El fraude laboral en Andalucía supera ya los 11.500 millones

La economía sumergida mueve más de 34.000 millones en la región, según Gestha

JOSÉ LUIS LOSA
SEVILLA Actualizado:

El empleo sumergido en Andalucía equivale a más de 11.500 millones de euros, lo que la convierte en la tercera comunidad con mayor fraude laboral de España, sólo superada por Cataluña y Madrid, según las estimaciones realizadas los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) con motivo de la próxima aprobación del Real Decreto Ley para el afloramiento y control del empleo sumergido que está preparando el Gobierno.

La cifra del fraude laboral en Andalucía es especialmente significativo teniendo en cuenta que esta es la comunidad con mayor paro total (alcanza el millón de euros) y la segunda por tasa de desempleo tras Canarias, con un 28,35% de personas sin trabajo. A nivel nacional, la economía sumergida en el empleo se sitúa en torno a los 82.500 millones de euros, lo que supone casi un 8% del PIB generado anualmente en nuestro país, según Gestha. En este sentido, este colectivo explica que la implantación de unas políticas adecuadas que redujeran en diez puntos la tasa de fraude en España —hasta el nivel de los países europeos más desarrollados— permitiría al Estado recaudar cada año más de 13.000 millones de euros adicionales procedentes de las cuotas a la Seguridad Social. En concreto, Andalucía podría recaudar casi 1,8 millones sólo en este concepto, si bien la recaudación total a la que podría aspirar sin esa economía sumergida sería de casi 5,3 millones.

Por regiones, los mercados laborales que esconden más empleo irregular son Cataluña (28.937 millones de euros anuales), Madrid (12.351 millones de euros), Andalucía (11.549 millones de euros), Comunidad Valenciana (8.347 millones de euros), Galicia (4.702 millones de euros) y Castilla y León (4.612 millones de euros).

«Dinero B»

[Asimismo, Gestha recuerda que a nivel nacional la tasa de economía no declarada alcanza actualmente el 23,3% del PIB, lo que supone cerca de 245.000 millones anuales, de los que el 65,9%, casi dos terceras partes —161.647 millones de euros— proceden del fraude fiscal, un componente «que no debe dejarse a un lado en próximo plan del Gobierno».

En concreto, la economía sumergida en Andalucía mueve 34.181 millones de euros, lo que supone casi un 25% del PIB regional, o lo que es mismo: una cuarta parte de la economía de la región se mueve en «dinero B».

Ante esta situación, los Técnicos de Hacienda proponen la aplicación de un plan más ambicioso y de amplio calado que incluya también medidas específicas contra el fraude tributario, máxime si se tiene en cuenta que para poder mantener los empleos irregulares las empresas necesitan en primer lugar disponer de dinero negro con el que pagar al trabajador. Para conseguirlo, las empresas evasoras recurren a diversos medios fraudulentos, como ocultar parte de las ventas y cobros, recibiendo facturas falsas o falseadas para simular gastos y pagos de mayor importe. De este modo, una lucha más efectiva contra el fraude en materia fiscal atacaría también de raíz la economía sumergida en materia laboral.

Por otro lado, Gestha recuerda que la aplicación de amnistías fiscales como la que prevé el Gobierno «no es la herramienta adecuada para hacer emerger las bolsas de dinero negro, como demuestran los resultados de las regularizaciones emprendidas a lo largo de las pasadas décadas».