Salud proyecta otro instituto que integre sus fundaciones

Bajo el paraguas de un mismo organismo quedarían adscritas distintas entidades instrumentales que se dedican a la docencia e investigación sanitaria en la comunidad autónoma. En concreto, fusionaría la Secretaría General de I+D+i de la Consejería de Salud y Familias, la Fundación Progreso y Salud, y la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), que tiene su sede en Granada.

El proyecto del futurible instituto se plasmó en una proposición de ley presentada por el Partido Popular en el Parlamento andaluz en enero de 2020 con el aval de la Consejería. Finalmente, Salud plegó velas y esperó a que escampara la tormenta laboral que su anuncio había generado. El macro instituto levantó una enorme polvareda entre los trabajadores de la EASP, que estuvo azuzada por los partidos de la oposición que le acusaron de querer trasladar la sede en Granada. Para intentar sofocar las protestas, el consejero aseguró que los cambios anunciados no iban a mermar la vinculación de la EASP con Granada. Por si no bastara con ello, el instituto de nuevo cuño suscitó dudas dentro de otros departamentos económicos de la propia Junta que no habían sido informados previamente sobre estos planes.

Pero la Consejería de Salud no ha desistido del proyecto y, de hecho, ha retomado los contactos con los empleados afectados. «Nosotros apostamos, y así lo hemos manifestado y hablado con los propios trabajadores de la Escuela, por el Instituto Andaluz de Salud», reconoció Jesús Aguirre el pasado 26 de enero. «Se trata de englobar todo lo que es formación e investigación de la Junta y de la Consejería de Salud . Lo que quiero es potenciar la EASP y llevarme toda la formación a la Escuela dentro del Instituto Andaluz de Salud», porque la nueva estructura servirá para «optimizar los recursos al máximo», se justificó Aguirre. Bajo la premisa de «racionalizar» el gasto, la fusión de entes también podría suponer la consolidación de unos 800 trabajadores.

Fuentes sindicales indicaron que Salud les habían propuesto que los empleados que trabajan en las entidades afectadas pasaran de ser laborales a tener la condición de personal estatutario, prácticamente funcionario, lo que requeriría la realización de pruebas de acceso.