María José Rofa, en los juzgados de Sevilla
María José Rofa, en los juzgados de Sevilla - VANESSA GÓMEZ

CASO ERE ANDALUCÍAUna testigo «canta» en el juicio del caso ERE: «Se hizo una bola enorme con las ayudas y no había norma»

Rofa, ex asesora de la Dirección de Trabajo que colaboró con la Guardia Civil, ha declarado que recibió «amenazas» de sus superiores

SEVILLAActualizado:

No había norma para dar las ayudas, ni seguimiento de las mismas ni funcionarios encargados de tramitar las ayudas ni siquiera se sabía lo que se había pagado y lo que se debía. María José Rofa, asesora de la Dirección General de Trabajo entre 2008 y 2011, ha descrito una situación caótica en el departamento que concedía las ayudas sociolaborales y a empresas durante su declaración como testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía. Entre los acusados de crear un procedimiento opaco y arbitrario de reparto del dinero público se encuentran dos expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Rofa, que llegó a la Dirección General de Trabajo de la mano de Juan Márquez, uno de los acusados en el juicio junto a su antecesor Javier Guerrero, ha explicado que «había muchos más compromisos en convenios [para dar ayudas] que disponibilidad presupuestaria» y por eso había un desfase de la Consejería de Empleo con la agencia IDEA, el ente público que utilizaba para pagar las ayudas. «Con el presupuesto que había, se había hecho una bola enorme», dijo esta trabajadora, quien añadió que «incluso» ha recibido «amenazas» de sus superiores.

El fiscal le preguntó si le habían dado alguna aclaración en su trabajo sobre la norma reguladora aplicable. La que fuera asesora técnica de la Dirección de Trabajo, que está citada como investigada en una pieza del caso ERE relativa a las ayudas concedidas a la empresa A Novo Comlink, ha contestado que «pregunté y me dijeron que no había normativa, sino un convenio que se había firmado con IDEA». «Como aquello lo llevaba Guerrero, lo llevaba Guerrero», le indicaron. «Lo que todos entendemos por un orden no lo había», ha insistido.

Rofa fue un testigo clave en esta investigación y entregó a la Guardia Civil cuatro documentos explicando la mecánica de las ayudas y otros 135 documentos adicionales. Ha asegurado que «no había ningún funcionario encargado» de tramitar las ayudas. A preguntas del fiscal Juan Enrique Egocheaga, la ex asesora ha afirmado que «algunos expedientes tenían prácticamente el convenio y poco más».

Esta gestión desordenada estaba provocando problemas económicos e intereses que Juan Márquez, su jefe, trató de atajar «reduciendo compromisos de pago». Señaló que «prácticamente toda la deuda con las aseguradoras [con las que los prejubilados habían suscrito pólizas financiadas por la Junta] estaba vencida y todo esto estaba generadon unos intereses».

El caos de los expedientes era total. «Nos costó mucho trabajo» ordenar no sólo las ayudas sociolaborales, sobre las que elaboró una tabla de Excell sino sobre todo las ayudas a empresas porque IDEA tenía los archivos ordenados y «nosotros archivos desordenados», ha explicado. «Salían compromisos firmados que no estaban en ningún sitio», dijo, por lo que tuvieron que pedir información a aseguradoras y brokers.

Además, Rofa ha afirmado que cuando se inició el proceso de revisión de las ayudas al destaparse el caso ERE se percataron de que era una labor «imposible» porque «éramos tres gatos» en la Dirección de Trabajo.

Rofa es una testigo clave en esta causa. Su interrogatorio se prevé que ocupe las jornadas del lunes y el martes porque aportó a la Guardia Civil mucha documentación que obra en la causa y en sus declaraciones durante la instrucción habló de que al llegar encontraron un «escándalo de descontrol» en los expedientes de ayudas tramitados por Guerrero.