La vía Doñana se traslada a la sequía: Juanma Moreno y Teresa Ribera cierran la reunión para alcanzar acuerdos el próximo 22 de febrero
Gobierno central y Junta buscan pactos en torno a los proyectos de inversiones como desaladoras, zonas con problemas de abastecimiento o la posibilidad de traer barcos con agua de Cartagena

Un día después de que PP y PSOE votaran de forma conjunta a favor del cuarto decreto andaluz de sequía, las posiciones de los dos principales partidos en torno al gran desafío de la comunidad autónoma siguen acercándose. La consejera de Agricultura, Agua, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, destacó en sede parlamentaria su buena relación y el trabajo permanente con el secretario de Estado del Ministerio, Hugo Morán, que permite que ambas administraciones ya puedan poner fecha al encuentro entre el presidente andaluz, Juanma Moreno, y la vicepresidenta del Gobierno de España, Teresa Ribera: será el próximo 22 de febrero en el Palacio de San Telmo.
La 'vía Doñana' se impone de forma progresiva en el debate sobre la sequía que sufre la comunidad autónoma con graves riesgos para el consumo doméstico y también para la situación de los cultivos, y de otros sectores económicos como la industria o el turismo. Los equipos de Junta y Ministerio mantienen contactos permanentes y ya empiezan a generarse contenidos suficientes para avanzar en un pacto por el agua similar al alcanzado para Doñana, que supuso el primer gran acuerdo del Gobierno de España en la actual legislatura de Pedro Sánchez.
Sobre la mesa hay acuerdos a corto, medio y largo plazo que son fundamentales. En los próximos meses hay que fijar soluciones urgentes para la situación de sequía extrema que sufre Andalucía y especialmente en el entorno del Campo de Gibraltar y la Axarquía, aunque también en zonas de interior de Córdoba o Sevilla. Hay iniciativas en marcha por parte de las dos administraciones que ahora deben coordinarse y plasmarse para que conformen una estrategia conjunta de acción ante la falta de agua. En el último extremo, entra en esta batería de acciones, la llegada de barcos cargados de agua potable desde la desaladora de Cartagena a los puertos andaluces. Una medida costosa, compleja, pero que podría ser necesaria. La consejera Carmen Crespo, de hecho, afirmó en el Parlamento que en las reuniones con el Gobierno de España ya se ha abordado y se repartieron los papeles: Andalucía debía cerrar el acuerdo con Murcia y el Ministerio conseguir la autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura. Después, vendrá lo más difícil: acordar cómo se paga y quién paga esta costosa operación.
A medio plazo también hay medidas encima de la mesa. Como el listado de infraestructuras que solicita la Junta de Andalucía, principalmente presas y desaladoras, que se han venido incorporando en los últimos decretos del Estado o de la Junta y que ahora deben ejecutarse. Andalucía no se encuentra ante una situación de sequía puntual, sino ante un problema que se puede prolongar en el tiempo. Y eso obliga a cambios de modelo en cuanto a la desalación o el uso de aguas residuales regeneradas.
Pese a esta vía Doñana abierta en el campo de la sequía. Se mantiene las diferencias políticas y las críticas. La Junta de Andalucía criticó el retraso del Gobierno de España en la ejecución de inversiones en Andalucía, mientras que el PSOE, a través del diputado Rafael Márquez, acusó al Gobierno de «falta de transparencia, de rigor y de planificación» ante la falta de agua.
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