La Oficina Antifraude de Andalucía se estrena con 23 denuncias en apenas tres meses

La mayor parte de los asuntos que han llegado hasta esta institución —que está al margen del Gobierno andaluz ya que depende del Parlamento autonómico— han sido por denuncias concretas de personas físicas, 20 de ellas, mientras que los sindicatos han presentado dos denuncias y un grupo político (que no se identifica por razones obvias) la última de ellas.

Pero el dato más relevante es que sólo el 5% del total de las denuncias que han llegado hasta la Oficina Antifraude son anónimas. La ley de creación de esta institución, Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, recoge expresamente que tendrán tanta validez las denuncias presentadas con nombre y apellidos como las anónimas siempre y cuando estén suficientemente documentadas.

Para el equipo directivo de la oficina, esto es la prueba de que hay garantías para quienes dan el paso y denuncian prácticas corruptas, fraude o mal uso de los fondos públicos en las administraciones. La subdirectora de la oficina, Marta Blázquez, insiste en que se protege a los denunciantes con todas las garantías no sólo por la confidencialidad de las comunicaciones con la oficina sino también por la total discreción del personal que la compone. «Hay un correo electrónico para ponerse en contacto con nosotros que abre el procedimiento y que es antifraudeandalucia@antifraudeandalucia.es, y animo a todos los que entiendan que están viviendo una práctica fraudulenta que nos escriban y lo denuncien».

La mayor parte de los requerimientos presentados ante esta institución van contra la Junta de Andalucía (13 casos), seguido de los ayuntamientos que acumulan 9 denuncias. Los plazos para resolver estos expedientes son relativamente cortos ya que deben estar investigados en seis meses. Hasta ahora, la oficina ha resuelto tres casos, dos de ellos porque no eran prácticas fraudulentas ni corrupción y se han archivado, y una más porque se ha derivado a la Fiscalía ya que se trataba de un delito tipificado.

Según han explicado a ABC se trataba de un asunto de tráfico de drogas y por lo tanto excede de las competencias de la oficina andaluza. Por cierto que la Fiscalía ya tenía antecedentes de este asunto.

La investigación de la Oficina Antifraude permite no sólo la requisa de documentos sino también la toma de declaración de los posibles testigos y las alegaciones de las entidades investigadas. Ahora mismo hay once asuntos pendiente de la recepción de alegaciones mientras que hay otros cuatro en los que se están estudiando.

¿Y qué se denuncia? La mayor parte de las demandas presentadas ante la oficina corresponden a la gestión urbanística y a irregularidades en los procesos selectivos de la administración pública. Le siguen las denuncias en la contratación, la concesión de licencias y las incompatibilidades.

María del Carmen Macías, subdirectora de investigación, explica a ABC que uno de los asuntos que está en investigación es el uso indebido de medios públicos, «hay una denuncia de una persona que usa el coche oficial para temas personales como llevar a la suegra». Otro caso abierto hace referencia a irregularidades urbanísticas. «Hay una concesión de varios aparcamientos que se han vendido a particulares y también se han cedido a una entidad para que los gestione».

Un caso que se ha repetido en varios de los casos abiertos en estos momentos es el abuso de los contratos menores por parte de los ayuntamientos. Es un procedimiento por el que las administraciones públicas en lugar de sacar un concurso público para cualquier suministro o servicio, lo fraccionan en varios contratos pequeños para adjudicarlos directamente a las empresas o entidades. La mayor parte de estos asuntos afectan a servicios sociales como los monitores escolares, los comedores de los colegios o de los centros de día. «Lo más curioso es que es una práctica extendida en toda España según hemos podido comprobar en una reunión que hemos tenido en Baleares», explica María del Carmen Macías.

La ley de la Oficina Antifraude establece sanciones para las administraciones que incumplan la norma. Si se descubre un delito, los responsables de esta oficina trasladan inmediatamente todo el expediente y las pesquisas que hayan avanzado hasta la Fiscalía y cierran el caso. Pero si descubren infracciones administrativas o malas prácticas no constitutivas de delito pueden imponer sanciones que van desde los trescientos euros hasta los cien mil, dependiendo de la gravedad de las infracciones. Hay que tener en cuenta que todas las administraciones, y el personal que trabaja en las mismas, tienen el deber de colaborar con esta oficina. La negativa también puede acarrear sanciones.