La sede de Sandetel en la isla de la Cartuja de Sevilla
La sede de Sandetel en la isla de la Cartuja de Sevilla - R. Doblado

SandetelLa sociedad de la Junta de Andalucía que tiene a todos sus trabajadores temporales en fraude de ley

Participada por IDEA y la RTVA, el ente público paga a sus directivos retribuciones en especie sin autorizar, según un informe de la Intervención de la Junta

SevillaActualizado:

Sandetel, la sociedad pública participada por la Agencia IDEA (51 por ciento) y RTVA (49 por ciento), habría incumplido, presuntamente, multitud de leyes y normas en su gestión. Estas irregularidades se habrían producido, sobre todo, en materia de personal y contratación, según un informe sobre la actividad de la organización realizado por la Intervención General de la Junta -órgano público encargado de fiscalizar la actividad de la administración pública andaluza- al que ha tenido acceso ABC y que se refiere a los últimos años del PSOE al frente de la Junta.

Con 217 personas en plantilla, el cometido de esta sociedad es el de «consultoría y asistencia técnica en el ámbito TIC», «producción de sistemas informáticos» o «desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas», entre otras.

Su tarea es, pues, la de dar asistencia tecnológica a las consejerías y sociedades que componen la administración andaluza. Y para ello tuvo el año pasado un presupuesto de 41,6 millones de euros. De ese dinero, 9,95 millones se fue en pagar nóminas de los empleados; 30 millones, para «gastos de explotación», que el Presupuesto andaluz indicaba que en un 91 por ciento eran «servicios profesionales independientes». Es decir, Sandetel gasta casi 40 de los 41,6 millones de euros que tiene en pagar trabajadores y externalizar servicios.

Coche sin identificar

Volviendo al informe de la Intervención, dicho documento recoge que esta sociedad, que es parte de lo que se conoce como «administración paralela» de la Junta, tiene un coche a su disposición pero que, sin embargo, no lleva un registro del mismo «por lo que no es posible verificar el uso que se le da» al coche en cuestión ni «quiénes pueden disponer de él» o si es «retribución en especie no declarada».

En el capítulo de personal, el informe denuncia que la plantilla directiva y laboral cobra una «retribución en especie» en forma de un seguro de vida colectivo. ¿El problema? Que «no está recogido en los contratos ni está autorizada por la Dirección General de Planificación ni por la Consejería», señala la Intervención. Además, el documento de fiscalización habla de complementos a ciertos trabajadores que incumplen la Ley.

Así, el informe añade que «los complementos salariales que aplica Sandetel no están definidos [...] No se especifican ni las condiciones que se debe cumplir para tener derecho a la percepción de dichos complementos ni los importes».

El capítulo de personal es especialmente duro. Señala la Intervención que Sandetel tiene personas contratadas de terceras empresas desde hace tantos años que «podrían tener consideración de estructura», lo que incumple la normativa. Así, advierte el documento, «Sandetel está asumiendo un riesgo elevado con estas actuaciones a la luz de la jurisprudencia en materia de cesión ilegal de trabajadores y falsos autónomos».

Más grave es que, según indica el informe de fiscalización, Sandetel tiene a todo su personal temporal -81 trabajadores- en «fraude de ley» tras haber superado el tiempo máximo legal para un contrato por obra y servicio. En la misma línea, señala el documento, ya hay tres empleados con contratos de este tipo que han ganado en los tribunales su condición de «indefinidos no fijos por sentencia judicial».

En el apartado de contratación, la Intervención también señala numerosas irregularidades. Habla, en primer lugar, de fraccionamiento de contratos, que son otorgados como obra menor -que tienen un proceso de gestión más simple y directo-. Además, esos expedientes de contratos menores «no incluyen informe justificativo de que no exista fraccionamiento, por ello que se incumple con lo establecido», indica la Intervención.

Encomiendas de gestión

También hay problemas en las prórrogas de determinados contratos así como en las encomiendas de gestión -tareas que la Junta delega en fundaciones, asociaciones y empresas como Sandetel-. En este último caso, denuncia la Intervención, la sociedad pública aceptó una encomienda del programa Guadalinfo para el consorcio Fernando de los Ríos cuando éste no era aún parte de la administración andaluza, de modo que «la figura utilizada, la encomienda de gestión, no era adecuada».

En otras encomiendas, refleja el estudio, «la fecha de inicio es anterior a la fecha en que se recibe su comunicación formal, que supone la orden para iniciarla». Es decir, Sandetel empezó a trabajar en algunas encomiendas antes de que la Junta diera permiso.

Hay una denuncia de la Intervención especialmente relevante: Sandetel ha cobrado por encomiendas más de un 6 por ciento del coste de la misma, el tope legal. Por este hecho, la sociedad pública ya fue investigada por la Fiscalía en 2014. «Se puede apreciar que hay un total de 15 encomiendas», añade el informe, donde el coste es «superior al 6 por ciento que marca como tope la Ley de Presupuestos».

El documento también señala que Sandetel usa un software para la elaboración de las nóminas que no permite desglosar el importe de los atrasos a los trabajadores. Y aún así, la sociedad pública reservó 365.000 euros para abonar a los trabajadores que les denunciaron por la reducción del 5 por ciento de su sueldo en 2010. Sin embargo, «desconocemos cómo se ha realizado el cálculo de esa provisión» ni si contempla los intereses de demora, indican desde la Intervención.

En el capítulo de los derechos laborales llama la atención que la sociedad no había abonado importe alguno en concepto de horas extra. Y eso cuando, indica el documento, una empleada llegó a realizar más de 117 horas extra en 2017, casi 60 por encima del tope legal, que es 80.

Los albaranes -documento que supone la conformidad por parte del técnico responsable con el importe, actividad, calidad, cantidad y mes de prestación de los servicios- son objeto de irregularidades también según Intervención. Así, en diez casos analizados no están firmados por el responsable del proyecto; en cuatro casos hay albaranes firmados después de la fecha de recepción de la factura; en nueve casos no hay acta de finalización del contrato y, además, añade la Intervención, «no todos los expedientes revisados de contratos menores cuentan con evidencias del mínimo requerido de tres ofertas solicitadas», requisito que exige Sandetel en su normativa.

Hay también ocho expedientes donde el importe de las facturas no coincide con el importe de la adjudicación del contrato; dos expedientes donde no consta siquiera el documento acreditativo del pago de la factura. El informe -que es provisional y admite alegaciones-, sigue relatando fallos de control y de falta de procedimientos, sobre todo en «materia de personal y de contratación». Este periódico intentó recabar la versión de la Consejería de Economía y Sandetel sin obtener respuesta.

Según la Consejería de Economía, de la que depende Sandetel, la Junta ya ha hecho las «alegaciones oportunas respondiendo a cada una de las salvedades y recomendaciones» del informe. Desde Economía explican que «se está acometiendo un proceso de análisis sobre el funcionamiento» de Sandetel para «despolitizar sus direcciones, agilizar la gestión y reforzar los controles». Así, si «así lo recomienda finalmente la Intervención, se acometerá la reestructuración» del ente público.