando tal prestación les es absolutamente necesaria para poder satisfacer las necesidades básicas de sus familias, al encontrarse en situaciones de verdadera necesidad», explican fuentes del Defensor del PuebloAndaluz.

Enfado de los solicitantes

Para incrementar el «mosqueo» de los demandantes, la Consejería no facilita información sobre el estado de tramitación de la solicitud. «Somos conscientes de que son muchas solicitudes y cada una necesita un tiempo de tramitación diferente. Aún así, como ya comentamos en la queja de oficio que trasladamos a la administración, nos parece intolerable los retrasos que se están produciendo en la resolución de las solicitudes», afirman.

El año pasado hubo 45.889 solicitudes presentadas para acceder al Programa de Solidaridad de los Andaluces, que fue sustituido por decreto-ley por la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía. Una ley que fue presentada por la Junta como una de las iniciativas de lustre que se encuentra contemplada en los presupuestos andaluces de 2018. Pronto el brillo de esta medida ha ido perdiendo fuerza y según fuentes de la Consejería de Igualdad consultadas por este medio, se están tomando medidas para mejorar los plazos de tramitación, entre ellas, el refuerzo del personal.

Según las citadas fuentes, se ha llevado a cabo el incremento de profesionales para acelerar la tramitación de estas demandas. «Ha aumentado el personal profesional en 376 personas: 156 profesionales para las delegaciones territoriales y 220 para las corporaciones locales. De esta forma se ha reducido bastante el número de retrasos», explican.

Otro aspecto a tener en cuenta es que hasta el año pasado, estas ayudas las tramitaban los trabajadores sociales locales, pero ahora han pasado a los servicios sociales comunitarios, por lo que ha habido que formar a 31.000 profesionales.

«El sistema ha mejorado bastante aunque en Sevilla, al tener más población, siempre va algo más lento que en el resto de provincias. No obstante, en las resoluciones en la tramitación de urgencia se está cumpliendo en fecha», asegura la Consejería.