Caixabank es dueña del 100% de BPI
Caixabank es dueña del 100% de BPI - Reuters

Multa histórica a los bancos de Portugal que afecta a Santander, BBVA y Caixabank

El castigo por pactar precios de créditos hipotecarios es de 225 millones de euros

LisboaActualizado:

La Autoridad de la Competencia ha impuesto una multa histórica de 225 millones de euros a 14 bancos portugueses que operan en el país vecino por pactar las condiciones de los créditos hipotecarios. Una medida que afecta directamente a tres entidades españolas: Santander (por acciones propias y otras del extinto Popular), BBVA y Caixabank (como dueña al 100% del portugués BPI, cuyas iniciativas en este sentido quedan ahora en el punto de mira).

La elevada cuantía se debe a que la AdC estima probada la práctica continuada de fijar precios de antemano para captar a los clientes durante 11 años: de 2002 a 2013, lo que desembocó en un «perjuicio evidente» para los consumidores.

Aparecen en el listado firmas como Deutsche Bank, Barclays, UCI, BANIF, el ya desaparecido Espírito Santo, BCP, BIC (por créditos puestos en marcha bajo el paraguas de BPN), Caixa Geral de Depósitos, Montepio y Caixa de Crédito Agrícola.

La cifra más alta corresponde a Caixa Geral, con 82 millones de euros, por 60 de Millennium BCP, mientras que surge en tercer lugar el Santander con 35 millones.

No solo se contemplan en estas infracciones los créditos hipotecarios, también al consumo y a empresas. Esta triple circunstancia conlleva, en consecuencia, una «violación de la Ley de la Competencia», pues está claramente prohibida la «práctica concertada entre empresas».

La Autoridad de la Competencia especifica: «Cada banco facultaba información a los demás acerca de sus ofertas comerciales e indicaba, por ejemplo, los ‘spreads’ que se aplicarían con posterioridad o los valores de crédito concedidos un mes atrás, datos que, de otro modo, no habrían sido accesibles para los usuarios».

Por tanto, las entidades implicadas conocían al detalle los productos ofertados por sus competidores, lo que se traducía en que no tenían necesidad de mejorar las condiciones de cara a los clientes. Es decir, se eliminaba «la presión de la competencia, beneficiosa siempre para el consumidor», de acuerdo con los términos del documento punitivo.

Se abre ahora un periodo de alegaciones y recursos, aunque la decisión de la AdC parece firme. El Banco de Portugal ya alertó sobre los castigos elevados porque las firmas pueden acabar trasladando las consecuencias financieras al cliente.

La polémica está servida en los círculos económicos portugueses. Sin embargo, los datos parecen rebatir las suspicacias al respecto. De cualquier forma, el proceso múltiple solo acaba de comenzar y todavía pueden sucederse varios giros en este espinoso asunto.