La existencia de los tres cárteles se supo gracias a Alstom que se acogió al programa de clemencia
La existencia de los tres cárteles se supo gracias a Alstom que se acogió al programa de clemencia - JUAN CARLOS SOLER

Multa de 118 millones a 15 empresas por repartirse contratos de Adif valorados en más de 1.000 millones

Sanción ejemplar de Competencia, que pide que la Administración no contrate a estas empresas

MadridActualizado:

Golpe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al sector ferroviario. El organismo dirigido por José María Marín Quemada anunció ayer que ha interpuesto una multa de 118 millones contra Elecnor, Siemens, Alstom, Indra, Isolux, cuatro filiales de ACS (Cobra, Cymi, Semi y Electrén), una filial de OHL (Eym), otra de Sacyr (Neopul) y una de Abengoa (Inabensa) por repartirse de manera ilícita contratos públicos de Adif. Además, el organismo también ha impuesto una sanción de 660.000 euros contra catorce directivos a los que la institución ve responsable de estas prácticas.

El caso, que se inició tras la información aportada por Alstom en el marco del Programa de Clemencia, supone un hito. Además de imponer estas sanciones, Competencia pide por primera vez que se prohíba a estas empresas contratar con la Administración. La posibilidad de imponer este veto viene recogido en la ley de contratos del sector público y se activa cuando existen compañías que hayan sido condenadas en firme una serie de delitos entre los que se encuentran asociación ilícita y corrupción en los negocios. Pese a ello, podrían pasar años hasta que la prohibición se ejecute. Para empezar, porque la multa debe ser firme y las empresas implicadas tienen previsto recurrirla.

Tres cárteles

Según Competencia, todas estas compañías crearon tres cárteles en las licitaciones del AVE y del tren convencional para repartirse el mercado durante catorce años. En el primero de ellos, trece empresas (Cobra, Siemens, Elecnor, Semi, Inabensa, Alstom, Isolux, Cymi, Comsa, Electren, Neopul, Citracc, y Eym) «adoptaron acuerdos para el reparto de 24 licitaciones para la construcción y mantenimiento de la electrificación del AVE durante ocho años», desde 2008 hasta 2016. El importe total de los contratos adjudicados ascendió en este caso a 837 millones de euros.

«Los acuerdos en ese cartel fueron evolucionando a lo largo del tiempo, desde abril de 2008 hasta marzo de 2016, en función de las licitaciones que se iban produciendo y de las empresas que participaban de la estrategia colusoria», explicó ayer la CNMC.

El segundo cártel fue todavía más duradero: se extendió desde 2002 hasta 2016. En este caso, diez compañías (Elecnor, Cobra, Semi, Inabensa, Cymi, Alstom, Electren, Siemens, Telice y Eym) adoptaron acuerdos en relación con, al menos, 239 licitaciones relacionadas con la electrificación del tren convencional. Entre ellas, en 173 ocasiones las implicadas resultaron adjudicatarias. Unos contratos valorados, según el regulador, en 134 millones. En este caso, existían incluso mecanismos de compensación entre las compañías implicadas, de tal manera que aquellas que no fueran adjudicatarias de los contratos se aseguraban un 6% sobre la cifra de contratación a repartir a partes iguales.

Por último, el tercer cártel identificado por Competencia se creó para actuar en concursos públicos y de un concurso privado para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de equipos electromecánicos en las líneas de alta velocidad.

Recursos

El regulador denuncia que Indra y Alstom, «con independencia de la complementariedad de sus tecnologías que ha justificado la constitución de UTE», acordaron repartos de licitaciones de menor cuantía o complejidad. Estas empresas, según la CNMC, presentaban sendas ofertas, pero tenían el compromiso de que la eventual adjudicataria subcontrataría a la no adjudicataria. Una práctica a la que se sumó, según el regulador, Elecnor en 2015. Estos contratos estaban valorados en 84 millones.

La sanción de Competencia, que se repartiría a partes iguales entre las 15 empresas implicadas no ha tardado en ser respondida. Fuentes empresariales aseguran que la multa «no tiene fundamento» y será recurrida en breve.