Durante el período 2012-2019
Vox sí podrá conocer ahora la titulación de los evaluadores de violencia machista
La Mesa del Parlamento aprueba tres escritos del presidente de la formación en Andalucía Francisco Serrano
Imagen del ex juez Francisco Serrano y líder andaluz de la nueva derecha
Ahora sí. La Mesa del Parlamento de Andalucía ha aprobado la petición del presidente del grupo parlamentario Vox, Francisco Serrano, sobre la profesionalidad y titulación de los trabajadores de las unidades de Valoración Integral de Violencia de Género . Cabe recordar que su anterior petición de información fue denegada por el mismo organismo por chocar con la Ley de Protección de Datos, ya que solicitaban nombre, apellidos y DNI de este personal, cosa que en esta reformulación ni se menciona.
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Se han presentado tres escritos. El primero de ellos hace referencia a las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, Equipo Psicosociales de Familia y Equipos de Menores en los procesos de tutela de menores. En este se pide «el número de médicos forenses, psicólogos, trabajadores sociales o cualquier otro interlocutor interviniente con indicación de su titulación académica, separados por actividad profesional, que han integrado o prestado sus servicios técnicos en dichas unidades y equipos». En segundo lugar Serrano demanda la vinculación profesional de cada uno: « Si es funcionario de carrera o interino, laboral fijo o temporal, o de contratación externa , con la Administración de la Junta de Andalucía en cualquiera de sus Consejerías». Por último, quiere la «situación detallada de cada uno de ellos en sus respectivos Colegios Profesionales entre los años comprendidos entre 2012 y 2019, ambos incluidos, singularizando los períodos de alta y baja en los mismos», según el documento al que ha tenido acceso este periódico.
De «Taxo Valoración» y Adima
En el segundo escrito las peticiones son muy parecidas al del primero pero con referencia a «Taxo Valoración, compañía integrada en el Grupo Tinsa , empresa adjudicataria en concurso público de los servicios de peritaciones judiciales en la Administración de Justicia en Andalucía». El ámbito también son las ocho provincias andaluzas y los años los mismos.
En el tercer y último se hace referencia a la «Asociación Andaluza de Defensa de la Infancia y Prevención del maltrato infantil (Adima) y de su Equipo de Evaluación e Investigación de casos de abuso sexual (Eicas), bajo contrato de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social.
Serrano explicó a ABC que la fecha de inicio 2012, viene dada porque fue cuando la Federación de Colegios Profesionales de Psicólogos denunciaron el intrusismo de terceras personas en las evaluaciones.
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