De las 111 licencias privadas de Televisión Digital Terrestre que ofertó la Junta en 2016, se adjudicaron 98 y 13 quedaron desiertas en 2018
De las 111 licencias privadas de Televisión Digital Terrestre que ofertó la Junta en 2016, se adjudicaron 98 y 13 quedaron desiertas en 2018 - ABC
ECONOMÍA

Vía libre para que las empresas que ganaron 98 licencias de TV digital en Andalucía pueda emitir

El Gobierno de Juanma Moreno retoma el concurso, algunos de cuyos baremos fueron anulados por el TSJA

SevillaActualizado:

Aunque la concesión de 98 licencias locales de Televisión Digital Terrestre por la Junta de Andalucía en 2018 está recurrida ante el TSJA y el Supremo, el Gobierno presidido por el popular Juanma Moreno ha decidido retomar el proceso de adjudicación de estas concesiones de TDT. La Consejeria de Presidencia ha enviado a 71 empresas —algunas con varias concesiones— los documentos para que puedan comenzar a emitir y para ello se ampara en un auto del TSJA que dice textualmente que no consta la suspensión cautelar del concurso.

En 2016, la Consejería de Presidencia que lideraba el socialista Manuel Jiménez Barrios convocó un concurso para adjudicar 11 licencias de ámbito local y gestión comercial de Televisión Digital Terrestre, por un período de quince años. Ese concurso pretendía resolver el problema que se había originado cuando el Tribunal Supremo anuló 79 licencias concedidas en 2008. En tanto se resolvía el nuevo concurso, la Junta aprobó en 2016 un decreto para garantizar la prestación del servicio de Televisión Digital Terrestre local en Andalucía gestionado por particulares, lo que daba cobertura legal a aquellas personas físicas y jurídicas que ya habían comenzado a emitir.

Finalmente, el concurso se falló en 2018, adjudicándose 98 licencias a 71 personas físicas y jurídicas, quedando 13 licencias desiertas. Se presentaron siete recursos contra el acuerdo de Gobierno, uno de ellos de la empresa madrileña Alternativa de Medio Audiovisuales, perteneciente al grupo Eurostar Mediagroup, que se dedica a los concursos con mensajes y llamadas en TVE.

Anulación de criterios de baremación

El TSJA admitió parcialmente el recurso de Alternativa de Medios, considerando que el concurso no se ajustaba a Derecho porque algunos criterios de baremación daban más puntos a las licitadoras que tenían experiencia o platós en Andalucía, y eso podría vulnerar los principios de libre concurrencia y no discriminación.

Una nueva rebaremación dejaría a nueva personas físicas y jurídicas sin licencias de TDT en Andalucía: Técnica Audiovisuales de Carmona, en Sevilla; Mezquita Comunicación Group, en Córdoba; Publicaciones del Sur, en Cádiz; Guillermo Ortiz Chaves, en Chiclana (Cádiz); Asociación de Servicios y Solidaridad Class Maná, en Huelva y Lepe; la UTE Campiña Digital y Multimedia Jiennense, en Jaén; Canal Baeza y la Loma, en Úbeda (Jaén); y Sevilla F.C., en Sevilla. Algunas de las empresas que se quedarían fuera con la nueva baremación han desaparecido, según fuentes gubernamentales.

El Gobierno presidido por Susana Díaz recurrió la sentencia ante el TSJA, al igual que varias empresas afectadas, unas para pedir un nuevo concurso, otras para pedir la ejecución provisional de sentencia y otras para defender la validez del concurso.

Entre quienes han recurrido la sentencia del TSJA ante el Supremo está el Sevilla FC, que esgrime que no se puede rebaremar el concurso porque ya hay una sentencia del Supremo que niega esa posibilidad en identicas circunstancias, por lo que entiende que procede la convocatoria de un nuevo concurso.

En un auto de 22 de marzo de 2019, el TSJA ha rechazado la petición de la Junta de ejecutar provisionalmente la sentencia para finalizar el concurso, pero no lo ha hecho porque haya entrado a resolver si es adecuado o no, sino porque consideró que no estaba legitimada en el procedimiento. En ese mismo auto, el TSJA dice que la Junta «goza de la ejecutividad propia de los actos administrativos al no constar su suspensión cautelar».

Elías Bendodo, portatvoz del Gobierno y consejero de Presidencia
Elías Bendodo, portatvoz del Gobierno y consejero de Presidencia - Francis Silva

El pleito ha acabado en el Supremo, donde varias empresas han presentado recursos, mientras que el TSJA aún tiene pendientes pronunciarse sobre los recursos de algunos interesados. Así las cosas y con un auto confirmando que no consta la suspensión cautelar del concurso, la Consejería de Presidencia que preside Elías Bendodo ha decidido continuar con la concesión de licencias de TDT «porque además hay un 90% de los adjudicatarios que ganaron una licencia de TDT en buena lid».

«Ante la posibilidad de que este asunto no se dirima en los tribunales hasta dentro de tres o cuatro años, hemos decidido normalizar la situación de las TDT en Andalucía,un sector que trabaja de forma transitoria desde 2008. Por eso, hemos enviado a todas las empresas que lograron la licencia en 2018 la documentación para formalizar las licencias», señalan fuentes de la Consejería de Presidencia de la Junta.

Inversiones paralizadas

El Gobierno andaluz subraya que actúa así «porque hay personas físicas y jurídicas adjudicatarias de 89 licencias de TDT a las que el cambio de criterio de baremación no les afectaría de ninguna manera. Es decir, van a tener sí o sí su licencia. Entre ellas hay empresas muy grandes que han hecho inversiones en equipos e instalaciones, sin que puedas usarlas. No nos parece lógico que esas empresas o personas físicas estuvieran sin poder emitir tres o cuatro años cuando realmente el cambio de criterio sólo afectaría a nueve licencias».

Entre las empresas que han paralizado las inversiones está Procono, que compró en Sevilla la Casa Luca de Tena en la avenida de la Palmera para instalar su Televisión Digital Terrestre. A la espera de que se resuelva este galimatías legal, el cordobés Antonio Carrillo, propietario de Procono, no ha adquirido aún los equipos para la TDT que se le adjudicó en Sevilla, según han declarado a ABC fuentes de la compañía de telecomunicaciones.

En el caso de que finalmente se confirme la sentencia del TSJA, habría que rebaremar los proyectos, con lo que saldrían nueve empresas o personas físicas. «En ese caso, la Administración tiene la potestad de estudiar otorgar una licencia más de forma excepcional en esa demarcación, siempre que el proyecto audiovisual cumpla unos criterios», matizan fuentes del Gobierno andaluz.