María Jesús Montero, ministra de Hacienda
María Jesús Montero, ministra de Hacienda - EFE

Las elecciones, punto de partida para deshacer el nudo gordiano de la financiación autonómica

Doce regiones eligen a sus gobernantes con la reforma del modelo en el albero

MadridActualizado:

La primera etapa para conseguir un nuevo modelo de financiación autonómica se decide hoy con las elecciones en doce regiones, once de ellas de régimen común. Los gobiernos que salgan de las urnas en Madrid, Baleares, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Asturias, Cantabria, La Rioja, Canarias y Murcia -Navarra tiene un régimen foral- serán los que se sienten con el Gobierno en la presente legislatura para negociar una reforma que lleva años en barbecho. Bajo el paraguas de la reforma de la financiación se incluirá la propia reforma local y un cambio completo del tablero fiscal presente que irrumpirá por completo en la segunda mitad de la legislatura.

Desde la armonización de impuestos como Sucesiones o Patrimonio -a la que hasta ahora Madrid se oponía para poder bonificarlos frente a otras regiones-, la reordenación de los impuestos verdes o un reparto a regiones que ahora claman por su infrafinanciación como Valencia, Andalucía, Murcia o Castilla-La Mancha. La profesora de la Universidad de Cantabria, Natividad Fernández, que estaba en el grupo de expertos para la reforma, también destaca la importancia que tendrá la llamada España vacía. Toda una amalgama de peticiones que enfrentará a barones entre sí y contra el Gobierno.

El modelo debería haberse reformado en 2014, pero entonces no se hizo pese a que el PP tenía mayoría absoluta y gobernaba en la mayor parte de comunidades. La razón fue, en palabras del propio Rajoy, «no había dinero»: las arcas públicas aún adolecían tras la crisis y cada nuevo modelo de financiación suele ir acompañado de mayores recursos del Estado a las regiones. Ahora la situación presupuestaria ha mejorado considerablemente aunque el Estado tiene poco margen para ceder recursos: seis regiones ya no tienen déficit y el agujero conjunto de las regiones asciende al 0,2% del PIB.

Pocos recursos adicionales

Precisamente, el delicado estado de las arcas del Estado es uno de los puntos que más complica que se alcance un acuerdo unánime, algo que no ocurrió en 2009 cuando se abstuvieron las comunidades del PP. «La unanimidad total en este campo sería muy difícil de alcanzar sin una aportación adicional muy generosa del Estado para la que seguramente no hay dinero (y que agravaría los grandes problemas de incentivos que ya tiene el sistema) y sin concesiones y contrapartidas variadas que nos llevarían a un mal sistema, tan lleno de parches como el actual o incluso más. Yo sería partidario de intentar pactar un buen sistema entre los principales partidos, que tienen que pensar necesariamente en los intereses del conjunto del país y no los de un territorio determinado, en vez de tratar de contentar a todas las comunidades», considera el director de Fedea e integrante del grupo de expertos para la reforma de la financiación regional, Ángel de la Fuente. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, calcula que las comunidades necesitan hasta 20.000 millones más de financiación, un alza del entorno del 20%.

Dicho sanedrín alumbró un documento en 2017 en el que proponía armonizar Sucesiones y Patrimonio, rechazaba las quitas de deuda aunque sí alguna suerte de reestructuración e incluía la posibilidad de que las comunidades pudieran subir el IVA de forma colegiada. Las dos primeras posturas fueron aceptadas por el Ministerio de Hacienda justo hace un año en un documento técnico antes de que se produjera la moción de censura que subió al poder a Pedro Sánchez.

Posteriormente, Montero corroboró este mismo informe de posturas mínimas de Hacienda y llamó a llegar a un acuerdo político, pero con el tablero autonómico por decidir antes de las elecciones los trabajos han sido escasos. Será ahora cuando se afronten.

El Gobierno ha comprometido a Bruselas que reformará la financiación autonómica esta legislatura e incluso ha previsto que el gasto en Sanidad y Educación crecerá más por ello, como recogió la Autoridad Fiscal. «En los últimos meses no se han dado las circunstancias imprescindibles para conseguir los consensos necesarios requeridos para avanzar en la reforma del sistema de Financiación Autonómica ya que es preciso que este trabajo se desarrolle en un marco en el que exista una perspectiva de estabilidad política en el medio plazo, situación que se espera conseguir tras la formación de un nuevo Gobierno», recoge el Programa.

El Ejecutivo requerirá apoyos en las Cortes para sacar adelante la reforma

Las elecciones actuales marcarán si el timón político es proclive a un acuerdo más sencillo. «El signo de los gobiernos autonómicos seguramente no influirá mucho porque lo que está en juego son intereses territoriales, más que preferencias políticas. Lo que sí puede ser importante es que tras estas elecciones seguramente tendremos varios años de calma electoral en la mayor parte de España y eso puede permitir que se aborde el tema y se llegue a un acuerdo», espera De la Fuente.

También influirá las coaliciones que se alcancen en las Cortes, donde el PSOE deberá buscar el acuerdo con otros partidos políticos para tener mayoría. Fernández, cree que como la negociación «se suele plantear como un enfrentamiento de posiciones entre el Estado y las comunidades autónomas» el color político predominante del mapa territorial no influirá, pero sí lo hará que la «debilidad» política en los «distintos parlamentos autonómicos y en el propio parlamento nacional, lleve a demandas y negociaciones que pongan a la financiación autonómica como moneda de cambio».

Por ejemplo, si el PSOE necesita el apoyo de los nacionalistas vascos y catalanes puede soslayar en el caso de los primeros la reforma del cálculo de los conciertos vasco y navarro. De cara a Cataluña puede incluir guiños a esta región para arañar el apoyo de ERC y Pdecat.

De momento, la ministra Montero ha señalado que la futura reforma de la financiación territorial dotará de más competencias sociales a las corporaciones locales, a lo que la Autoridad Fiscal alega que estas tienen superávit para financiarlas. «Es verdad que los municipios, en conjunto, llevan años con un superávit que sugiere que tienen capacidad para financiar más servicios, pero no todos ellos están en la misma situación», alerta De la Fuente. Fernández apunta que «el incremento de competencias en los ayuntamientos y su financiación con recursos propios» está contemplado en la Ley. Las urnas darán hoy un vuelco al mapa político regional y local y, tras los comicios, llegará la reforma.