Los sobrecostes dejan desiertas obras públicas en Andalucía por 140 millones

Se trata de obras licitadas por el Estado, la Junta de Andalucía, ayuntamientos, diputaciones, empresas públicas (Aena, Navantia, Correos, Tragsa..) o las universidades, entre otros. Por provincias, Cádiz es la que tiene obras desiertas por un mayor volumen económico (50,8 millones de euros). Le siguen Málaga (36,9 millones), Sevilla (24,6), Almería (12,8), Huelva (6,1), Córdoba (4,9) y Granada (2,1).

¿Cuáles son las obras que se han quedado sin ejecutar por falta de ofertas? En Málaga, la construcción de un aparcamiento subterráneo en la avenida Severo Ochoa, que salió por un precio de salida de 18,8 millones, o el nuevo centro de ocupaciones de Alhaurín el Grande (42, millones). En Sevilla se ha quedado desierto un contrato de obras para el ahorro y la diversificación energética en edificios adscritos al Hospital Virgen del Rocío, por 7,7 millones.

En Cádiz, los constructores no han optado a los contratos para una obra en el astillero de San Fernando (7,6 millones), la ejecución de un aulario en el campus universitario de Jerez de la Frontera o la rehabilitación de los depósitos de tabaco de la capital (4,5 millones). En Almería, la inflación ha dejado en dique seco la obra para la construcción de un nuevo edificio en el Hospital Torrecárdenas por 11,5 millones. Y en Córdoba, ha ocurrido lo mismo con las obras de restauración, consolidación y puesta en valor del Palacio Ducal de Fernández Núñez por 1,3 millones.Sánchez Alcalá asegura que la desviación media presupuestaria que ha provocado la inflación en esas obras ronda el 22% porque las licitaciones no han tenido en cuenta el incremento de precios de la energía, cemento, hierro, betún, energía, acero, cobre, aluminio, madera, etcétera. «La situación ha empeorado en los últimos meses, ya que sólo entre junio y septiembre de 2022 han quedado desiertas obras por 50 millones de euros en Andalucía», añade el presidente de Fadeco Contratistas.

El lunes próximo se reúne Fadeco con la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, para dar una solución a las licitaciones desiertas y, sobre todo, para pedir que se aplique el decreto andaluz 4/2022 de revisión de precios que se aprobó en mayo y que obliga a la Administración andaluza, así como a todas aquellos ayuntamientos y diputaciones que voluntariamente se hayan adherido al mismo. Entre quienes se han adherido públicamente al decreto andaluz hay administraciones gobernadas por formaciones de todo el arco político, como el Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla —gobernados por el PSOE— o el Ayuntamiento de Málaga, presidido por el popular Francisco de la Torre.

La Consejería de Fomento afirma que ese decreto ya se está aplicando por organismos adscritos a la Junta, como por ejemplo la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, que ha revisado a petición de la empresa adjudicataria las certificaciones de la remodelación del frente portuario en el río Barbate.A pesar de ello, Fadeco advierte de que con el anuncio del Estado de que recurrirá la normativa andaluza, «muchos constructores que no tienen esperanza de que se revisen los precios se verán obligados a paralizar obras actualmente en ejecución, con el consiguiente quebranto para el municipio y las empresas». Por otra parte, «están en riesgo los fondos europeos —dice Fadeco— porque casi el 100% de las obras licitadas por Ayuntamientos están financiadas con estos fondos, que deben ser ejecutados antes de 2026».

Según Fadeco, no tiene sentido que «el Gobierno central se oponga a este decreto cuando la Administración central no es la que va a pagar la revisión de precios, sino que serán los ayuntamientos, las diputaciones y la Junta de Andalucía. «Aquí el Gobierno de Pedro Sánchez se está comportando como el perro del hortelano, que si no come ni deja comer», indican las mismas fuentes.

Ha lanzado también un SOS el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceaco), que ha pedido al Gobierno central y a la Junta de Andalucía que alcancen un acuerdo satisfactorio para el sector de la construcción en la mesa bilateral creada para dar solución al problema de incremento de precio de las materias primas y su impacto sobre los precios de los contratos.

Desde Ceacop señalan que el decreto autonómico de revisión de precios es un desarrollo a la norma estatal, «ya que las mejoras añadidas persiguen adecuarse al tipo de obras que se ejecutan en sus territorios, licitadas por la Junta y los entes locales, y dan mayor cobertura a las pequeñas y medianas empresas frente a los grandes contratos que adjudica el Estado y que ejecutan las firmas de mayor tamaño». De este modo, la coexistencia de ambos no es excluyente, sino necesaria. A juicio de Ceacop, «los decretos aprobados son una herramienta para mitigar el impacto del alza de precios en una coyuntura como la actual, de escasez de materiales y con los costes de la energía y otros productos disparados».