En los próximos cinco años, la inversión en nuevas viviendas protegidas va a alcanzar los 212 millones de euros, de los que 82 corresponden al Ayuntamiento o empresas municipales. El plan llegará a 309 millones al incluir programas de rehabilitación de barrios y diversas ayudas tanto estatales como autonómicas o municipales.
Facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada; evitar la vulnerabilidad urbana y residencial; y fomentar la calidad de la edificación y el medio ambiente urbanos son los principales objetivos de un plan que se divide en 16 programas de actuación que van desde la propia construcción de viviendas a las ayudas al alquiler, rehabilitaciones, obras de emergencia, instalación de ascensores o erradicación del chabolismo, entre otras.
De las 2.144 viviendas protegidas que se van a poner en marcha tanto en régimen de venta como de alquiler, 819, un 38% corresponden al capital municipal, mientras que 1.325, el restante 62%, pertenecen al privado. En España se ha detectado una tendencia cada vez mayor al alquiler, por lo que 481 viviendas del total estarán enfocada a este régimen.
Actualmente, los distritos norte-centro, norte-sierra, poniente-norte, sureste y poniente sur son los que presentan, y por ese orden, una mayor demanda de vivienda protegida. En cuanto a la edad, casi el 50% de las personas demandantes de VPO se encuentran entre los 35 y los 65 años, el 40% son menores de 35 años y un 10% mayores de 65. La mitad de los demandantes se decantan por el régimen de alquiler. El Plan Municipal de Vivienda incluye también el control de la vivienda turística, fenómeno que se ha multiplicado en los últimos años, en favor, precisamente, de la potenciación de la vivienda de alquiler.
En cuanto a ingresos, el 90’55% de los demandantes se sitúan en un baremo de ingresos igual o menor que tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), el 6’87% entre tres y cuatro veces dicho indicador, y el 2’58% entre cuatro y 5’5 veces el IPREM. A esta división por ingresos se la conoce respectivamente como régimen especial, régimen general y régimen de precio limitado.
En relación con el Plan Municipal de Vivienda hay que tener en cuenta que 3.382 inmuebles en Córdoba se encuentran en mal estado de conservación. De ellos 2.551 en estado deficiente, 556 en mal estado y 275 en estado ruinoso. A su vez, casi el 30% de las viviendas principales se encuentran en edificios de cuatro plantas o más que carecen de ascensor, lo que suman alrededor de 40.000 viviendas en total (la mitad en Levante). De todo ello se deduce la necesidad tanto de rehabilitaciones como de instalación de elevadores. Además, casi el 20% de las viviendas se sitúan en edificios no accesibles (el 30% en el centro y el 20% en Levante). La antigüedad media del parque residencial de Córdoba es del año 1.981, estando en los distritos sur y sureste tanto las más antiguas como las de peor calidad.
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