España desdeña la innovación como pilar de un nuevo modelo económico

La inversión solo alcanza el 1,2% del PIB, ocho décimas menos que la media de la UE y la más baja de las grandes economías mundiales

Más de la mitad del presupuesto estatal no se ejecutó en 2018 por un modelo de créditos que no atrae ni a empresas ni a investigadores

MadridActualizado:

El enfrentamiento político está servido hasta el 28 de abril. Las elecciones generales obligan a los partidos a vencer y convencer. Dos semanas de confrontación dialéctica sobre impuestos, inmigración, empleo, Cataluña y un sinfín más de asuntos en los que cada cual tiene su receta. No ocurre así en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). No se trata de estar a favor o en contra del avance tecnológico y científico sino de pergeñar una estrategia de futuro en la que todos los colores tienen cabida. PP, PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos no discuten sobre este asunto; uno propone y los demás asienten, porque las ideas son prácticamente idénticas: alcanzar un 2% del PIB de inversión y dar a luz un Pacto de Estado por la I+D+i. Sin embargo, las estadísticas muestran que será algo más complicado que el «ordeno y mando» desde el Congreso de los Diputados.

Quieren convertir España en el Silicon Valley europeo, que dicen algunos; en la California del Viejo Continente. Para ello habría que empezar por analizar el pasado y criticar el presente. Según datos de Eurostat, nuestro país es el que menos invierte en I+D+i de las principales economías mundiales: apenas el 1,2% del PIB. Muy lejos de Estados Unidos (2,79%), Alemania (3,02%), Francia (2,19%)... e incluso por debajo de los países del sur como Portugal (1,33%) e Italia (1,35%). Esto son datos de 2017 -últimos disponibles-, y en 2008 eran bien distintos. España destinaba el 1,32% del PIB a I+D+i, doce centésimas más que ahora. De los principales países analizados, solo Japón y Finlandia han reducido su peso sobre la economía más que nuestro territorio, con la salvedad de que ambos se mueven entre el 2,7-3,2% de inversión. Nada que ver con España, ocho décimas por debajo de la media de la Unión Europea y con un 5,8% menos de inversión respecto a 2009.

«En el resto del mundo la recuperación llegó al I+D hace tiempo y en algunos países ni siquiera se notó el frenazo de la crisis porque se consideró que eran partidas intocables. Nuestro país no lo valora; hay otras cosas que están en el debate, como las pensiones. Me pregunto cómo pensamos mantener las pensiones si no apostamos por una economía innovadora. Tiene que estar en el corazón de las políticas», dice Jorge Barrero, director general de Cotec.

El desarrollo tecnológico y científico lleva años condenado al ostracismo en España, aunque no en todos los ámbitos. El sector privado es el que tira de la inversión tras crecer en 2017 un 8,3% (más del doble del PIB), frente al 1,7% del alza en el sector público. De hecho, ese último ejercicio fue el primero desde la crisis en el que la apuesta privada sube más que el crecimiento económico. Entre parte pública y privada, en 2017, según el INE, la inversión fue de 14.052 millones.

Desde Cotec, así, ponen énfasis en que son las Administraciones las que han de tomar las riendas. De una vez por todas y para siempre, ante la ausencia de estos años: «Todo lo que sea crecer por debajo del PIB es no crecer porque, al final, hay una cierta inercia y el modelo economico no puede cambiar si no somos más ambiciosos. En el sector público, que llevamos un montón de años malos, en 2017 las noticias tampoco fueron especialmente buenas. Y estamos lejos de los niveles que alcanzamos hace solo una década». Por ello, proponen que se duplique la inversión en I+D+i para poder llegar al objetivo del 2%, aunque consideran imposible alcanzarlo en una legislatura cuando, por ejemplo, China -segunda potencia mundial- tardó una década en hacerlo.

Mientras la clase política española promete ese 2% del PIB, la tendencia ya ha dejado de estar a nuestra altura. En eso se mueve ya la UE, pero no así las potencias punteras. «Es muy preocupante. Europa se propone llegar al 3% y los más avanzados al 4%. Tenemos una concepción errónea de que es un gasto pero en realidad es una inversión de futuro. La I+D+i no ha estado en las prioridades y es importante que la sociedad sea consciente», señala Pedro Mier, presidente de Ametic, la patronal de las tecnológicas, y presidente de la Comisión de I+D+i de CEOE. A su juicio, estamos muy lejos de las cifras en las que deberíamos estar, al tiempo que mira con anhelo los pequeños pasos -pero constantes- que se dieron hasta el inicio de la crisis.

Competitividad

Donde algunos hablan de «lujo», Mier responde con que el desarrollo lo que trae es competitividad, Estado del Bienestar, empleo de calidad... Un cúmulo de factores entran en juego. De hecho, la competitividad no es precisamente uno de los fuertes de España. El país ha ganado en ella a base de costes laborales y devaluación de la moneda única, no por innovaciones. Según el Informe de Competitividad Global 2018 del Foro Económico Mundial, nuestro territorio ocupa el puesto 26 de 140 países; y en competitividad de capacidad de innovación permanecemos en el puesto 25. Ni antes ni ahora España es referencia.

Esa falta de compromiso de la que hablan los expertos empieza y acaba en el sector público. Como ejemplo, la parte del presupuesto público que se ejecuta cada año. En 2018, según datos de Cotec recopilados de la Intervención General del Estado (IGAE), solo el 46,8% del total de dinero presupuestado para I+D+i terminó llevándose a proyectos concretos. Es decir, que más de la mitad se quedó en un cajón. Se ejecutaron 3.278 millones de 7.003 millones. Y así lleva siendo desde el inicio de la crisis. La recesión forzó recortes en muchas partidas y el desarrollo tecnológico y científico se llevó la peor parte. Había que pagar las pensiones, con una tasa de ejecución del 100%, y otros asuntos se resintieron.

Pero, ¿cómo puede ser que ese dinero no acabe en manos de investigadores y emprendedores? Muy sencillo, asegura Jorge Barrero: «Se ha utilizado una técnica bastante burda para esconder los recortes: se tapaban en las partidas de subvenciones con una posibilidad de créditos que los investigadores públicos no pueden solicitar y que las empresas que sí pueden tampoco los han visto atractivos, con lo que la mitad del presupuesto es hueco, ingastable». En otras palabras, que la supuesta inversión se articula a través de unos créditos nada atractivos para el sector privado e inaccesibles para los investigadores públicos. Así, la imagen transmitida en los presupuestos es de apoyo al I+D+i, aunque luego ese dinero nunca salga de las arcas públicas. «Ahora, de esos créditos, se ejecutan menos de 1.000 millones (827 millones) y, en 2009, era 3.000 millones más. Es posible hacerlo, pero entonces había mayor voluntad de gestión de la política», prosigue el director general de Cotec.

Reformas necesarias

Juan de Lucio, profesor de Economía de la Universidad Nebrija, recuerda tiempos mejores y llama a acometer ciertas reformas tanto en la universidad como en la sociedad y la empresa. «Hay que mejorar el sistema universitario y creo que todos están de acuerdo en que hay una carencia presupuestaria. España necesita incrementar la demanda de innovación y reclamar más avances socialmente, en la industria y en materia laboral», defiende.

Asimismo, De Lucio explica que las trabas para innovar no son precisamente el mejor entorno para favorecer la I+D+i. Reclama que hay que incorporar un contexto legal favorable, es decir, que para emprender o desarrollar una idea no haga falta perderse en un mar de papeles y trámites burocráticos. «La innovación tiene que ser bienvenida, y solo pararla en supuestos muy concretos», dice. El caso de los drones es para él un ejemplo de cómo en España se ha lapidado su desarrollo durante largo tiempo, así como su uso, en comparación a otros países de nuestro entorno.

A todo ello hay que añadir que el parón electoral también tiene parte de culpa en desarrollos normativos que estaban por llegar. El Gobierno de Pedro Sánchez llevó en febrero al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley para sacar adelante el «sandbox regulatorio», es decir, un entorno de pruebas para empresas disruptoras en el ámbito «fintech». Un espacio controlado que sirva de ensayo y error para nuevos negocios. Aquello iba a convertir España en referencia en la UE -solo Reino Unido lo tiene, y cuando salga del bloque comunitario perderá su influencia en Europa-, pero el anteproyecto queda ahora en saco roto. Y eso que, según la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI), el país se vería beneficiado por una inversión de entre 500 y 1.000 millones de euros y unos 4.500 nuevos puestos de trabajo. Con las elecciones, la idea decae y será tarea del nuevo Gobierno y las Cámaras retomarlo.

España, en competitividad de capacidad de innovación, permanece en el puesto 25. Ni antes ni ahora es referencia a nivel mundial

Ideas como el «sandbox» hacían de España un territorio abierto al desarrollo, pero solo en teoría. De Lucio, de la Universidad Nebrija, pide flexibilizar la creación de empresas para que si algo no funciona, pueda extinguirse rápidamente y empezar un nuevo proyecto. Desde Ametic, por su parte, instan a fomentar «macroproyectos tractores» que impulsen la tecnología y el avance. «Grandes proyectos de país que movilicen la demanda y generen ecosistemas innovadores en movilidad, sanidad, turismo...», defiende Mier.

Si los políticos coinciden en la necesidad de alcanzar el 2% del PIB en inversión en I+D+i y llegar a un Pacto de Estado, los expertos y las organizaciones no dudan al hablar de espejismos sobre algunas de esas propuestas en el corto plazo. Que hacer promesas sale gratis, dicen. Ahora se entra en esa fase de convencer al votante en los mítines, debates y apariciones públicas. Y la dicotomía de la política está en que esos compromisos se traduzcan en hechos.