Economía

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Ecuador aprueba un alza de impuestos a la banca para ayudas a los pobres

El Gobierno espera recaudar unos 164 millones de dólares. Se sumará a la partida de 140 millones que aporta el Estado

Día 21/11/2012 - 17.43h

La Legislatura de Ecuador ha aprobado este miércoles un proyecto de ley impulsado por el presidente, Rafael Correa, que eleva los impuestos a la banca para destinarlos a ayudas a los pobres, el cual se ha convertido en objeto de disputa electoral.

Por 79 votos a favor, 5 en contra y 10 abstenciones, la Asamblea Nacional, el parlamento unicameral ecuatoriano, ha dado el visto bueno a la iniciativa. Eran necesarios por lo menos 63 votos para su aprobación.

Los legisladores de la oposición se sumaron a los 54 escaños del movimiento oficialista Alianza País y de sus aliados socialistas en favor del documento, que mantuvo el contenido principal del borrador enviado por el Ejecutivo.

La iniciativa

El Gobierno espera recaudar anualmente con esta iniciativa unos 164 millones de dólares (128 millones de euros) adicionales de la banca privada y añadir 140 millones de dólaers (109 millones de euros) del Estado para elevar de 35 a 50 dólares un bono que reciben mensualmente 1,2 millones de pobres.

Además, otros 600.000 ancianos y discapacitados reciben esa cantidad, aunque no están incluidos en el mismo programa, según la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades).

La votación ha tenido lugar después de un debate que ha durado todo el día y en el que participaron 28 legisladores.

Se han manifestado en su gran mayoría a favor de subir el llamado Bono de Desarrollo Humano, un programa de transferencia de dinero establecido hace más de una década en Ecuador y que es similar a otros existentes en el resto de América Latina, aunque lo parlamentarios discreparon sobre cómo hacerlo.

Francisco Velasco, de Alianza País, quien preside la comisión legislativa que elaboró el informe sobre la iniciativa, denunció la «enorme presión» de la banca contra el proyecto.

«Le están regateando quince dólares a los ecuatorianos y ecuatorianas con una parte de las utilidades de la banca, que sigue siendo un extraordinario negocio», ha aseverado.

Las elecciones

En cambio, Enrique Herrería, asambleísta independiente, ha alertado de la posibilidad de que haya una crisis en Ecuador «por el ataque contra la libre empresa y la banca».

César Rodríguez, un legislador que se separó de Alianza País, dijo que el proyecto «es la más perversa maniobra electorera y demagógica» y Vicente Taiano, otro asambleísta independiente, lo tildó de una «compra del voto».

La iniciativa ha sido uno de los temas principales en el debate electoral de cara a los comicios presidenciales y legislativos de febrero de 2013.

La propuesta del alza del bono la presentó originalmente Guillermo Lasso, un exbanquero que está segundo en las encuestas para la Presidencia, aunque él dijo que la pagaría con los fondos que el Estado destina a publicidad.

Correa, quien lidera los sondeos, prometió el mismo incremento, pero costeado con un aumento de los gravámenes a la banca, mientras que el expresidente Lucio Gutiérrez, otro candidato, propuso subir el bono a 65 dólares.

La Asociación de Bancos Privados de Ecuador argumenta que la ley restringirá el crecimiento del patrimonio de sus afiliados y con ello ralentizará la oferta de crédito para la economía.

Por su lado, Correa acusa a los banqueros de llevar a cabo «una estrategia del terror» para intentar que los ecuatorianos «no apoyen al Gobierno y ver si ponen a su candidato» como presidente.

No ha habido una corriente fuerte de oposición al proyecto de ley fuera del sector bancario y empresarial.

Las medidas

En Ecuador, como en otros países del mundo, los banqueros no son muy queridos, en particular por la grave crisis financiera que sufrió el país andino en 1999, en la que muchos votantes perdieron sus ahorros.

Correa y el Gobierno han estimulado las referencias a esa crisis y han vinculando con ella a Lasso, como exbanquero.

Entre las disposiciones de la nueva ley está una subida de los gravámenes sobre los fondos depositados en el extranjero y la fijación de un Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 % para los servicios financieros, que hasta ahora estaban exonerados.

También da potestad a una entidad estatal para poner techo a los sueldos de los directivos de los bancos y amplía el acceso del Servicio de Rentas Internas (SRI) a la información bancaria de los ciudadanos.

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