María Jesús Montero, ministra de Hacienda (centro) junto a la ministra de Justicia, Dolores Delgado (dcha)
María Jesús Montero, ministra de Hacienda (centro) junto a la ministra de Justicia, Dolores Delgado (dcha) - EFE
Fondo de las Comunidades

Sánchez vuelve a servirse de la Abogacía del Estado

Polémica en los servicios jurídicos por la estrategia de liberar 4.700 millones a las comunidades antes del 10-N

Madrid Actualizado: Guardar
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El bloqueo, primero, y la liberación, después y en plena precampaña electoral, de parte de la financiación de las Comunidades Autónomas ha originado una auténtica marejada en la Abogacía General del Estado. El Gobierno ha logrado finalmente el informe favorable al desbloqueo de los 4.700 millones de euros en concepto de entregas a cuenta retenidos mientras el Ejecutivo estaba en funciones pero ha tenido que ser avalado por la abogada general del Estado, Consuelo Castro, tras la polémica surgida entre los representantes de los servicios jurídicos del Estado desplegados en el Ministerio de Hacienda. Según han confirmado a ABC fuentes cercanas al ministerio, los funcionarios demostraron su malestar por las formas del Gobierno.

Una segunda fuente confirma que el informe habría sido elevado a la abogada general del Estado después de que el documento remitido por el ministerio de Hacienda no suscitase consenso en los servicios jurídicos. Desde el Gobierno no se precisa este extremo ni se quiere entrar a analizar quién habría firmado el informe. Pero sí se reconoce que ha existido «un debate jurídico» para ver cómo articular algo «que no se había hecho nunca» porque formaba parte del despacho ordinario del Ejecutivo. Fuentes oficiales del ministerio de Hacienda aseguran que el informe «se ha remitido por el canal habitual» y que «en todos los preparativos han estado presentes los abogados adscritos al ministerio». Por su parte, fuentes oficiales del ministerio de Justicia aseguran que «nadie ha hecho llegar el malestar a la Abogacía del Estado y que nadie se ha negado a firmar el informe» y aseguran que el hecho de que se haya elevado se debe a la «especial complejidad» del caso.

En el Gobierno defienden que la solución supone «un hito» en la manera de entender la financiación autonómica. Y que se sentará un precedente porque, a partir de ahora, la financiación de las autonomías ya no dependerá de que haya o no Presupuestos del Estado.Desde presidencia del Gobierno tampoco se quiere asegurar la fecha en la que se llevará la cuestión al Consejo de Ministros, porque ahora mismo también se acumula con otros temas importantes para el Gobierno, como la exhumación de los restos de Franco. Pero sí lanzan un mensaje de determinación: «El presidente ha dicho que será antes del 10 de noviembre y así será».

Fuentes parlamentarias aseguran, no obstante, que el decreto puede aprobarse este mismo viernes y, de hecho, Sánchez aprovechó ayer una entrevista en televisión para dar la noticia de que ya tiene en su poder «todos los informes» que le permitirán desbloquear las entregas a cuenta y que podrá hacerlo «en los próximos días». Como fuere, ese decreto ley tendría que ser convalidado por la Diputación Permanente del Congre- so. En el Gobierno son conscientes de que hacerlo en este periodo suscitará críticas, por electoralismo y por su rotunda negativa anterior, pero se confía en que el apoyo del PP, ante las necesidades de sus regiones, y las de las propias comunidades evite que la polémica se extienda. No obstante, los populares fueron muy críticos con la actuación del Ejecutivo en este caso. «Supone la utilización partidista de un órgano consultivo como la Abogacía del Estado y un grave deterioro de los servicios públicos sociales educativos y sanitarios en las comunidades. Es una irresponsabilidad», denunció en su momento el portavoz económico del PP, Mario Garcés.

El fondo jurídico

Los fondos autonómicos retenidos fueron este verano uno de los elementos de presión del Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, para intentar facilitar la investidura de Sánchez, argumentando que solo un Gobierno con plenas funciones podía desbloquearlos. Pero el fracaso de las negociaciones entre el PSOE y Podemos y la consiguiente convocatoria electoral ha terminado por poner en evidencia esta estrategia y ha dejado «a los pies de los caballos», según las mismas fuentes, a los servicios jurídicos estatales. De hecho, el bloqueo suscitó la denuncia de las comunidades afectadas, que tacharon de «chantaje» la actitud del Ejecutivo y algunas, como Cataluña, llegaron a anunciar medidas legales. Galicia fue la primera comunidad en demandar una solución y lo hizo antes incluso de que el Gobierno central estuviese en funciones.

La ministra Montero afirmaba entonces que su posición contraria al desbloqueo se respaldaba en un informe de la Abogacía General del Estado. Aunque días después tuvo que reconocer que aún no existía tal documento pero que lo recibiría «en breve». Sin embargo, el Gobierno cambió su postura ante la convocatoria de las elecciones lo que le hizo necesitar un nuevo informe de los servicios jurídicos, pero esta vez con la tesis contraria. Desde el Gobierno explican ahora que, al prolongarse su situación en funciones, se requiere una actuación que «no tenía sentido» abordar en un momento en el que existían posibilidades de que llegase a constituir un Gobierno en plenitud de funciones. Según aseguran, el mecanismo consistiría en un decreto ley. Pero aunque se apruebe esa norma consideraban necesario el visto bueno de la Abogacía del Estado para lo que pretendían hacerles llegar un informe para «convencer» a los servicios jurídicos.

Dos son las premisas que el Gobierno pretendía argumentar: que la decisión que se tome no compromete al Gobierno entrante y que el decreto responde a una necesidad perentoria, criterios que el Ejecutivo interpreta que ahora mismo sí se cumplen. Respecto al primero de ellos, el Gobierno pretendía que la Abogacía del Estado no comparase esta situación con otras decisiones de gasto que puedan comprometer a un nuevo Ejecutivo, ya que entienden que en este caso se trata de anticipos que debería abordar cualquier Gobierno, sea del signo que sea, una vez se constituya. El segundo elemento consistía en justificar la urgente necesidad del desbloqueo de fondos. El Gobierno ha utilizado la complicada situación de dos regiones en concreto, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, que pueden entrar en breve en una situación de graves problemas para atender a sus gastos más básicos. Esa situación de previsible colapso financiero ha sido uno de los argumentos que el Gobierno utiliza para justificar su actuación, para apuntalar el criterio de «interés público y urgente necesidad».

Pedro Sánchez ya anunció durante un mitin de partido en la Comunidad Valenciana, la región más afectada por esta falta de fondos, la liberación de las entregas a cuenta, aunque la fórmula final no estaba todavía definida en ese momento. Se da la circunstancia que cuando Sánchez hizo ese anuncio, Hacienda todavía no había terminado de preparar esa argumentación para convencer a la Abogacía ni había recibido por tanto el visto bueno a sus argumentos.

En la tarde de ayer, Hacienda anunciaba también la puesta a disposición de los ayuntamientos con más problemas de deuda. «Se ha abierto el plazo para que los ayuntamientos que se encuentran en situación de riesgo financiero puedan presentar sus solicitudes para acogerse a diversas medidas de apoyo», aseguraba en un comunicado.