De Cataluña hacia la macroeconomía

JUAN VELARDE FUERTES
MadridActualizado:

Una vez más, ha quedado a la vista de todos, en relación con el despilfarro económico separatista de la autonomía catalana, el papel clave que tiene en España el Tribunal de Cuentas (TC). Es significativo señalar que su nacimiento tuvo lugar en plena Edad Media, al generarse una marcha hacia la responsabilidad que pudiera tener Juan II de Castilla para aclarar a las Cortes lo que se encontraba detrás de la derrota castellana en la batalla de Aljubarrota.

En estos momentos, uno de los mayores riesgos económicos que amenazan a España es el déficit del sector público. Y una de las causas se encuentra en el terreno de las autonomías. La tentación del mal empleo del gasto público aparece en ese ámbito más de una vez y de forma muy preocupante. Recientemente se ha señalado -y ha tenido consecuencias políticas- en el caso de Andalucía. Y ahora, como hemos sabido gracias a una completa información de ABC, fueron los planteamientos separatistas de Cataluña los que generaron una desviación del gasto público fuera de objetivos razonables para intentar financiación para el proyecto separatista.

Pero esta cuestión necesita ampliarse porque el sector público exige hoy continuos planteamientos de eficacia. No es posible olvidar ni un momento que nuestro sector público posee una magnitud económica cuyo valor total ronda alrededor del 40% del Producto Interior Bruto.

Esto abre necesariamente una puerta a nuestro Tribunal de Cuentas para que, al vigilar las consecuencias de la política pública, plantee referencias a las magnitudes macroeconómicas que pueden resultar favorecidas o perturbadas.

Para ello es preciso señalar ante el futuro la necesidad del estudio, por parte del Tribunal de Cuentas, más allá de la simple contabilidad presupuestaria, que es preciso abordar efectivamente su legalidad pero también lo que sucede con la contabilidad nacional, o sea con las magnitudes macroeconómicas. Es una consecuencia obligada del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Un gran economista, Stuart Mill, nos envió para siempre esta necesaria observación en «Considerations on representative government»: «El verdadero protagonista de un gobierno constitucional exige que se sospeche que se puede abusar del poder político… porque siempre fue así, porque ésa es la tendencia habitual de las cosas». En la protección frente a esas tentaciones que complican, y a veces hunden el conjunto económico nacional, debe encontrarse nuestro Tribunal de Cuentas.

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