UGT Andalucía contraataca y pide que Juanma Moreno declare en el juicio por financiación ilegal del sindicato
La Junta de Andalucía mantiene a la organización como responsable civil subsidiaria de un fraude cifrado en 40,7 millones de euros y reprocha a la central que cite al presidente andaluz sólo en busca del «morbo mediático»
El abogado del extesorero de UGT Andalucía llama «inquisidora» a la juez Alaya en el juicio por defraudar 40,7 millones de dinero público
Órdago de la UGT de Andalucía en el juicio contra la antigua cúpula del sindicato. La organización ha pedido que el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), declare como testigo en el proceso que celebra desde este lunes la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra cinco ex dirigentes del sindicato y diez proveedores por la supuesta financiación ilegal de la organización a través de subvenciones para cursos de formación concedidas por la Junta de Andalucía entre 2009 y 2011.
En un escrito que presentó el pasado viernes ante el tribunal que juzga supuestos delitos de fraude en subvenciones y falsedad documental, el letrado de la UGT Andalucía ha solicitado que la Fiscalía Anticorrupción y la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular en el proceso, renuncien a la reclamación de los 40,75 millones de euros supuestamente defraudados mediante una trama de facturas falsas endosadas a las ayudas que dichas partes solicitan al sindicato en su condición de responsable civil subsidiario.
Durante la sesión de cuestiones previas del juicio, José María Calero, abogado del sindicato, ha aportado al tribunal la copia del acuerdo que el Gobierno de la Junta de Andalucía alcanzó en diciembre de 2022 con la UGT-A por el que el sindicato se compromete a devolver a plazos y durante 25 años en torno a 36 millones de euros correspondientes a subvenciones que la Administración autonómica le reclama desde el año 2013 porque considera que no estaban correctamente justificadas. La organización había recurrido en 23 ocasiones a los tribunales de lo contencioso-administrativo para esquivar el pago de los reintegros de dichas ayudas.
En el mismo escrito en el que aporta dicho acuerdo, Calero pide que comparezca el actual presidente de la Junta y del PP andaluz para dar cuenta del mismo y ha cuestionado que la Administración autonómica reclame 40,7 millones en la vía penal en este proceso cuando existe un «acuerdo de voluntades» que fija, asegura, la devolución mensual de una cuantía que cifró hasta en un total de 70 millones de euros. «¿Cómo se puede estar reclamando 40,7 millones en un proceso donde se acepta pagar 70 millones?», se ha preguntado este letrado en la sala, quien ha lamentado que el proceso es la consecuencia de «criminalizar una cuestión estrictamente administrativa», relacionada con discrepancias sobre la justificación de ayudas concedidas.
La Fiscalía se ha negado rotundamente a dicha petición. Ha indicado que no va a retirar su petición de responsabilidad civil al sindicato porque «una cosa es el fraude y otra cosa es la responsabilidad administrativa» y lo ha acusado de «institucionalizar el fraude». Además, el fiscal Anticorrupción Fernando Soto ha dicho que «es falso que la UGT-A quiera pagar» puesto que «sigue peleando» y pleiteando con la Junta de Andalucía para no abonar los reintegros que la Administración les reclama.
El letrado que ejerce la acusación en nombre de la Junta, en la misma línea, también se ha opuesto a la petición del sindicato porque «ese acuerdo [de pago] para nada viene a sustituir la acción derivada de un delito», como fue el «uso fraudulento» de fondos públicos. Por último, dicho abogado autonómico ha criticado la petición de José María Calero para que testifique en el juicio el presidente andaluz asegurando que «busca solo el morbo mediático».
Documentos sustraídos
En el banquillo se sientan el ex secretario general Francisco Fernández Sevilla, el ex secretario general de Administración de UGT-A Federico Fresneda, la secretaria de Gestión Económica María Charpin, la exresponsable de Compras Dolores Sánchez y el delegado de Soralpe I Más P Asociados, Enrique Goicoechea.
Las defensas, que tomaron la palabra al inicio de la sesión, ha coincidido en que se han vulnerado los derechos fundamentales de los acusados al utilizar pruebas sustraídas en el sindicato por el antiguo trabajador Roberto Alejandro Macías, quien fue condenado por un delito de revelación de secretos al haber revelado documentación del sindicato.
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