Las zonas catastróficas de 2021 en Andalucía siguen a la espera de las ayudas públicas

Como las cifras no engañan, basta acudir a la página que el Consorcio de Compensación de Seguros tiene para contabilizar las ayudas de los que tenían una cobertura privada para sus bienes y se vieron afectados por los más de 3.000 terremotos de Granada. 10.384 peticiones de viviendas afectadas, 33 automóviles, 673 comercios y almacenes, 69 oficinas, 39 industrias. El cálculo total está, cifras redondas, en torno a los 15 millones y medio de euros.

Manuel Gil es el alcalde de Santa Fe, uno de los municipios granadinos más perjudicados por los temblores junto a Chauchina y Atarfe . A él y a sus vecinos, no se les olvidará sobre todo el primero. «Fue el 23 de enero, un sábado, 4,3 grados, no sabíamos que hacer, no estábamos preparados a pesar de vivir en una zona sísmica; mucha gente salió a la calle y no querían volver a sus casas, había pánico, mucho pánico», relata a este periódico. «Luego vinieron más, muy seguidos, e incluso de escala superior, pero el primero fue el que nos marcó —especifica—. Abrimos parques públicos y el polideportivo para que la gente pasara las noches allí. Tengo que agradecer la ayuda de la Cruz Roja a la población, sobre todo psicológica, a las personas que viven solas en sus casas, a los mayores, a los niños, a la coordinación que desarrollaron, sin ellos todo hubiera sido diferente», argumenta este regidor socialista en su segundo mandato. Los edificios municipales más afectados han sido el histórico Mercado de Abastos, que aún permanece cerrado y que, paradojas de los fondos europeos, si quieren usarlos no pueden tirarlo y hacerlo nuevo sino reconstruirlo. El Ayuntamiento también tuvo desprendimientos y daños en un edificio civil que data del siglo XVIII, El Pósito , junto a varios arcos del casco histórico. «Ahora ya sabemos que no podemos vivir de espaldas a los terremotos sino junto a ellos, los enjambres duran entre seis y ocho meses y tenemos planes de emergencia municipal, acabamos de hacer un simulacro de cómo establecer redes en caso de una caída generalizada de la telefonía», explica Gil. Han abierto una oficina para la rehabilitación del casco histórico, el más dañado. Desde allí ayudan a tramitar los papeles para recibir las ayudas. La administración central subvenciona a fondo perdido el 50% del coste de la rehabilitación para particulares, pero eso requiere muchos trámites.

En un ánimo generalizado por cambiar el nombre de las cosas que todo el mundo entendía a la primera, lo que antes era zona catastrófica, ahora se llama zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (Zaepc) . El Gobierno acaba de declarar a los municipios onubenses que sufrieron las lluvias torrenciales de Lepe, Isla Cristina y Cartaya zonas catastróficas. Esto permitirá que los afectados puedan beneficiarse de una serie de ayudas destinadas a paliar tanto daños personales como materiales.

Los seguros privados en las inundaciones de Lepe funcionaron muy bien, apuntan desde el Ayuntamiento. Dependiendo de las compañías, unas actuaron antes que otras, pero en líneas generales todas fueron muy rápidas. Sobre todo en lo que afectó a los automóviles y algunas explotaciones agrarias. La propia corporación municipal organizó una oficina de afectados para facilitar y orientar en las peticiones de las indemnizaciones. Desde Prensa del Ayuntamiento de Lepe recuerdan la visita del consejero de la Presidencia, Elías Bendodo. «La Junta de Andalucía ya ha dado dinero para arreglo de infraestructuras como el de un camino rural y el de un arroyo que perdió su cauce habitual por el gran desbordamiento de agua, unos 300.000 euros», señalan desde el Ayuntamiento. La Subdelegación del Gobierno a lo único que se comprometió fue a acelerar el papeleo para ser declarado zona catastrófica, como ya ha ocurrido. En Lepe la normalidad ha vuelto afortunadamente y apenas recuerdan esta catástrofe.

Una extinción de 46 días

Nada que ver con el incendio de Sierra Bermeja en Málaga que se llevó por delante unas 10.000 hectáreas de bosque y se dio por extinguido 46 días después de casi con toda seguridad ser provocado. El joven alcalde de Genaguacil, Miguel Ángel Herrera , no pierde la compostura, pero se le nota el malestar por las consecuencias de las llamas en una de las joyas del Valle del Genal. «Cuando escuchábamos por la televisión que había 41 medios aéreos interviniendo para sofocar las llamas, mirábamos al cielo en busca de un hidroavión o un helicóptero que sobrevolara nuestro pueblo y no veíamos nada, estaban todos en la zona de la costa de Málaga», se queja. Para Herrera la descoordinación y la negligencia han sido causas fundamentales de los daños: «El incendio empezó el miércoles 8 y hasta el siguiente domingo no se puso en marcha la UME [el Ejército]». Ahora demandan un ‘plan sierra’, «al igual que existen ‘planes playa’ cuando el temporal destruye la costa, necesitamos alternativas, llevamos un abandono de 30 años y esta situación es insostenible, los pocos recursos que teníamos como el turismo han desaparecido». «¿Cuánto vale un pinsapar de más 200 años? ¿Se puede eso evaluar?», se queja por las pocas ayudas que van a recibir. Herrera cobra 1.500 euros de la alcaldía y tiene que trabajar también como autónomo.

El alcalde de Casares, José Carrasco, relata cómo vivió el incendio de Sierra Bermeja con gran inquietud por su cercanía al pueblo. «Las llamas entraron en el municipio al final, en la madrugada del 13 de septiembre. A pesar de la gran cantidad de medios de extinción que se emplearon el fuego arrasó más de mil hectáreas, en su mayor parte monte público de titularidad municipal». «También afectó a la finca Monte del Duque con un alcornocal de gran valor ecológico. El fuego en ningún momento fue una amenaza para el pueblo, aunque de no haber sido por la lluvia que lo sofocó en la madrugada del 14 podía haber amenazado algunas viviendas diseminadas», aclara. En Casares también se vio afectada la captación de agua de la Pasada del Pino y su canalización; su reparación se ha comprometiendo a realizarla la Diputación de Málaga», concluye el regidor.

Ahora todos esperan que la lenta burocracia administrativa repare de alguna manera los daños causados y el dinero prometido llegue, aunque sea escaso y tarde.