Desde 2008 se han producido sesenta modificaciones a la Ley sobre el Impuesto de Sociedades
Desde 2008 se han producido sesenta modificaciones a la Ley sobre el Impuesto de Sociedades
Tribuna

Bonus malus al empleo de calidad

«La gran mayoría de nuestro tejido productivo no está en condiciones de asumir nuevos incrementos en la fiscalidad», dice Francisco Aranda Manzano

Francisco Aranda Manzano
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El mundo empresarial está enormemente preocupado con las ideas de incrementos fiscales que hay en el ambiente. Tras el esfuerzo espectacular que van a realizar las empresas para hacer frente al nuevo AENC recientemente pactado, la gran mayoría de nuestro tejido productivo no está en condiciones de asumir nuevos incrementos en la fiscalidad. La continua adopción de medidas de urgencia en materia tributaria es completamente incompatible con la más mínima seguridad jurídica exigible por el más pequeño empresario. Las subidas de cotizaciones o de Sociedades se han llegado a convertir en medidas recurrentes en España, e incluso de carácter retroactivo, y así es difícil conseguir que nuestras empresas ganen tamaño y competitividad porque en vez de destinar recursos a nuevos empleos o nuevas inversiones, que posteriormente multiplicarán la recaudación, tienen que destinarlos a Hacienda.

Un ejemplo concreto es que desde 2008 se han producido sesenta modificaciones a la Ley sobre el Impuesto de Sociedades. Es decir, que durante los últimos diez años, hemos tenido una media de una modificación cada dos meses. Semejante record de errores presupuestarios es impensable en la contabilidad del más humilde kiosko de pipas.

Pues bien, con las llamadas cotizaciones sociales sucede lo mismo. Este impuesto al empleo, que en España es de los más altos de Europa, ha vuelto a ser protagonista porque parece que el Gobierno de Pedro Sánchez sopesa incrementarlo. Ya es un enorme contrasentido que el segundo país de la UE con más paro, tenga un impuesto elevado a la creación de empleo. Pero la nueva idea se asienta en una contradicción aún peor porque pretende focalizarse en los salarios medios y altos, es decir, en aquellos empleos que aportan más valor añadido y que tradicionalmente se llaman de calidad.

Actualmente, empresarios y trabajadores aportan a la Seguridad Social el 29% del salario de cada trabajador -el 24% lo abona el empresario y el 5%, el trabajador- en lo que se denomina cotización por contingencias comunes. Pero este tipo de cotización del 29% no se aplica a la totalidad de los salarios, sino que tiene un suelo mínimo y un techo máximo que se fija cada año. Ahora, la base mínima de cotización de los trabajadores está fijada en 1.199 euros y la máxima en 3.751,20 euros al mes (alrededor de 45.000 euros anuales). Así, toda la parte del salario que ahora mismo supere estos 45.000 euros no cotiza a la Seguridad Social, por lo tanto ni el empresario ni el trabajador aportan nada por las cantidades que exceden y, lógicamente, las pensiones máximas también están topadas, no pudiendo superar un límite que también se fija cada año.

Lo que propone el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez es eliminar ese tope máximo y que empresarios y empleados coticen por la totalidad del salario que perciben. Además, este palo fiscal no significaría destopar proporcionalmente las pensiones porque a esos paganos no se les aplicaría la contributividad del sistema (que la cuantía de la pensión responda al esfuerzo de cotización realizado).

Frente a quienes sostienen que se trata de una medida que pagarían básicamente las compañías, hay que aclarar que las empresas son personas y que, por lo tanto, cualquier medida que les efecte siempre tiene consecuencias en las personas. Este aumento de cotizaciones supondría, en primer lugar, poner un palo muy importante en esa rueda que pretende que avancemos hacia la economía de la digitalización y la de la industria 4.0, es decir, de los trabajadores formados, con buenas salarios y que aportan ventajas competitivas a las organizaciones.

Un nuevo tejido productivo que generará mayor riqueza y empleo del que todos nos vamos a beneficiar. Pero los recursos de nuestras empresas, después de la crisis, están muy limitados. Por eso, el aumento de las cotizaciones se traduciría en un bloqueo de la puerta que lleva al mercado de trabajo junto con un recorte de salarios de los más cualificados o un ajuste de empleo de los que menos cobran para costear el encarecimiento de los salarios medio/altos. Nuestra política fiscal debería fomentar un tejido productivo que pueda hacer frente a la transformación que avanza con gran rapidez en un mundo globalizado.