CONSEJO DE MINISTROS

El fraude fiscal por cuentas en el extranjero no prescribirá

El Ejecutivo aprueba entre otras medidas, la limitación de pago en efectivo a profesionales

MADRID Actualizado: Guardar
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La Agencia Tributaria podrá tomar medidas cautelares para evitar que los deudores se declaren en situación de insolvencia o cometan un alzamiento de bienes para que Hacienda no pueda cobrar, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que ha aprobado un anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal, la vicepresidenta ha afirmado que en los tribunales españoles hay expedientes fiscales abiertos por 6.000 millones de euros que están pendientes de cobro.

Según ha explicado, en muchas deudas tributarias que están pendientes por delito fiscal o por expedientes de inspección de la Agencia Tributaria "el deudor se coloca en situación de insolvencia que impide su cobro después de procesos administrativos muy largos y procesos judiciales muy tortuosos". Para evitar esta situación, la Agencia Tributaria podrá adoptar medidas que eviten la situación de insolvencia de los deudores con el objetivo de hacer efectivo el cobro de la deuda.

El anteproyecto de ley también incluye la prohibición de realizar pagos en efectivo superiores a los 2.500 euros en las operaciones en las que intervienen empresarios y autónomos, tal y como anunció el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Los que incumplan esta prohibición, tanto el pagador como el receptor del pago, se enfrentarán a una sanción del 25% del valor del pago en efectivo. La limitación se aplicará a las operaciones realizadas entre empresas y/o profesionales, por personas físicas con empresas y/o profesionales, y no se aplicará a las operaciones realizadas exclusivamente entre particulares o con entidades de crédito.

El límite es de 15.000 euros cuando el pagador sea un particular no residente, con el fin, según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "de favorecer al turista que viene a hacer compras en España". Además, se eximirá de sanción al sujeto que voluntariamente comunique el pago en efectivo a la administración en los tres meses siguientes a haberse producido el pago. Asimismo, será obligatorio declarar el patrimonio que se tenga en el extranjero con un modelo de declaración que se habilitará a tal efecto y cuyo incumplimiento conllevará una sanción específica.

Más de 8.000 millones

En cuanto a las medidas para garantizar el cobro de las deudas tributarias, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha señalado que se quiere aumentar la capacidad cautelar de Hacienda para evitar que cuando se llega al final de un procedimiento hayan desaparecido los bienes del investigado. Asi, las rentas no declaradas no prescribirán y se imputarán al último periodo impositivo no prescrito, mientras que se adelanta el momento en que la Agencia Tributaria podrá adoptar medidas cautelares, incluidos embargos, en casos de procedimientos tributarios y de delito fiscal. Según ha explicado Montoro, se trata de ganar equidad tributaria e incrementar la recaudación aunque ha evitado un cálculo sobre los posibles ingresos.

Montoro ha explicado que los objetivos de este anteproyecto de lucha contra el fraude, con el que el Gobierno pretende recaudar 8.170 millones de euros, son "ganar equidad tributaria y aumentar la recaudación", si bien no ha querido dar cifras concretas de cuánto se podría ingresar gracias a esta normativa. Montoro ha destacado que el plan de lucha contra el fraude está en consonancia con la situación actual y ha argumentado que no hay sistema justo si existe economía sumergida y dinero negro. "Estas normas nos permitirán luchar contra el fraude y harán más eficaz las otras medidas tributarias que hemos adoptado, entre ellas la regularización de activos ocultos (amnistía fiscal)", ha añadido.