Manuel Ruiz de Lopera (i), en el juicio por presuntas irregularidades en la administración del Betis, que encara desde hoy su recta final (Foto: EFE/Raúl Caro)
Manuel Ruiz de Lopera (i), en el juicio por presuntas irregularidades en la administración del Betis, que encara desde hoy su recta final (Foto: EFE/Raúl Caro)

Caso Lopera: crónica de una absolución y un desacuerdo clave

Los motivos del tribunal para liberar de culpa a Lopera en un juicio marcado por el pacto de julio y por la falta de argumentos de Béticos por el Villamarín

Por  5:07 h.

La sentencia hecha pública por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla en la que se absuelve a Manuel Ruiz de Lopera y cinco de sus colaboradores de la comisión de los delitos de apropiación indebida y administración desleal ha motivado reacciones de todo tipo. El principal implicado se mostró eufórico, pidiendo a su vez que se restituya su maltrecha figura. En la misma línea sus abogados, del bufete Montero Aramburu. Respeto y prudencia por parte del Betis y de las dos plataformas (Liga de Juristas Béticos y Por Nuestro Betis) que salieron del procedimiento tras el pacto de julio, la clave para este desenlace. Y anuncio de continuidad en la batalla judicial por parte de Béticos por el Villamarín (BXV), que se mantuvo como única acusación particular, ya que presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, la historia no queda resuelta con las valoraciones, sino que merece una contextualización. La sentencia ha estado muy condicionada por el acuerdo extrajudicial alcanzado el pasado verano. Lopera ha quedado absuelto de la causa mayor pero no sale limpio de la larga batalla judicial: ya soportaba una condena por delito fiscal en 2005, fue inhabilitado durante ocho años por el Mercantil 1 tras decretarse el concurso culpable del Betis y la misma sede decidió que el 31,38 por ciento de las acciones que suscribió en el 92 a nombre de Farusa no fueron sufragadas con su dinero sino del club, en un juicio celebrado hace justo tres años. Estas últimas sentencias, recurridas y aún no firmes. Y en el pacto acordó una condena de seis meses de prisión, sustituibles por 3.600 euros, por apropiación indebida pero BXV fue al todo (catorce años de prisión solicitaba) o nada y el tribunal decidió su absolución. Hugo Galera pudo salir como triunfador de adherirse al pacto y ahora queda como quien no calculó que Lopera pudiera conseguir la absolución. En todo caso, resulta malabar hacer una valoración positiva del paso de Lopera por Heliópolis en lo que a gestión se refiere con las citadas condenas ya sobre la mesa.
Existen dos análisis. El político en la vida del Betis. Y otro es el jurídico. Ambos se entremezclan y tienen como eje el pacto. La larguísima instrucción iniciada por Mercedes Alaya en 2008 a raíz de la acción de la Fiscalía a instancias de BXV y a la que se unieron posteriormente la LJB, PNB y el propio Betis, tuvo luces y sombras pero en el 95 por ciento de sus decisiones contó con el aval de la Audiencia, con pocas excepciones como la limitación de la investigación a fechas posteriores a la constitución del club en sociedad anónima y la recusación del juez Calle Peña. La Fiscalía nunca estuvo muy de acuerdo con el proceder de Alaya, que había decretado las medidas cautelares que cambiaron el gobierno de la entidad en 2010, con el desalojo de Luis Oliver tras la compraventa Farusa-Bitton, y el nombramiento de los administradores. El procesamiento (en 2014) fue durísimo contra Lopera, ya que se cifraba en más de 30 millones el perjuicio causado al club por la interposición de Tegasa y Encadesa en su gestión, que «descapitalizaba» a la entidad. Todo basándose en los informes periciales de Francisco Velasco y Julia Contreras, discutidos por las defensas, pero con indicios sólidos de la comisión de delitos, algo que debía demostrarse en sede judicial. A fecha del juicio se llega con las medidas cautelares parcialmente alzadas (la administración, principalmente) y con un pacto entre Bitton y el Betis que hacía que el club no fuera a acusar a Oliver, a su vez implicado en este procedimiento y condicionaba un acuerdo global, fracasado anteriormente.
Lopera, sus abogados y los representantes del Betis y las plataformas LJB y PNB negociaban contrarreloj para cerrar un acuerdo antes de la primera sesión. De tal forma que los abogados de Lopera solicitaron un aplazamiento por su convencimiento de que la conformidad era el mejor paso para su cliente ante la previsible condena. Una vez firmado el acuerdo, por el que Lopera reconocía su culpa (aunque de manera leve) y vendía su participación accionarial por un precio bajo para el valor actual de un club como el Betis (15,5 millones por el control del 51,34 por ciento, el 31 del mismo se contemplaba que podía ser nulo, de una sociedad saneada que facturará más de cien millones en un contexto emergente), salían del procedimiento penal tanto de la víctima, el Betis, como las plataformas PNB y LJB. Galera, presidente de BXV, rechazó el pacto (que con su inclusión hubiera tenido menor coste) y decidió continuar en solitario. Un movimiento que evitó que Lopera saliera con condenado en esta instancia y que evidenció las carencias de su posición.
¿Por qué no se dictó sentencia de conformidad cuando Lopera firmó el pacto? Lo explica el tribunal, que considera la situación «de crisis del procedimiento inusual, extraordinaria y carente de regulación legal» ya que el acuerdo no fue admitido por BXV aunque, a raíz del pacto, retiró su principal pretensión indemnizatoria, limitándola a seis hechos integradores de un delito continuado de apropiación indebida: «El hecho de no haber sido aceptado este extemporáneo acuerdo por una de las acusaciones particulares, que mantiene su petición de condena penal, hace que carezca de los efectos propios de la conformidad prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal».
La no participación de BXV en el pacto sacó el procedimiento al principal arma jurídica de las acusaciones, Adolfo Cuéllar. La persona que ha liderado todo el proceso con un trabajo incuestionable y apoyado en los tiempos más recientes por Pedro Rodríguez de la Borbolla en este frente, amén de otros colaboradores muy relevantes. Con la salida de Cuéllar y la disminución de la intensidad de la Fiscalía, conforme con la pena acordada en el pacto, el peso de la acusación recaía sobre el letrado de BXV, cuyo comportamiento dejó mucho que desear según la sentencia. El tribunal señala que la Fiscalía hizo «una descripción completa y detallada de los hechos que considera delictivos pero no hace lo mismo la acusación particular, que si bien individualiza, describe y delimita seis hechos que configuran su calificación y considera integradores de un delito continuado de apropiación indebida (…) no hace lo mismo respecto al resto de actos que estima constitutivos de un delito continuado de administración desleal, pues en cuanto a ellos se remite al contenido de los distintos informes de los peritos judiciales, lo que no resulta admisible dada su falta de concreción» y resalta que «la conclusión final de los peritos sobre el perjuicio económico producido por la interposición de Tegasa y Encadesa en la gestión de los recursos del Betis (44,9 millones) no se corresponde con la petición de indemnización (25,6) que formula la acusación particular en el escrito de conclusiones provisionales» y ofrece un caso demoledor: «Un ejemplo más de la indeterminación del acusador particular en su petición de responsabilidad penal nos lo ofrece el hecho de no mencionar a varios de los acusados en su informe final. Ni señaló cuál fue la participación de cada uno en los hechos enjuiciados, ni individualizó los concretos actos que justificarían, a su juicio, la responsabilidad penal y civil que de ellos predica. Esta falta de determinación de hechos punibles resulta aún más evidente al relatar el motivo de la inculpación de dos personas que sólo son acusadas por BXV, a saber Javier Páez y Ana María Ruiz Peña. Así, respecto del primero, sólo se dice en el escrito de acusación que es ‘sobrino de Ruiz de Lopera, fue administrador único de Tegasa desde enero de 1993 hasta enero de 1996, aparte de ser consejero del Real Betis desde diciembre de 2004’ y en cuanto a la segunda, únicamente, que ‘fue apoderada de Encadesa desde 1999’». E insiste: «En su informe final, el letrado de BXV no mencionó a ninguno de los dos referidos acusados ni tan siquiera se refirió a ellos indirectamente, evidenciando así lo injustificado de su pretensión acusadora. ¿Cómo sería posible una condena con tales argumentos? ¿Qué actos realizaron para merecer una acusación como la que han tenido que soportar? El silencio de la acusación a tales interrogantes es merecedor de la condena que se postula por las respectivas defensas de estos acusados al pago de las costas generadas a su instancia».
Esta impericia fue más sangrante para la acusación en los días en los que los peritos Velasco y Contreras tuvieron que defender sus informes, la piedra angular en la que se basaron las plataformas y Alaya para acorralar a Lopera. La indignación de Velasco en las vistas era evidente. Sentía que lo habían dejado solo. Nunca tuvo a favor a la Fiscalía, como bien recoge la sentencia, ya que le atribuye haber «dinamitado la principal prueba que ha sustentado la instrucción y los escritos inculpatorios de las acusaciones particulares» al tiempo que resalta que «la inconcreción y dudas puestas de manifiesto por el letrado de la única acusación particular que se mantiene (BXV) otro elemento que abunda en la misma minusvaloración de la pericia judicial y, en parte, va justificar el pronunciamiento absolutorio de los acusados». De tal forma que el tribunal llega a considerar, a instancias de las defensas, que el trabajo de los peritos está asentado «en una hipótesis exenta de certidumbre objetiva que no tiene por qué responder exactamente a la realidad de lo que hubiera sucedido en caso de haber gestionado el Betis sus recursos económicos», señalando que en lugar de los efectos económicos de la interposición, que ubica «en el terreno de la conjetura», lo trascendente hubiera sido «conocer la utilización o destino por Tegasa y Encadesa de los fondos que no volvían a fin de determinar su uso a los fines encomendados en los contratos y en beneficio de la actividad deportiva o por el contrario, si lo fueron en beneficio propio de las gestoras mediante diferentes modalidades de desvío o distracción». Concluyendo que «carecemos de una prueba pericial consistente y concluyente que avale la existencia de desvíos de cantidades por las sociedades gestoras, o de descapitalización del club mediante salida injustificada de fondos al patrimonio de las sociedades gestoras». Un trabajo incompleto.
Una vez heridos de muerte los informes periciales fueron cayendo las patas de la acusación sin resistencia e impulsados por la labor de Montero Aramburu. Desde la continuidad delictiva, que no se considera por parte del tribunal, y por lo tanto algunos de los hechos que trató de probar la acusación quedaron prescritos (pagarés liberados por Farusa, operación Roberto Ríos), con lo que no cabe pronunciamiento del tribunal, hasta la autocontratación, ya que podía existir ilicitud al coincidir los intereses de Tegasa y Encadesa, controladas por Lopera («pantallas», como la definió uno de sus letrados), con los de éste como administrador del Betis. Los jueces analizaron que podía haber «abuso» pero consideran que, a través de las declaraciones de consejeros de la época, Lopera comunicó «con posterioridad» la contratación y no aprecia perjuicio para el Betis.
En definitiva, una absolución motivada por un contexto afectado por un pacto que supuso una ley de punto y final con la salida de Lopera (ya condenado previamente por vía civil, desposeído de sus acciones y asumiendo una culpa de la que finalmente se ha librado en lo penal) y Oliver del día a día y con un Galera que, por el orgullo de haber sido el primero en abrir fuego en esta larguísima batalla, mantiene su posición a pesar de haber dejado pasar una oportunidad de salir en la foto entre los ganadores de un futuro mejor para el Betis. LJB y PNB ya han anunciado que se disolverán en breve y el club camina ya con un accionariado repartido y mirando a un futuro desligado de Lopera, Oliver y un pasado cuya puerta queda completamente cerrada.

Mateo González

Mateo González

Jefe de Sección de Deportes en ABC de Sevilla
Mateo González

@Matglez

Periodista / Journalist. Jefe de Deportes de @abcdesevilla, @AFDLP y @Orgullo_Nervion RT no significa estar de acuerdo
RT @OM_Espanol: @RealBetis @OM_Officiel En el fútbol ya demostramos ayer que somos los mejores, pero si queréis nos llevamos las raquetas d… - 4 horas ago