La Inspección de Trabajo obliga a Glovo a convertir en personal laboral a 3.060 'falsos' autónomos

La Inspección de Trabajo ha obligado a Glovo a convertir en personal laboral a 3.060 repartidores que constaban como falsos autónomos de Glovo en Andalucía, según informó este martes el sindicato CC.OO. Esta regularización se produce tras la denuncia, por parte del sindicato de Andalucía en febrero de 2020, ante la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo en Andalucía contra las plataformas digitales Glovo y Deliveroo por emplear irregularmente a sus trabajadores y trabajadoras a través de falsos autónomos.

CC.OO. ha recibido comunicación de la Inspección de Trabajo con el resultado de las investigaciones y las conclusiones obtenidas en Andalucía, a falta de las ultimar las acciones inspectoras en las provincias de Jaén y Cádiz. De dicha comunicación se desprende que la Inspección ha elevado ante Glovo actas de infracción que afectan a 3.060 trabajadores de esta plataforma. Por su parte, no se han podido iniciar acciones de inspección ante Deliveroo puesto que esta empresa ya no opera en España desde 2021.

De esta manera, CC.OO. de Andalucía puso en valor la labor inspectora realizada que da la razón a los argumentos de este sindicato y, «sobre todo, a los trabajadores y trabajadoras que se encontraban en una situación laboral irregular y en fraude de ley». «Quedamos a la espera del resto de conclusiones en Jaén y Cádiz con el convencimiento de que el dato de las 3060 personas se ampliará significativamente», agregó.

Finalmente, CC.OO. Servicios destacó que «esta nueva actuación de la Inspección de Trabajo en la Comunidad Andaluza, se suma a las ya realizadas a lo largo y ancho de nuestro país, que han conllevado que esta empresa acumule más de 200 millones en sanciones, además de la regularización de cerca de 15.000 personas trabajadoras empleadas como «falsos autónomos» y la constatación del uso de empleo irregular de personas extranjeras y la obstaculización de la labor inspectora.».

Asimismo, señaló que queda pendiente un proceso en la Sala de lo Social de Madrid, que afectaría a otras 3.200 personas que han sido contratadas bajo una fórmula laboral que la 'Ley rider' no permite. «Es el momento que esta empresa recapacite, cumpla la normativa y que sus plantillas vean reconocidos sus derechos sociales y laborales», zanjó el sindicato.