Ecologistas y Podemos y Equo alegan al proyecto de la mina de Aznalcóllar «por su contaminación»

Grupos ecologistas, como WWF, Greenpeace o Ecologistas en Acción, junto a Podemos, Equo, Los Verdes y diversas asociaciones vecinales, han formulado alegaciones al nuevo proyecto de explotación de la mina de Aznalcóllar a manos de la entidad Minera Los Frailes, sociedad instrumental de la alianza empresarial conformada entre Grupo México y Minorbis para la reapertura de la famosa corta minera.

Así lo han anunciado dichas entidades sociales y políticas este viernes, último día del periodo de información pública del proyecto de explotación de recursos de la Sección C) Núm 7976, Zona de Aznalcóllar e instalaciones auxiliares, sita en los términos municipales de Aznalcóllar, Sanlúcar La Mayor, Valencina, Olivares, Salteras y Santiponce, cuyo promotor es la entidad Minera Los Frailes«, según la Delegación Territorial de las consejerías de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Sevilla.

La reapertura de la mina cuenta con una inversión prevista de 316 millones de euros y la previsión de crear unos 2.000 empleos directos e indirectos, para la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, es decir, cobre, zinc y plomo; durante al menos 17 años tras los tres primeros años de reacondicionamiento de la corta.

Frente a ello, Ecologistas en Acción ha advertido de que el proyecto cuenta con un «punto de vertido tóxico en Santiponce, en el Estuario del Guadalquivir, Zona de Especial Conservación protegida por la Red Natura 2000, a escasos metros del término municipal de Sevilla, frente al estadio de la Cartuja».

Según los ecologistas, la empresa planteaba en principio «un vertido contaminante inicial al Guadalquivir de 17.520 millones de litros a completar en 18 meses»; además de «un vertido tóxico continuo al Guadalquivir de 2.600 millones de litros anuales, durante los 17 años de operación de la nueva mina»; si bien el dictamen ambiental aprobado por la Junta de Andalucía «incrementa el vertido tóxico operacional hasta los 4.000 millones de litros anuales, sin que este incremento sustancial haya sido objeto de información pública».

«Esta ocultación del incremento de 2.600 a 4.000 millones de litros anuales de vertido tóxico al Guadalquivir justifican sobradamente la necesidad de un nuevo trámite de información pública», enfatizan los ecologistas, según los cuales «el vertido tóxico de 85.520 millones de litros amparado por el dictamen ambiental para 18 años y medio envenenará todo el Estuario del Guadalquivir hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, junto al Parque Nacional de Doñana, afectando gravemente su biodiversidad«.

Además, los colectivos ecologistas avisan de que el Ayuntamiento de Aznalcóllar, gobernado por IU y que defiende el proyecto a cuenta de su impacto en el empleo, «ha incumplido en este procedimiento minero sus obligaciones de información, participación pública y transparencia, no publicando hasta el 24 de enero los obligados anuncios».