En Europa la economía sumergida derivada del empleo no declarado se sitúa en el 18% del PIB - abc

El empleo y la economía sumergida representan el 18,6% del PIB en España

El estudio de Randstad detecta que los países con niveles elevados de corrupción en el sector público tienen una mayor presencia de trabajo no declarado

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El empleo no declarado y la economía sumergida representan en España el 18,6% del PIB, lo que supone más de 190.000 millones de euros, según un informe sobre Flexibilidad en el Trabajo 2014 elaborado por la agencia de colocación Randstad. El estudio, presentado este miércoles, indica que más de 1.800 millones de personas desempleadas de los países de la OCDE cuentan con algún tipo de empleo no declarado, es decir, el 60% del total de trabajadores (3.000 millones de personas).

Además, añade que la tasa que representa esta economía sumergida sobre el PIB de España prácticamente duplica las registradas en Francia (9,7%) o el Reino Unido (9,9%). De media, en Europa la economía sumergida derivada del empleo no declarado se sitúa en el 18% del PIB, dato que se debe a que hay un mayor número de personas en esta situación en los países del Este, como Bulgaria (31%), Rumanía (28%) o Hungría (28%), mientras que otros están muy por debajo, como Austria (7,5%) o Luxemburgo (8%). Más allá de Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda cuentan con índices inferiores al 10%.

El informe distingue entre dos formas de luchar contra la economía sumergida, en función del modelo de estado y del gobierno de cada país.

Por un lado, la postura liberal defiende una menor presión tributaria, la desregulación y una intervención estatal mínima para frenar la economía sumergida, en tanto que el modelo estructuralista aboga por más regulación estatal del mercado laboral, más protección social y eficiencia en la intervención del gobierno.

La Comisión Europea considera empleo sumergido cualquier tipo de actividad retribuida no declarada a las autoridades pertinentes, algo que obstaculiza la recaudación fiscal, perjudica al sistema de protección de la Seguridad Social y fomenta la competencia desleal.

El estudio detecta que los países con niveles elevados de corrupción en el sector público tienen una mayor presencia de trabajo no declarado en el mercado laboral.