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El Tribunal Constitucional prepara un informe que permitiría anular la sentencia de los ERE

Elabora un documento en el que asumiría los argumentos de la defensa de los condenados y dejaría sin efecto la sentencia que condenó a Chaves, Griñán y otros altos cargos de la Junta

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Altos cargos de la Junta durante el juicio de los ERE ABC

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El Tribunal Constitucional prepara un informe que pone las bases para una futura anulación de la sentencia del caso ERE, al asumir la argumentación jurídica de los 12 condenados, entre quienes se encuentran dos expresidentes de la Junta Griñán y Manuel Chaves. Si esta argumentación sigue adelante, medida el Gobierno de Pedro Sánchez ya no tendría que tramitar el indulto que han solicitado la mayoría de los condenados.

El Constitucional admitió a trámite los recursos presentados por los condenados a principios del mes de junio y, según informa The Objective, eestaría elaborando ya un informe que prepara el terreno para la anulación de la pena de seis años y dos días de cárcel e inhabilitación absoluta por 15 años y dos días de José Antonio Griñán, ex consejero de Economía y ex presidente de la Junta de Andalucía, por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación, así como la condena a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación impuesta a Manuel Chaves.

Aunque se trata de un documento inicial que todavía no tiene consecuencias jurídicas alguna, el informe que prepara el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde Pumpido, argumenta ya que la sentencia impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla y ratificada por el Tribunal Supremo plantea «un problema relativo a una faceta de derecho fundamental que afectaría al artículo 25 de la Constitución Española y sobre el que no existiría doctrina constitucional». Los letrados de los acusados defendieron en su día que la aprobación de un anteproyecto de Ley de Presupuestos y su remisión a las cortes autonómicas no es un acto administrativo, ya que se trata del primer paso de la fase «prelegislativa».

De esta forma, los acuerdos del Consejo de Gobierno y las modificaciones presupuestarias posteriores no serían actos administrativos, sino políticos. Esta tesis podría ser asumida ahora por el Tribunal Constitucional, dejando sin efecto todo el proceso judicial y la sentencia condenatoria.

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