La revalorización de las pensiones, pactada por el anterior Ejecutivo con el PNV, costará 704 millones de euros
La revalorización de las pensiones, pactada por el anterior Ejecutivo con el PNV, costará 704 millones de euros - EFE

El Gobierno desvía la mayor parte del aumento del gasto a la Seguridad Social

Los recursos para educación, sanidad y servicios públicos no elevan su peso sobre el PIB ni el total de fondos

MadridActualizado:

El pacto entre el Gobierno y Podemos para los Presupuestos de 2019 contemplan nuevas medidas, como la subida del salario mínimo y la revalorización de las pensiones, que dispararán el gasto público en 5.098 millones de euros. La mayor parte de esa cuantía, 1.327 millones, más del 26% del total, la absorberá la Seguridad Social. El gasto en sanidad y educación, pese a que Sánchez e Iglesias venden estas cuentas como las del fin de los recortes, no aumentarán su peso sobre el PIB.

El acuerdo para volver a revalorizar las pensiones al IPC y compensar en la paga a 8,7 millones de pensionistas cualquier incremento de la inflación superior al 1,6% que dejaron pactado el Gobierno del PP y el PNV supondrá un coste de 704 millones de euros que se cargarán al sistema.

Permiso paternidad

La Seguridad Social soportará además el incremento del permiso de paternidad de las cinco semanas actuales a ocho semanas, lo que costará 300 millones, y la recuperación del subsidio de desempleo para parados mayores de 52 años de edad, que tendrá un impacto para el sistema de 323 millones de euros solo en 2019.

Estas medidas no tienen impacto en el techo de gasto (125.064 millones), pero sí afectarán al déficit público. Por eso se destinará todo el superávit previsto en los ayuntamientos a cubrir el déficit de la Seguridad Social, además de que el Ejecutivo confía en reducir el desfase contable de la Administración central del 1,2% al 0,4% del PIB, un esfuerzo que se antoja ímprobo.

El plan también evidencia que, pese a publicitar estos Presupuestos como sociales, el peso sobre el PIB del gasto en educación (4%) y sanidad (6%) y servicios públicos generales (baja del 5,5% al 5,4%) se mantiene sin cambios. Tampoco se incrementa respecto al gasto total presupuestado. Las cuentas tampoco incluyen, como denuncian los empresarios, más gasto productivo. Es más, el se prevé una caída de la formación bruta de capital fijo de 900 millones o del 4%. Además, el gasto en intereses apenas bajará en 100 millones, a 29.500, el 2,3% del PIB.

Eso sí, diversas sentencias en autonomías elevarán el gasto en 1.000 millones, lo que redundará en un incremento en la inversión pública por este capítulo, y el Gobierno mantiene su previsión de un coste de 1.800 millones para las arcas públicas por las radiales y autopistas quebradas.

La subida del salario mínimo a 900 euros costará 340 millones, y garantizar las cuotas a la Seguridad Social de los cuidadores 315 millones. La nueva política de vivienda implicará 173 millones más de gasto, y la energética 400. Sin embargo, el mayor impacto para el Estado se deriva del incremento del gasto en dependencia, que conllevará 515 millones más de recursos.

5.098 millones de euros

Los 5.098 millones de euros que costarán las medidas del acuerdo entre el Gobierno y Podemos son en todo caso una parte del incremento del gasto total que prevén los Presupuestos para 2019. A ello, además, hay que sumar los 3.238 millones en compromisos del Gobierno anterior, como la subida salarial a funcionarios y la revalorización de las pensiones, medidas asumidas en todo caso por el PSOE.

Las cuentas contemplan un aumento del gasto total de 15.711 millones, un 3,1% más, a más de 515.000 millones, la mitad del PIB. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió ayer que, como contrapartida, la recaudación aumentará un 5,7%. «Estas cifras ponen de manifiesto el compromiso con reducir el déficit», dijo. La ministra de Economía, Nadia Calviño, trató de argumentar que, pese a ese incremento notable del gasto, el peso del gasto público del Estado en relación al PIB bajará del 41% de 2018 al 40,9% en 2019.

Calviño será la encargada de defender esas cuentas ante la Comisión Europea, que tras recibir el plan presupuestario deberá validarlo. El Gobierno ya ha comunicado a Bruselas que incumplirá la senda de déficit que había fijado el Ejecutivo de Rajoy, y que el desfase quedará en 2019 en el 1,8% del PIB. Aun así, Montero desveló ayer que, ante el bloqueo del PP a sus planes en el Senado y a la espera de esquivarlo aprovechando algún resquicio legal, los Presupuestos de 2019 se harán con la meta del 1,3% del Gobierno anterior que lógicamente no se cumplirá.