La UDEF acusa al Gobierno de Susana Díaz de ocultar 43 millones en ayudas a fondo perdido de Isofotón

Según el atestado policial que obra en el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que investiga por supuesta malversación de fondos públicos a los empresarios y a 37 ex altos cargos autonómicos, la finalidad de dichas «omisiones» era « ocultar una situación económica deficiente en Isofotón S.A. e irregularidades » en el último crédito de 8,39 millones de euros que le otorgó la agencia autonómica IDEA en agosto de 2012. Un mes después, Teresa Ribera, actual vicepresidenta cuarta del Gobierno de Pedro Sánchez, entró a trabajar como directiva en la firma de energía fotovoltaica con la misión de apuntalar la expansión internacional de su negocio.

En el informe policial de 182 páginas, al que ha tenido acceso ABC, la Policía Judicial detalla que hasta en tres ocasiones responsables de los gobiernos socialistas escondieron información crucial para analizar las irregularidades, lo que atribuye a una maniobra política. «La Agencia IDEA tuvo conocimiento pleno de las irregularidades, que fueron ocultadas en tres momentos, incluido el año 2016, en plena investigación », afirma.

Con la instrucción ya avanzada, la UDEF se percata a través de las actas del consejo rector del organismo público de que la Junta de Andalucía había concedido el mismo día, 11 de junio de 2007, dos incentivos a fondo perdido : el primero, de 23,78 millones, a Silicio Energía S.A., de la que era propietaria en su integridad Isofotón, y el segundo, de 19,32 millones, a la empresa matriz. «Esta omisión, unida a las múltiples irregularidades detectadas en el conjunto de ayudas –que rozan los 80,5 millones–, no puede interpretarse sino como un intento de ocultación de los hechos, en lo que podría ser verdaderamente calificado como delito de encubrimiento», aseveran.

La UDEF presume una « intención política de alto nivel de favorecimiento de la marcha de la empresa , cuya quiebra implicaba un enorme coste social». La fábrica de paneles solares, afincada en el Parque Tecnológico de Málaga, tenía 702 empleados. Dada su relevancia y la «continua financiación recibida, con vulneraciones tan graves de las normas», la Policía Judicial infiere que «existía conocimiento y autorización de autoridades superiores» a las del consejero de Economía, del que dependía la agencia IDEA.

El informe policial no es concluyente respecto a la implicación en el fraude del Consejo de Gobierno en el que se sentaba María Jesús Montero (consejera de Salud), pero sí refiere que fue éste, el máximo órgano ejecutivo de la Junta, el que «ratificó» la concesión de un aval de 12 millones a Isofotón el 13 de julio de 2010. El acuerdo fue firmado por el consejero de Economía, Antonio Ávila (que está investigado), y el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, aunque la rúbrica de éste «no se aprecia en el documento».

La paz social tuvo un precio muy alto para las arcas públicas. Desde marzo de 2009, IDEA conocía, a través de un informe propio, que las cuentas de la empresa estaban lastradas por las pérdidas y su continuidad era inviable . «La situación previa a la concesión del préstamo es muy deficiente, con un nivel de endeudamiento bancario muy elevado y con mínima disponibilidad de fondos».

La Junta, sin embargo, mantiene el grifo abierto Entre abril de 2010 y noviembre de 2011, Isofotón recibió tres avales de la agencia IDEA: uno de 5 millones y dos más de 12 millones cada uno. En agosto de 2012 le concedió otro préstamo de 8,39 millones. El recurso empleado fue el de la subvención directa excepcional , «a pesar de existir bases reguladoras apropiadas y sin justificar en absoluto la necesidad económica, social o humanitaria, más allá de la necesidad de liquidez de la empresa».

Los gestores de Isofotón S.A. «falsean datos y solicitan ayudas a sabiendas de su propia intención de no devolver cantidad alguna», advierte el informe. La UDEF apunta a una «relación de colaboración» entre los dueños de Isofotón –hay tres de ellos investigados– y algunos responsables de la Junta «para la comisión de un fraude a la Hacienda Pública mediante falsedades documentales de los primeros e ignorancia deliberada y fraude de ley de otros». Todo, «al servicio de intereses particulares», que han costado 80,5 millones a los andaluces.