Trescientos millones de fondos de la UE para viviendas sostenibles en Andalucía

La primera clave de este plan de vivienda es la sostenibilidad. La rehabilitación de inmuebles se subvencionará siempre que reduzca en un 30% las emisiones de CO2 respecto a la edificación original, un criterio que también se exige a las nuevas construcciones. El objetivo que se ha prometido a la UE es que esta intervención en el parque de viviendas de Andalucía logrará reducir en cien mil las toneladas de gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera, el equivalente al que emiten 45.454 coches. Hay que tener en cuenta que el sector residencial es el responsable del 13% del total de las emisiones de CO2, un porcentaje que la Junta quiere reducir con ayuda de los fondos europeos. Criterio que, por cierto, se ajusta a lo que pide Europa para invertir sus fondos.

La segunda clave es el empleo . La construcción y rehabilitación de las viviendas creará unos 24.000 empleos directos hasta el año 2026 cuando deberá estar ejecutada la totalidad de los fondos Next Generation.

La Consejería de Fomento tiene previsto que este dinero sirva para intervenir en unas 30.000 viviendas, con lo que beneficiará a unos cien mil andaluces. De estas, 29. 210 serán rehabilitadas y el resto, viviendas protegidas a precio asequible. El dinero de Europa está dividido en varios programas, una parte de ellos lo recibirán los ayuntamientos para rehabilitar barriadas, también se van a crear oficinas de rehabilitación para que sean el lugar donde tramitar estos proyectos, y el mayor montante será para que las familias mejoren el aislamiento en fachadas y cubiertas, instalar sistemas de energías renovables como placas fotovoltaicas, placas solares para agua caliente, aerotermia o calderas de biomasa, y cambiar ventanas o sistemas de iluminación. Además, las subvenciones cubren obras de conservación y accesibilidad. Con estas medidas, además, las familias podrán ver reducida su factura de la luz en un 50%.

Además, el Plan Ecovivienda, que es como se denomina, contará con una partida de 173 millones de euros de los Next Generation que permitirá la construcción de otras 3.000 viviendas sobre suelos de titularidad pública . Serán viviendas en alquiler con precios entre 200 y 400 euros al mes y destinadas fundamentalmente a jóvenes.

El plan con los fondos europeos no es lo único que el martes aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. El Plan Vive de vivienda y regeneración urbana 2020-2030 tiene nuevos criterios para la adjudicación de los inmuebles ya que el objetivo es que las viviendas asequibles puedan llegar a un mayor número de andaluces. Así, el criterio económico se amplía pasando de 2,5 veces el IPREM a tres veces este indicador económico que está situado en 8.106 euros brutos anuales. Así, podrán solicitar alquileres asequibles quienes cobren hasta 24.218 euros anuales.

No es la única modificación importante. El Gobierno andaluz también ha introducido una cláusula antiokupa en el reglamento para conceder viviendas públicas en alquiler. Esto significa que se establece como requisito para acceder a una VPO que las futuras personas beneficiarias no hayan sido condenadas o sancionadas por ocupaciones ilegales de viviendas , ni en la vía penal ni en la civil o la administrativa. Sólo se prevén excepciones para familias en circunstancias de vulnerabilidad avaladas por los servicios sociales. Esta medida pretende tener un efecto disuasorio y se reducirán las ocupaciones en la comunidad, «donde ya se han puesto en marcha medidas para atender a los afectados dentro de las limitadas competencias que ostenta la Junta de Andalucía en este aspecto», según explicó la consejera de Fomento.

En este sentido, Marifrán Carazo explicó que en la oficina Antiokupa que se puso en marcha en diciembre de 2020, y que ha lleva un año funcionando ha recibido 97 consultas de personas afectadas.

El Gobierno andaluz aprobó este plan de vivienda con fondos europeos precisamente el mismo día que el Consejo de Ministros tenía previsto aprobar la nueva Ley de Vivienda que pretende regularizar el precio de los alquileres y que se ha pospuesto porque carece del aval del Consejo General del Poder Judicial. «La ley se ha hecho al margen de las comunidades autónomas. No sabemos nada porque en la conferencia sectorial no nos hicieron partícipes de nada de la norma. Tendremos que esperar a que se apruebe para conocer sus detalles», criticó la consejera de Fomento, Marifrán Carazo.

El Gobierno andaluz considera que la norma estatal es «intervencionista» en el mercado, ataca a la propiedad privada y también invade competencias de las comunidades autónomas y la contrapone a la gestión que se está iniciando en el nuevo plan de vivienda autonómico.

«Nosotros damos un importante protagonismo a los ayuntamientos que son los que conocen la realidad de su territorio y las necesidades de vivienda, y el Gobierno hace la ley al margen de las demás instituciones».

El Ejecutivo andaluz mantiene una política de viviendas contraria a la que lleva a cabo el de Pedro Sánchez . Carazo considera que el mejor incentivo para rebajar los precios y que sean asequibles es la construcción de viviendas a precio asequible destinadas tanto al alquiler como a la venta.

Siguiendo esta senda, el Consejo de Gobierno autorizó este martes una subvención de casi cinco millones de euros para la construcción de 234 viviendas en el Parque Nueva Granada de la capital, donde esta misma empresa levantará otro bloque con 122 pisos gracias a este programa del Plan Vive en Andalucía. En paralelo, se ha realizado un esfuerzo inversor en la rehabilitación de viviendas, con 118 millones de euros en 13.700 hogares.