Este miércoles acaba el plazo dado a Abengoa por proveedores con deuda vencida para evitar embargos

El actual consejo de administración ha pedido 249 millones de euros a la SEPI, el aval del ICO para 230 millones de euros en créditos y avales por 300 millones de euros del CES. Ese plan se complementaría con la intervención del fondo TerraMar Capital inyectando a Abenewco1 50 millones para quedarse con el 70% del capital social de la empresa, a la que además prestaría 150 millones (35 millones inicialmente y 115 millones supeditados al cumplimiento de ciertas condiciones no especificadas).

Los proveedores de Abenewco1 soportan una deuda comercial vencida de 323 millones de euros . Con ese balón de oxígeno, Abengoa evitó que esos proveedores con deuda vencida pidieran el concurso necesario o ejecutaran las garantías y embargaran activos esenciales para la actividad de la sociedad Abenewco1. Esta filial no está en concurso de acreedores y, por tanto, no está blindada frente a posibles ejecuciones por impago.

Esos proveedores aceptarían pasar su deuda comercial de Abenewco1 y sus filiales a Abenewco2 bis . De esta manera, ceden el derecho de reclamar a Abenewco1 y las filiales, aunque para ello tendría que firmarse el plan de reestructuración y refinanciación antes de abril. Esos acreedores cobrarán en 20 años contra determinados activos, como arbitrajes, dividendos o desinversiones, que se les dan en garantía.

El juez mercantil Miguel Ángel Navarro Robles ha trasladado al administrador concursal de Abengoa, EY Abogados, que se posicione sobre el recurso presentado por los accionistas contra la suspensión de la junta general que presumiblemente iba a votar la destitución de J uan Pablo López-Bravo como presidente y su sustitución por Clemente Fernández.

El mismo día que el juez mercantil declaró el concurso de acreedores aceptó la petición de Abengoa de suspender la junta general de accionistas que estaba prevista para el 3 de marzo, para la que ya se habían depositado los votos emitidos de forma telemática y notarialmente en la sede de la multinacional en Palmas Altas, en la capital sevillana.

La sindicatura de accionistas AbengoaShares, que representa al 17% del capital social de la empresa y que ha venido ganando las votaciones de las dos últimas juntas generales, recurrió la decisión judicial. Los accionistas piden a Miguel Ángel Navarro que se respeten los votos emitidos para la próxima junta general. Asimismo, Clemente Fernández pide al juez que se convoque una nueva junta con los mismos puntos del orden del día.

Ahora, el juez pide a EY que se posicione sobre el recurso de la sindicatura de AbengoaShares, aunque su opinión no será de ninguna manera vinculantes y la última decisión la tendrá el magistrado Miguel Ángel Navarro.