El administrador concursal de Abengoa no ve a Urquijo culpable de la quiebra de la empresa

De ser calificado 'culpable' el concurso, supondría para los consejeros de Abengoa su posible inhabilitación para administrar bienes ajenos o representar a cualquier persona física o jurídica, e incluso abriría la posibilidad a ser condenados a pagar el déficit del concurso o una parte del mismo. En todo caso, la última palabra la tendrá el juez mercantil Jesús Ginés.

Los fundadores de Abengoa, agrupados en la sociedad Inversión Corporativa (IC), habían pedido la declaración de concurso 'culpable', responsabilizando de la quiebra de la compañía a quien fuera su presidente y consejeros entre 2016 y 2020: Gonzalo Urquijo, Manuel Castro Aladro, José Luis del Valle Doblado, Ramón Sotomayor, José Wahnon Levy, Pilar Cavero y Josep Piqué, así como al administrador Christian Anders Digemose.

La petición de culpabilidad de IC se fundamentó en la actuación de nueve miembros del consejo de administración tras la primera reestructuración, considerando que la segunda refinanciación no mejoró ni protegió la continuación de la actividad social, siendo gravemente perjudicial para la matriz de Abengoa y sus socios minoritarios, por lo que agravó o provocó incluso la insolvencia de Abengoa. Según Inversión Corporativa, los consejeros antepusieron los intereses de los bancos acreedores al de los accionistas y a los de la propia compañía, vaciando patrimonialmente a la sociedad, y ocasionando daños y perjuicios a la empresa y sus socios, entre ellos IC.

Inversión Corporativa, presidida por Felipe Benjumea, quien estuvo al frente de Abengoa desde 1991 hasta el 25 de septiembre de 2015, pidió que Urquijo y los consejeros citados fueran condenados a cubrir la totalidad del déficit concursal, toda vez que sus actuaciones habían supuesto un agravamiento relevante de la insolvencia de Abengoa.

Inversión Corporativa no es la única que pidió la declaración culpable del concurso de Abengoa. También lo hizo la entidad The Saudi British Bank, que consideró que los acuerdos de refinanciación fueron un acto dirigido a simular una situación de solvencia cuando verdaderamente Abengoa era insolvente desde 2015. Este banco pidió además que se declararan 'cómplices' a las sociedades del grupo Abengoa, solicitando la responsabilidad para 24 personas, entre las que se incluyen además Juan López Bravo, quien sucedió a Urquijo en la presidencia, o Mario Pestaña, exresponsable de la Asesoría Jurídica de la multinacional.

Para la administración concursal de Abengoa no se discute si existió demora en la solicitud del concurso, si bien -dice- tal demora no obedeció a una inacción por parte del órgano de administración, sino que se produjo por una «finalidad legítima y correcta, la cual no era otra que evitar la entrada en concurso buscando una solución que asegurara la continuidad de la actividad y el mantenimiento del empleo». Por ello, para EY Abogados «no existió en su conducta el elemento subjetivo (dolo o culpa grave) preceptivo para que pudiera ser calificado el concurso como culpable».

A su juicio, no fue hasta 2020, al fracasar el plan de refinanciación bautizado como Vellocino, cuando el órgano de administración solicitó el preconcurso, al considerar agotadas todas las posibles vías de solución de Abengoa asociadas a la viabilidad del grupo, aunque fuese con una participación minoritaria. «En definitiva, y aunque no pueda desconocerse que Abengoa se encontraba en una situación de déficit de circulante que le impedía atender sus obligaciones corrientes, no podemos obviar, como se ha comentado, que hasta que no fracasaron los acuerdos de reestructuración no se constató la insolvencia irreversible de la concursada», según el informe del administrador concursal.

EY Abogados entiende que los representantes de Abengoa estuvieron realizando actuaciones para revertir la situación y establecer el circulante en niveles aceptables, «lo cual rebajaría la ilicitud de su conducta hasta situarla como realizada por culpa leve y, por tanto, no susceptible de determinar la culpabilidad del concurso».

La matriz de Abengoa actuaba como holding, ostentando las participaciones al 100% de Abengoa Abenewco2 y el 99,5% del Centro Tecnológico Palmas Altas (sociedad que fue propietaria de su sede).Abenewco2 era propietaria de Abenewco1, la filial operativa de la multinacional, cuyos negocios han sido vendidos a Grupo Cox en el Juzgado Mercantil.

Los negocios de Abengoa se dividían en dos grandes categorías: ingeniería y construcción, siendo especialista en ejecución de proyectos 'llave en mano', de plantas solares, híbridas, solar-gas, generación convencional y biocombustibles, desaladoras y líneas de generación, así como líneas de alta tensión, termosolares o tecnología de hidrógeno; y concesiones, con activos de plantas de generación eléctrica.

Debido a problemas financieros, Abengoa inició un proceso de refinanciación en 2015, que acabó en 2017, homologándose el acuerdo en el Juzgado al obtener una adhesión del 86%. Ahí no acabaron sus problemas y en 2018 comenzó a negociar otro rescate, que culminó en 2019. Poco tiempo después y debido a la falta de liquidez, la compañía acometió en 2020 otro proceso de reestructuración, que se conoció como Plan Vellocino, que suponía actualizar el plan de viabilidad, argumentando además el impacto que tuvo el Covid.

Al fracasar el Plan Vellocino, la empresa llevó a cabo negociaciones con distintos interesados con vistas a conseguir la entrada de un inversor que aportara los fondos propios y la financiación necesarios para la reestructuración de la deuda financiera y comercial del grupo, así como para obtener nuevos avales con los que presentarse a concursos. Fue entonces cuando surgió la oferta del fondo estadounidense Terramar Capital, que echó por tierra la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) al rechazar la ayuda pedida por Abengoa.