Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña
Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña - AFP

Las autonomías le endosan al Estado más deuda: otros 10.000 millones en 12 meses

El Gobierno central ya tiene en sus manos el 60% de todo el endeudamiento autonómico

MadridActualizado:

Las comunidades autónomas, con Cataluña al frente, han descargado en las espaldas del Estado otros 10.000 millones de euros de deuda en solo doce meses. Según los últimos datos certificados por el Banco de España, el Gobierno central ya tiene en sus manos el 60% de todo el endeudamiento autonómico, a través del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas. Y la cifra va a más, pese a que la teoría apuntaba que esa fórmula iba a ser pasajera, mientras durara la crisis. Pero la crisis pasó hace más de cinco años, y el Estado sigue siendo el gran y generoso prestamista de los gobiernos regionales.

La Generalitat catalana es la más beneficiada. De marzo de 2018 a marzo de 2019 se ha endeudado en otros 4.291 millones de euros a cargo del Estado, que ya tiene en sus manos las tres cuartas partes de toda la deuda pública del Gobierno catalán, fruto de los abultados y continuos préstamos de los que se está nutriendo desde hace seis años. La Generalitat catalana ya le debe al Estado 58.673 millones de euros, según la última cifra certificada por el Banco de España.

Lo que iba a ser un mecanismo extraordinario de financiación se ha acabado convirtiendo en un caudal permanente con el que los gobiernos autonómicos enjugan su déficit estructural en condiciones privilegiadas. Esta fórmula de préstamos del Estado surgió en 2013, cuando la crisis acorraló a autonomías asfixiadas por las deudas, tras años de excesos y de déficit desbocado. Así surgieron el Plan de Pago a Proveedores, el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el Fondo de Facilidad Financiera. Ahora, todas esas líneas de préstamos extraordinarios del Estado han queda agrupados bajo el nombre de Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.

A través de este fondo, los gobiernos autonómicos ya acumulan una deuda con el Estado de 178.344 millones de euros, según el último saldo certificado por el Banco de España, al cierre del primer trimestre de este año. La Administración central se ha convertido en el mayor acreedor de las comunidades autónomas.

Los dos únicos gobiernos regionales que no se han acogido a estos mecanismos especiales son el País Vasco y Navarra. Sus ventajosos regímenes forales les procuran unos recursos que les permiten prescindir de ese «grifo» de préstamos estatales.

Exceso de gasto

Cuando nacieron los préstamos del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas se dijo que tenía un doble cometido: evitar el colapso de autonomías al borde del precipicio, aliviar las cuentas del resto y ayudar a todas a sanearse a cambio de meter en cintura sus cuentas a partir de ese momento. Pero esto último no se ha producido. Las autonomías siguen gastando por encima de sus posibilidades, pero ahora con la tranquilidad de saber que el Estado les presta dinero en condiciones ventajosas, sin tener que enfrentarse a los mercados.

Los datos son contundentes: en plena crisis, con los ingresos fiscales muy adelgazados y el déficit muy agravado, las autonomías se endeudaron en 136.000 millones de euros; desde mediados de 2013, con la economía al alza y los ingresos fiscales creciendo con fuerza, los gobiernos regionales se han endeudado en otros 100.000 millones de euros.

El gobierno regional líder en endeudarse a costa del Estado es el catalán: casi 4.300 millones entre marzo de 2018 y marzo de 2019

El problema de fondo es que las autonomías han vuelto a disparar el gasto al calor de la reactivación económica. Solo una pequeña parte de ese fuerte aumento de los ingresos lo han aprovechado para recortar el déficit; el grueso lo han usado para alimentar un gasto público creciente.

El economista Juan Velarde, presidente de la Real Academia de Ciencias Políticas y Morales, cree que el Estado debería ejercer un control mucho más estricto de las cuentas autonómicas. A su juicio, que la Administración central soporte cada vez más parte de la deuda de las autonomías no es malo en sí mismo, pero hay un problema si eso no va a acompañado de «unos mecanismos de control y de vigilancia realmente eficaces, rigurosos y que conlleven la amonestación y el correctivo por parte del Estado hacia las administraciones regionales incumplidoras». Y destaca la importancia que al respecto tiene el Tribunal de Cuentas como órgano independiente de fiscalización.

Arquitectura autonómica

Para Juan Velarde, tras la galopada de la deuda autonómica hay un gran problema de fondo: la multiplicación de entes en unas administraciones que no han parado de engordar, a menudo solapándose con otras administraciones. De ahí que considere necesario «repasar y subrayar los límites que la Constitución establece para las autonomías en la arquitectura estatal» y que se controle su cumplimiento. «Las autonomías tienen su ámbito marcado en la Constitución y han de actuar dentro esos límites», insiste Velarde.

Por su parte, el economista Rafael Pampillón cree que los mecanismos especiales de financiación del Estado a las autonomías tuvieron sentido durante la crisis, pero no ahora. «Ese borrón y cuenta nueva que supusieron las inyecciones de liquidez del Estado en las autonomías tuvieron sentido la primera vez y en circunstancias muy excepcionales, pero tras más de cinco años de crecimiento económico lo suyo sería que cada palo aguante su vela, que cada gobierno autonómico se encargue de financiar el déficit en el que incurre por seguir gastando muy por encima de lo que le permiten sus ingresos», afirma Rafael Pampillón, que es catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo y profesor también del IE Business School. A su juicio, se debería conminar a cada autonomía a que sufragara su déficit con medidas fiscales -subidas tributarias- más que con nueva deuda, «pero los impuestos tienen un coste en términos de votos y ningún responsable parece dispuesto a asumir ese coste político», prefieren gastar más y pagarlo al debe.

Pampillón destaca que, en la práctica, el marco actual está animando a las autonomías a endeudarse, en vez de a gastar menos. «Hay una especie de barra libre por varias razones: el Estado continúa prestando dinero, los tipos de interés están bajos y el Banco Central Europeo sigue dispuesto a comprar deuda, así que la ‘‘fiesta’’ de un gasto público excesivo sale barata». Ahora bien, si cambian las tornas, vuelve una crisis como la que estalló en 2007 y se dispara la prima de riesgo de la deuda española, el escenario será más complicado que entonces, porque el sector público español está mucho más endeudado que en 2007.