El excoordinador de la viceconsejería de Empleo Rafaél Ángel Silva, durante su declaración
El excoordinador de la viceconsejería de Empleo Rafaél Ángel Silva, durante su declaración - EFE/Raúl Caro
Tribunales

Un testigo asegura que las ayudas del Caso ERE Andalucía eran «actos graciables»

El exdirector de Trabajo reconoce que la situación que encontró era «explosiva» y respondía a «una dinámica perversa»

Mercedes Benítez
SevillaActualizado:

Nueva sesión del juicio de los ERE que ha llevado al banquillo a los dos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñan en una semana que puede resultar clave si se tiene en cuenta que están citados los exconsejeros Mar Moreno y Antonio Avila pero también el actual vicepresidente de la Junta Manuel Jiménez Barrios.

A la espera de que eso ocurra la jornada de la mañana de este lunes ha comenzado con la declaración de Rafael José Angel Silva, coordinador de la Consejería de Empleo que ha confirmado las irregularidades que detectaron en 2011 tras el estallido del escándalo de los ERE y ha asegurado que estas ayudas eran expedientes diferentes. Unas ayudas que no eran tramitadas por funcionarios sino por personal contratado y que eran «actos graciables» en los que se valoraba la difícil situación del colectivo y la difícil empleabilidad de estas personas.

A preguntas del fiscal anticorrupción, el testigo ha reconocido que encontraron beneficiarios de pólizas heredadas de prejubilados fallecidos y prejubilados que trabajaban por cuenta ajena que estaban recibiendo estas ayudas. Ademas ha puesto de manifiesto un cúmulo de irregularidades como la falta de solicitudes formales y el hecho de que solo desde el año 2008 había control posterior. En este sentido ha puesto de manifiesto que los expedientes no tenían fiscalización previa y no había seguimiento para que los extrabajadores cumplieran con los requisitos necesarios o que no había publicidad de estas ayudas en el BOJA.

De hecho, según su testimonio, la Cámara de Cuentas detectó más intrusos aparte de los que se habían encontrado en la investigación judicial. Esos intrusos fueron detectados en la Faja Pirítica de Huelva. Según ha dicho, en total descubrieron 77 intrusos y otros 111 con irregularidades administrativas, lo que sumaba un total de 181 de un total de casi 6.000 trabajadores.

En este sentido, ha admitido que en el expediente de Hitemasa figuraban los denominados «pagos cruzados» en los que el director general decía que el dinero que iba recibir para una póliza no se destinase a eso. Era, según ha dicho, una alteración del procedimiento que se había seguido.Figuraban las ordenes del director general para pago a iDEA.

Posteriormente ha comparecido el que fuera director general de Trabajo entre abril de 2010 y junio de 2012, Daniel Alberto Rivera, que declara en calidad de testigo aunque esta siendo investigado en otras piezas de los ERE por otras ayudas.

Rivera, que ha dicho que fue el consejero Manuel Recio el que lo llamó para el cargo, ha negado que hubiera «algo extraño» aunque ha admitido que le dijeron que se habían adquirido «algunos compromisos» y que iban a su despacho a visitarles numerosos colectivos en situaciones complicadas, algunos de los cuales llevaban meses sin cobrar. Y que cuando el llegó fue poniendo «parches» en algunos de esos conflictos.

Rivera, a quien el juez ha advertido que podía acudir acompañado de abogado por estar imputado en otras causas, ha reconocido que en la etapa de su antecesor en el cargo, Juan Márquez las ayudas no estaban fiscalizadas y que cuando estalló el escándalo se descubrió una «realidad escondida» y una «dinámica perversa» que se había perpetuado como algo normal.

En esa situación «explosiva». a partir de febrero o marzo de 2011 se dejaron de dar ayudas, ha admitido el exdirector de Trabajo que también ha dicho que después de ese proceso de escaso control, la Intervención dio «un vuelco». Rivera, que ha dicho no poder contestar a algunas preguntas del fiscal anticorrupción, ha explicado que la situación cambió «a partir de que se descubren determinados tipos de cosas» y que hubo una absoluta colaboración con la Policia Judicial.

Rivera no ha contestado a algunas preguntas en relación con el personal contratado en la Dirección General de Trabajo que no era funcionario alegando que no puede hacerlo porque está siendo investigado en otras causas en relación con ese asunto. En cualquier caso el exalto cargo ha dicho que se negaron a reconocer la deuda que le reclamaba la empresa que contaba a ese personal y posteriormente despidieron a ese personal que luego contrataron a través de la Faffe. El testigo tampoco ha querido contestar al letrado del PP cuando le ha preguntado si entre ese personal estaba un sobrino de Márquez (el anterior director general de Trabajo).

Tras la comparecencia de Rivera está prevista la declaración del exviceconsejero de Empleo, Justo Mañas, y posteriormente el exdirector general de IDEA, Antonio Valverde, y el exviceconsejero de Innovación, Gonzalo Suarez.

Mañas reconoce que les estalló una «bomba»

Posteriormente ha comparecido Justo Mañas, que ocupó numerosos cargos en la Junta de Andalucía, entre ellos el de viceconsejero de Empleo entre 2010 y 2012. Mañas, que estuvo imputado durante la instrucción del Caso ERE, ha dicho que antes de de llegar desconocía la partida 31-L y «no tenia ni idea de ese sistema».

El testigo ha dicho que firmó un informe sobre la encomienda de gestión en noviembre de 2011 que había sido elaborado por sus asesores y que hubo en momento que le comentó a Rivera que «no se hicieran pagos sin previa consulta porque queríamos hacer que lo que estábamos haciendo se estaba haciendo bien»

En este sentido, ha admitido que estuvieron viendo la mejor forma de abordar esta «bomba» que les había estallado y analizando cómo aclarar qué había detrás de lo que había salido.

Según su testimonio, en un primer momento decidieron examinar el asunto de Mercasevilla y posteriormente otra serie de expedientes y al final se analizaron todos los expedientes que habían sido objeto de ayudas sociolaborales. Y que les pareció razonable mejorar el sistema de concesión de ayudas. El consejero le pidió que pusieran en pie un mecanismo «más reglado» e incluso mantuvieron reuniones con las aseguradoras para tratar de mantener el mecanismo de pago.

El testigo también ha dicho que, cuando tuvieron conocimiento de las comisiones, mantuvieron una reunión con las aseguradora para decirles que «se pagaba absolutamente el pago» aunque estas compañías no reconocieron en primer momento esa comisiones, luego les enviaron u informe donde recocían «porcentajes de dos cifras». El juicio continúa.