Momento del reparto de puesto en uno de los cotos sociales
Momento del reparto de puesto en uno de los cotos sociales - ABC
Castilla-La Mancha

Los cotos sociales, protagonistas

La nueva ley que rige la caza en Castilla-La Mancha ha cambiado el punto de mira:de caza intensiva a otra social

ToledoActualizado:

Cuando hace aproximadamente un año se aprobó la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, el objetivo prioritario marcado era el de ser una norma de corte social que alcanzara a todos los públicos, porque esta región no se concibe sin la caza. Eso pasaba por conciliar los intereses tanto de los cazadores como de los sectores proteccionistas, sin olvidar naturalmente a los agricultores y a los propios habitantes de las zonas rurales.

Y todo eso teniendo en cuenta el gran peso que la actividad cinegética tiene en esta comunidad: 634 millones de euros (1,7 del PIB de la región), 23.550 puestos de trabajo y 16 industrias de las 48 industrias a nivel nacional encargadas de la recogida y procesado de carne de caza situadas en Castilla-La Mancha.

Una de las principales apuestas de la nueva ley ha sido la recuperación de la figura del coto social en terrenos de propiedad pública. Así lo destaca el director general de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, José Manuel Martín Aparicio, al señalar que el mayor cambio de la nueva ley es «la apuesta por una caza social, frente a la intensiva que había antes, y eso conlleva la recuperación de los cotos sociales, y los beneficios fiscales a los cotos de los pueblos, a los que estén federados y también la exención de pago a las personas jubiladas».

El modelo del coto social supone un régimen de igualdad de oportunidades. Un sistema que ya se ha puesto en marcha en dos cotos sociales situados en montes públicos, el de «Canadillas», en Sevilleja de la Jara (Toledo) y el de «La Dehesa», en Alpera (Albacete). En ambos cotos se prioriza a los cazadores locales y regionales frente a los nacionales a la hora de adjudicar los puestos de caza. Así, los cazadores locales y autonómicos se reparten un 40 por ciento cada uno y el 20 restante para los nacionales.

Disposiciones fiscales

En el caso del coto de Sevilleja de la Jara este año se presentaron 1.598 solicitudes para participar en todas las modalidades de caza, como la montería, rececho y guardos de jabalí, con un reparto de 182 puestos para cazadores regionales y 49 nacionales. En la última montería se adjudicaron 55 puestos, con la participación de 11 rehalas. Para la próxima temporada ya estará a pleno funcionamiento el coto de Alpera y también están previstos otros en la provincia de Ciudad Real.

Las medidas para propiciar esa caza apta para todos se completan con otras disposiciones de índole fiscal o impositivo a favor de los cazadores. Así, a los mayores de 65 años residentes en Castilla-La Mancha se les ha eximido de pagar la tasa de licencia de caza y pesca. Asimismo, a los cazadores que pertenecen a Zonas Colectivas de Caza se les ha reducido a la mitad las tasas de matrícula y renovación. Además, en los casos en los que un cazador forma parte de un coto cuyo titular sea una asociación o club federado las tasas también tienen una reducción del 50 por ciento. Todo ello ha redundado en el crecimiento de las licencias de caza, estancadas durante unos años, y que ahora superan en la región las 110.000.

Dentro del capítulo de sanciones, la nueva ley de Castilla-La Mancha establece una graduación de las mismas, atenuando las consideradas menos lesivas y agravando las que son más perjudiciales para la práctica cinegética. Entre estas últimas figura ahora, por ejemplo, la recogida de desmogues, básicamente astas de ciervo y corzo, sin autorización del titular del terreno.

«Zonas de seguridad»

Uno de los aspectos más polémicos en los últimos tiempos en las zonas rurales es el de los daños agrícolas, forestales o ganaderos que producen las especies cinegéticas en las llamadas «zonas de seguridad» de las autopistas, autovías, líneas férreas e infraestrcuturas hidráulicas. En este sentido, la Ley de Caza de Castilla-La Mancha deriva a la Administración central la responsabilidad de indemnizar por esos daños, medida que fue bien acogida por las organizaciones agrarias. No obstante, esto ocasionó un conflicto con el Ministerio de Fomento, que ha llevado al Tribunal Constitucional esta decisión de la Junta. Para tratar de llegar a una entente se ha creado una mesa de negociación.