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Polémica sobre las 35 horas

Los funcionarios se sienten objeto de burlas por los cursos de meditación

La guerra de la jornada laboral le estalla a Susana Díaz en Casa

Los funcionarios de la Junta denuncian la incertidumbre de sus horarios ABC

M. MOGUER

Los funcionarios de la Junta de Andalucía están indignados. Sienten que la Junta les ha puesto de escudo para una guerra contra el Gobierno central y que, por eso, la sociedad se ríe de ellos. La ocurrencia de poner cursos de mindfulness (una forma de meditación de raíces budistas) en el catálogo de tareas que los empleados públicos pueden contarse como tiempo trabajado los rebajó, creen, les ha rebajado a la categoría de chiste nacional . Ellos reivindican que no hacen las normas, las cumplen. Que dedican su tiempo y esfuerzo a que la administración funcione, incluso haciendo horas de más.

El origen de esta polémica que tiene quemados a los empleados públicos está en el año 2013. En medio de la crisis económica, el Gobierno central decidió una serie de ajustes económicos que incluían que los empleados públicos tenían que trabajar 2,5 horas más a la semana . Su jornada quedaba, pues, en 37,5 horas.

Cuando llegó la recuperación, en enero de 2016, Susana Díaz decidió que los funcionarios andaluces iban a dejar de hacer esas 2,5 horas extra. No solo le permitía esta jugada envolverse en la bandera de la defensa de los empleados públicos . También la aupaba a la escena política nacional en un momento en que su cabeza y su ambición estaban en Madrid.

Recurso al Constitucional

El Gobierno central no permitió el órdago y, como ya hizo con otras comunidades que intentaron el desafío, llevó al Tribunal Constitucional la medida de la Junta. Con un matiz: Rajoy no recurrió hasta el último día de plazo la norma andaluza, cuando los servicios jurídicos advirtieron que de no recurrir podría incurrir en prevaricación. Si recurrió el mismo decreto para Castilla-La Mancha y País Vasco, debía hacerlo con Andalucía .

La sentencia llegó en diciembre: el TC estableció que solo el Estado podía organizar la jornada de los empleados públicos . «El Gobierno andaluz y sindicatos acordarán medidas para no alterar la jornada presencial ni que se produzca despido de trabajadores» fue la respuesta de Susana Díaz.

Dicho y hecho. La consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, María Jesús Montero anunció la forma en que iban a dar cumplimiento a la sentencia. Los funcionarios andaluces trabajarán 37,5 horas a la semana, sí. Pero 2,5 de esas horas serán desde casa.

Con las Navidades por medio, la Junta se dio de plazo hasta el 8 de enero para publicar qué actividades se podían hacer desde casa y anotar como horas trabajadas. Ese día, a última hora, colgaron el documento en la web de la Consejería de Hacienda. Y llegó la polémica. Entre los cursos había autoayuda, mindfulness o gestión de fondos europeos. Solo con comunicar el jefe la intención de trabajar en casa, contaba como jornada laboral.

Difícil justificación

«Muchos funcionarios no van a usar el catálogo de la Junta», indican desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios. «Hay empleados públicos que prefieren seguir trabajando por las tardes y no tener que meterse a justificar horas desde casa, que es un lío», añaden desde Satse. Los médicos coinciden y sienten además, que al sector sanitario se le dan menos oportunidades que al resto de funcionarios.

Con el Constitucional en contra, el Gobierno de Mariano Rajoy en contra y los sindicatos sectoriales en contra, Díaz solo tiene de su lado a CC.OO., UGT y CSIF... y a Podemos. ¿Y ahora? La solución al embrollo solo puede llegar desde Madrid. Todo el mundo da por hecho que el Gobierno central volverá a las 35 horas semanales en toda España. Pero seguramente no será hasta que no se apruebe el Presupuesto. Hasta entonces, Susana Díaz seguirá acatando la sentencia con el «truco» del teletrabajo.

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