José María Lancho

El Gobierno de Colombia queda comprometido

¿Cómo España va a reintegrar o compartir patrimonio cultural alguno con gobiernos que pagan a sus contratistas con patrimonio cultural?

José María Lancho
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Si el Tribunal Constitucional colombiano, nacido de la Constitución de 1991, puede declarar inconstitucionales actos nacidos de otra Constitución, en concreto de la República de Colombia de 1886, actos de hace 130 años que no vulneran el derecho de gentes, bien podría suceder que esa misma lógica declarase ilegal el Acta de independencia de Colombia, si así conviniese a algún presidente, la cual bien podríamos decir que ha quedado sub judice si no nos mereciera la mayor atención el argumento honesto que pueda contener ese fallo.

Todos los que queremos una Colombia independiente y respetamos el alto nivel de sus juristas no podemos negar que el debate sobre la Colección Quimbaya se ha activado y ha alcanzado su máxima temperatura pública al fuego de otra disputa, en concreto el futuro del galeón San José. Este es un hecho. Ello nos da idea de la relevancia del elemento político en todo esto. Sin embargo, cuanto más tenga que ver esta sentencia con la disputa sobre el galeón San José más comprometido queda el Gobierno colombiano. La sentencia se construye sobre el principio de que todo patrimonio aqueológico de Colombia son bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables de conformidad con los artículos 63 y 72 de la Constitución Colombiana. Sin embargo, el gobierno Santos pretende remunerar a sus contratistas en la explotación del galeón San José con parte de su patrimonio. Algo esencialmente contradictorio con lo que, al parecer, expresa la sentencia y la propia Constitución. ¿Y cómo España va a reintegrar o compartir patrimonio cultural alguno con gobiernos que pagan a sus contratistas con patrimonio cultural, lo prohíba o no su Constitución?

La cultura Quimbaya desapareció desgraciadamente en el siglo X de nuestra era. Los españoles sólo han tenido que ver en ello nueve siglos más tarde, como conservadores e investigadores accidentales de su legado. Esa misión se ha cumplido y algo de los quimbayas no se ha extinguido. Creo que España, sólo por eso, se ha ganado el derecho a compartir la responsabilidad sobre el destino de ese patrimonio. El galeón San José es asimismo una oportunidad de explorar la idea de legado común, sin cazatesoros.

El argumento de la sentencia colombiana podría servir para recuperar todo el legado Quimbaya disperso por el mundo, especialmente en Estados Unidos. De hecho, toda la cerámica del ajuar funerario original se vendió en aquel país y muchos otros restos que salieron legalmente de Colombia con permiso de sus autoridades. Nadie ha tenido esta intención todavía. Colombia invoca valores universales que comprendemos y compartimos, pero de manera inacabada sin adherirse de pleno al derecho internacional.

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