Un horizonte estable para la obra pública

Las previsiones para estos meses son optimistas. Según los cálculos de la asociación nacional Seopan, en el primer trimestre del año la licitación oficial en Andalucía se situó en 1.064,8 millones de euros (un 59,1% superior a la registrada en el mismo período del año anterior). Y dentro de esta cifra, la licitación autorizada por la Junta aumentó un 57,5% su valor respecto a 2022 (con 416,8 millones). Esto indica que se está generando nueva actividad para el futuro. También se han desbloqueado grandes iniciativas, como la nueva línea del Metro de Sevilla; y hay propuestas en el horizonte que serán un revulsivo, como la potencial Expo del 27 en Málaga.

Pese a todo, el cuadro está ensombrecido por el impacto que ha tenido la inflación en los márgenes de los contratos (haciendo inviables algunos proyectos); y por la escasa incidencia de los fondos europeos Next Generation en los proyectos de infraestructuras.

El balance tiene un protagonista: los entes locales. En los últimos años han pisado el acelerador para convertirse en los auténticos 'tractores' de la obra pública en las ciudades andaluzas. El 35% de toda la inversión el pasado año salió de las arcas de los ayuntamientos, un porcentaje que supera en seis puntos al de la Junta (28,9%) y el Gobierno Central (28,7%). Si al cómputo de los ayuntamientos se le suma el de las diputaciones provinciales, las administraciones locales alcanzan un peso específico que roza el 40% del total (más de 1.200 millones de euros).

Los consistorios de las provincias de Sevilla y Málaga –las más pobladas con diferencia de la región– son responsables de prácticamente la mitad de los contratos que se firmaron en 2022, y a la cola se encuentran Jaén y Huelva (las menos pobladas), que son las que menos actuaciones realizan (pese a que también aumenta su inversión con respecto al año anterior).

La reactivación de las inversiones de los entes locales ya comenzó en 2021, cuando superaron los 1.000 millones en adjudicaciones, y se ha consolidado en el año electoral con un crecimiento del 17,4%.

En paralelo al impulso de los alcaldes, la Junta logró mantener el pulso en 2022, al materializar una inversión próxima a los 1.000 millones de euros. La estrella fue la Consejería de Agricultura, que tiene asignadas las competencias sobre las políticas hidráulicas: más de 420 millones de euros se destinaron a proyectos de infraestructuras relacionadas con el agua (especialmente obras de abastecimiento y saneamiento). El Gobierno andaluz trabaja contrarreloj, ya que hay que culminar numerosas obras de depuración y mejoras en el ciclo integral del agua para cumplir con las exigencias de la UE.

La Consejería de Fomento adjudicó más de 215 millones, destinados principalmente a las obras del Metro de Granada (que ha recibido financiación de los fondos Next Generation) y a las labores de conservación de carreteras (que se deben realizar cada año de manera recurrente). En este 2023 ya ha comenzado la licitación de los primeros trabajos asociados a la nueva línea del metro de Sevilla.

La Consejería de Salud -con 156 millones- también entró en la lista de los departamentos más inversores gracias a la reactivación de nuevos centros sanitarios (como ha sido el caso del Hospital Militar, cuyas obras se han completado en este trimestre).

El Gobierno central recuperó el ritmo en Andalucía tras dos años en los que su participación ha sido sensiblemente inferior a la del resto de administraciones. El Ejecutivo de Pedro Sánchez destinó casi 1.000 millones a la obra pública en la comunidad autónoma, un 81% más que el ejercicio anterior, igualando así el presupuesto de la Junta.

Pese a las buenas cifras de adjudicación en las tres grandes esferas de la administración, quedan nubarrones en el horizonte.

La obra pública ha estado afectada por los desequilibrios que han surgido tras la recuperación del Covid. «Los precios de las materias primas subieron de forma extraordinaria, imprevisible e incontrolada». Este hecho se vio agravado por el incremento del precio del gas y la energía tras la guerra de Ucrania. «A este cúmulo de factores se unió la huelga de transporte y los problemas de suministros generalizados que dificultó, ralentizó o paralizó la mayoría de las obras en marcha».

La consecuencia ha sido que «más de un 5% de los contratos se han quedado desiertos en nuestra región, y se han dejado de invertir 240 millones de euros». A esto se le suma que ha habido «numerosas obras paralizadas a causa de la falta de un mecanismo automático y ágil que responda al problema coyuntural existente, que queda fuera del riesgo y ventura empresarial».

Otro elemento de incertidumbre está siendo el ritmo de ejecución de los denominados fondos Next Generation (el programa de la Comisión Europea para reactivar la economía tras la crisis del Covid). La meta temporal para que estén ejecutadas estas ayudas es 2026, lo que exige que los proyectos estén iniciados ya en 2023. «De momento la asignación y puesta en valor de estos recursos está por debajo de los objetivos marcados y la exigencia del calendario obliga a intensificar la gestión por parte de los responsables públicos para no perder los fondos y la oportunidad histórica de la transformación», remarca Ceacop.

Seopan, por su parte, lamenta que aún no se hayan revisado los mecanismos de colaboración público-privada que permiten «suplir la restricción estructural de recursos presupuestarios originada tras la consolidación fiscal de 2010». La regulación actual «desincentiva la atracción y apalancamiento de financiación privada en proyectos de infraestructuras». Prueba de ello es que de un total de 28 informes emitidos en 2022 por la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), 7 de cada 10 expedientes de concesiones presentados tuvieron un informe desfavorable, afectando con ello a proyectos de nuevas concesiones por valor de 3.000 millones de euros de servicios docentes, sociales, deportivos y saneamiento, denuncia Seopan.