El pasado 25 de noviembre tuvo lugar el acto anual de jura o promesa de los nuevos Graduados Sociales de Córdoba, en la Ciudad de la Justicia de Córdoba, así como la entrega de medallas y diplomas al mérito profesional por su trayectoria. Dicho acto fue emotivo para el colectivo, el cual, al mismo tiempo, y a través de su presidenta Dª Carmen Mª Castro Coto ha reivindicado su lugar como operador jurídico, mostrando sin complejos la profesión de Graduado Social ante cualquier otra profesión jurídica.
El acto sirvió como reclamo del puesto como tal, y su derecho a la justicia jurídica gratuita, el cual ya llevan a cabo a través de las orientaciones jurídicas de los colegios profesionales, por supuesto con las limitaciones de tramitación y gestión. También se puso en valor el derecho a intervenir en todo el proceso judicial, incluyendo el recurso de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, pudiendo dejar de utilizar a abogados como intermediarios. Algo que hacía recordatoria de que los graduados sociales en la Jurisdicción Social son expertos y están sumamente cualificados para ello, es más, estos son los que realizan los recursos de casación, además de que la calificación les permite, son quienes realmente conocen el asunto desde los inicios. Dejando claro que “es es una incongruencia que llegados a ese punto se tenga que pedir la firma a un compañero abogado”, expresan desde el acto.
Al mismo tiempo se hizo apeló también al cierre ante los profesionales por parte de las administraciones públicas, además de a los ciudadanos, incluidos los más vulnerables. En palabras la organización: «Actualmente la administración apuesta por una digitalización total de los trámites, si bien, ello tiene su parte buena, como la eficiencia del tiempo de trabajo, o su simplificación en muchos casos, pero es cierto que se sigue necesitando el contacto humano. La Ley de Procedimiento administrativa nos obliga a los profesionales a relacionarnos con la Administración de forma telemática, pero debemos seguir teniendo un canal directo con la administración, de consultas de expedientes, aunque se realicen los trámites telemáticamente, se deberían atender a las consultas de profesionales sobre expedientes, esa atención podría evitar reclamaciones futuras, contenciosos, etc. por ambas partes».
También añadieron: «Muchas veces con una simple consulta se podría simplificar el trabajo. No deberíamos perder nunca el trato personal al profesional, que no deja de ser un intermediario entre la administración y el ciudadano, o la empresa. El profesional no es un funcionario más de la administración y por ello estamos demandando que se nos trate con ética profesional y se nos atienda para poder consultar nuestros expedientes, al igual que tenemos un código de buenas prácticas con la administración de justicia, en la cual, si somos atendidos, solicitamos lo mismo con las otras administraciones públicas».
