Juanma López
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Fútbol

Investigan a un fondo de inversión del fútbol que pudo defraudar más de cinco millones de euros

Dos exjugadores del Atlético de Madrid, Juanma López y Mariano Aguilar, forman parte del grupo de seis personas sujeto a investigación

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La Audiencia Nacional ha admitido una querella de la Fiscalía Anticorrupción para investigar a Doyen Sports Investment Limited, uno de los principales fondos de inversión que gestionan los fichajes en el fútbol español. El proceso incluye a su administrador, Nelio Freire Lucas, dos intermediarios y otras dos personas a quienes todavía no se ha identificado, a los que se acusa de no tributar en España los rendimientos derivados de estas operaciones, así como de la financiación de clubes en situación económica comprometida.

Se estima que la sociedad, registrada en Malta, podría haber defraudado más de cinco millones de euros. La lupa se ha puesto sobre transacciones en las que se han visto implicados clubes como el Getafe, el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Valencia, el Granada, el Cádiz, el Sporting de Gijón, el Elche, la Federación de Fútbol (RFEF) y la Liga (LFP). En cualquier caso, estos equipos no forman parte de la investigación.

Además de Freira Lucas, están implicados dos exjugadores del Atlético de Madrid: el intermediario Juan Manuel López Martínez y su pareja Rocío del Carmen Sánchez Ortega, y el también intermediario Mariano Aguilar López y su hermano Miguel. Los seis han citados a declarar como investigados entre mañana y el viernes ante el Juzgado Central de Instrucción 5.

Según puede leerse en el auto, este fondo recibía como contraprestación por parte de los clubes financiados, además del cobro de los intereses por el préstamo, porcentajes asociados a posibles futuras ventas de los futbolistas implicados en estas operaciones. En los contratos entre el fondo de inversión y los equipos se precisaba que la venta debía llevarse a cabo de forma obligatoria en el caso de que la entidad recibiera una oferta que cumpliera con las condiciones previamente acordadas entre ambas partes.

Estos acuerdos denominados TPO (Third Party Ownership) fueron prohibidos por la FIFA en abril del año 2015. A partir de dicha fecha, subraya la resolución, Doyen mantuvo la vigencia de dichos contratos formalizados hasta entonces y siguió gestionando los derechos de imagen y concediendo nuevos préstamos a clubes de fútbol profesional.